Cuando hablamos de aterrizar, estamos pensando -en sentido literal- en hacer descender un objeto desde el aire a la tierra. En sentido figurado, aterrizar es concretar una idea, bajar a la realidad un proyecto abstracto o poner los pies en la tierra tras un periodo de distracción o confusión.
Desde este enfoque, hoy consideramos que es imperativo hacer aterrizar la democracia en Venezuela.
La democracia no puede seguir siendo un concepto etéreo que flote por encima de las carencias acumuladas. Tras los complejos sucesos del pasado 3 de enero de 2026, Venezuela se encuentra en una encrucijada que nos exige, con carácter de urgencia, aterrizar las instituciones en la realidad de la gente.
El cambio que atraviesa el país no se agota en la reconfiguración de las élites, sino que demanda una transformación profunda donde el ciudadano deje de ser un espectador de su propio drama para convertirse en el sujeto protagonista de su destino.
Esta mayoría de edad cívica se manifiesta en el vibrante deseo de cambio que se evidencia en las comunidades, que ya no esperan dádivas, sino que se han volcado a la búsqueda y creación de soluciones concretas a sus problemas más acuciantes.
Es aquí donde la política debe recuperar su nobleza como una forma de caridad y servicio al bien común, tal como ha insistido recientemente León XIV al recordarnos que el poder solo es legítimo cuando se ejerce como cuidado de la dignidad humana.
En este camino, la reconciliación nacional y el reencuentro no son meras aspiraciones sentimentales, sino condiciones políticas de supervivencia; por ello, la iniciativa de una ley de amnistía debe entenderse como un acto de justicia permita cerrar heridas y convocar a todos a la reconstrucción del país, de un país para todos.
Este país “para todos” requiere que nos tomemos con seriedad la economía. No hay democracia habitable sin una economía que respete la dignidad del trabajo, lo que nos obliga a trascender debates -acaso fantasiosos- sobre la dolarización y demás quimeras, para exigir con los pies en la tierra salarios dignos y una transparencia real en el impacto de la riqueza nacional en el bienestar tangible para las mayorías y no en nuevas formas de exclusión.
Del mismo modo, el Estado Docente debe asumir su responsabilidad ante el rezago que enfrenta el país. La humanidad vive tiempos de tecnologías e Inteligencia Artificial, y esta vertiginosa rapidez, demanda del Estado un muy importante papel como garante de una educación que potencie lo humano frente a la técnica, evitando que el algoritmo dicte el futuro de nuestros jóvenes. Ciertamente hay una responsabilidad del Estado, pero es no solo imposible sino inconveniente que en todo el tema educativo la familia asuma su primordial función. La familia debe siempre entenderse no como un ente pasivo o «colaborador» de la escuela, sino como el verdadero sujeto soberano de la educación que delega en el Estado funciones técnicas, pero que retiene para sí la brújula moral del desarrollo de sus hijos.
Aterrizar la democracia es, en definitiva, un llamado a la acción (y a la reflexión) para que cada venezolano asuma su ciudadanía como un ejercicio de libertad responsable, donde la exigencia de derechos camine de la mano con la construcción de soluciones.
Aterrizar la democracia es transformar la desesperanza en una fuerza creativa capaz de levantar, sobre los cimientos de la verdad y el perdón, una nación donde la paz sea fruto de la justicia social y no del silencio impuesto.
Solo cuando el ciudadano se sienta dueño de sus instituciones y responsable de su entorno, podremos decir que hemos dejado atrás la abstracción para abrazar una democracia que, por fin, le pertenece a su gente.
