Por Luisa Pernalete*
En los últimos días, los que de alguna manera tenemos algo que ver con la defensa de los derechos humanos (DDHH) y también ciudadanos en general –sensibles y de buena voluntad–, nos hemos visto sorprendidos y hasta indignados gracias a la demanda por difamación introducida por el Gobernador de Carabobo contra Marino Alvarado, miembro de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, a raíz del informe de Lupa por la Vida, una alianza entre ambas organizaciones que monitorea el tema de las ejecuciones extrajudiciales en el país.
Lupa por la vida lleva ya un tiempo con ese monitoreo y si bien reconoce que, en relación con el 2020, año en el que el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales fue de 3.030, en el 2021 bajó un poco la cantidad de víctimas a 1.414. Sin embargo, sigue siendo muy alto en un país donde no hay pena de muerte.
Este informe, dado a conocer en rueda prensa el 14 de marzo de 2022, señala que los muertos suelen ser jóvenes de sectores populares. Pareciera que ser joven y pobre es un riesgo y hasta un patrón en este atentado contra la vida.
Los mencionados defensores de DDHH, en rueda de prensa el pasado jueves 19 de mayo, aclararon que ellos no tenían nada personal contra el gobernador Lacava, simplemente están exigiendo que se investigue el caso del estado Carabobo, dado que es la entidad con más víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Repetimos, sólo están exigiendo una investigación. No se entiende entonces esa demanda por difamación contra ellos.
Tanto Marino como Alfredo son personas ampliamente conocidas en el mundo de los DDHH. El primero es abogado y Coordinador de Exigibilidad de Provea, con muchos años de trabajo en dicha organización, y el segundo, sacerdote jesuita, ha trabajado en el Servicio Jesuita para Refugiados, fue, hasta hace unos años, Director de la Revista SIC, hoy es el Coordinador de DDHH del Centro Gumilla y vive en La Vega, donde es párroco, por lo que conoce en carne propia cómo se efectúan los operativos y redadas. Ambos conocen casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales de voz de familiares de las víctimas. Lupa por la Vida no produce sus informes de manera irresponsable, no inventa los casos que reseña.
Creemos conveniente que los ciudadanos venezolanos sepamos que según nuestras leyes, hablamos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) y de la Constitución de la República, defender los derechos humanos y promoverlos, es un derecho y un deber. Como creemos que esos artículos son poco conocidos, los compartimos a continuación, dado, además, que los DDHH son universales y existen para proteger a todos, de manera que también su defensa deber ser de todos.
A los niños, niñas y adolescentes (NNA), en educación para la ciudadanía, les enseñamos que, según el Artículo 86 de la LOPNNA, ellos tienen derecho a defender sus derechos: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por sí mismos. Se debe garantizar a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho ante cualquier persona, instancia, entidad u organismo”.
Añadamos lo que dice el Artículo 85 de la misma ley en relación al derecho de petición ante cualquier entidad en asuntos que tengan relación con ellos. Y está también el Artículo 91 sobre el deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los NNA: “Todas las personas tienen derecho de denunciar ante las autoridades competentes los casos de amenazas o violaciones a los derechos o garantías de los niños, niñas y adolescentes”; y en el siguiente párrafo hablan del “deber” a hacer esas denuncias. ¿Usted sabía esto? Usted y yo tenemos el deber de hacerlo.
Vayamos ahora a la Constitución y copiemos de manera textual el Artículo 132: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. ¿Sabían esto? ¡Derecho y deber! Diga usted entonces si Marino y Alfredo no están haciendo otra cosa que cumplir con un deber y ejercer un derecho a pedir una investigación, acompañando a los familiares de las víctimas de esas muertes.
En estos momentos, ser solidarios con Alfredo y Marino es también ser solidarios con nosotros mismos, pues todos estamos sujetos que se nos violen nuestros derechos. Ambos defensores han dicho públicamente que ellos seguirán en su trabajo por los demás: están en su derecho y están cumpliendo con el deber de promover los DDHH.
