Por Víctor Álvarez R. | @victoralvarezr
Los abstencionistas sembraron la idea de que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”, que “dictadura no cae con votos” y con ese argumento se lanzaron por la vía violenta e insurreccional. Ahora que el país se prepara para un nuevo ciclo electoral que incluye elecciones primarias en 2023, presidenciales en 2024, megaelecciones de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales en 2025, se plantea, entonces: ¿Cómo recuperar la confianza en la institución del voto para avanzar hacia una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano?
Recuperar la confianza en el voto no depende única y exclusivamente de mejorar las condiciones electorales para realizar un proceso electoral a tono con los estándares internacionales. Aunque en Venezuela el poder electoral cumpla con un arbitraje institucional y mejore las condiciones para celebrar unos comicios competitivos –a tono con los estándares internacionales–, si los candidatos son unos mediocres y con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. Priorizar en el debate político la flexibilización de las sanciones a cambio de mejores condiciones electorales puede parecer muy justo para los candidatos que quieren aumentar su probabilidad de ganar, pero revela el profundo divorcio de la dirigencia política con el sentir nacional.
Para estimular a votar, los partidos tienen que postular buenos candidatos y llegar a acuerdos unitarios que conviertan la victoria electoral en una meta alcanzable. Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Los postulados no pueden ser trepadores ni figuras desprestigiadas, con malos antecedentes que no movilizan a nadie ni contribuyen a vencer la abstención. Tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, de brillante trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a votar.
Ahora bien, ¿quiénes son los precandidatos que interpretan el clamor del país descontento con el Gobierno y con la oposición? ¿Quiénes son esos líderes que comprenden las causas del malestar nacional? ¿Los que están en el exilio y reciben espacio en la tarima internacional? ¿Los que están en el país y pactan con el Gobierno? ¿Los que se postulan y se ganan el respaldo del electorado a pesar de las desventajosas condiciones en las que compiten?
El país descontento no tiene un liderazgo claro e incuestionable
La oposición venezolana está dividida en varias tendencias antagónicas que parecen más interesadas en descalificarse entre sí que en hacer causa común para ganarle las elecciones a un gobierno que ha llevado al país a una crisis económica y social sin precedentes. Los electores no se sienten estimulados a votar cuando escuchan la sarta de insultos entre los dirigentes políticos hundidos en una destructiva diatriba que los deja de espaldas a las necesidades de la gente. El elector los percibe como más de lo mismo o más de lo peor, y no se siente motivado a respaldarlos con su voto. Tanto se han desacreditado entre ellos mismos que carecen de credibilidad y poder de convocatoria. Y eso tampoco contribuye a recuperar la confianza en el voto como instrumento de cambio político.
Recuperar la confianza en el voto también depende de la calidad de la oferta electoral de los aspirantes a los cargos públicos de elección popular. Pero el debate político y electoral está empobrecido. Carece de propuestas claras y viables para superar los principales problemas que azotan a los hogares, empresas e instituciones del país. La dirigencia política venezolana no tiene un programa claro y convincente de cómo sacar al país de la crisis, carece de un mensaje de esperanza que entusiasme al elector apático y lo convenza de que Venezuela bajo su conducción puede tener solución. En los diferentes candidatos predomina un discurso poco propositivo que se limita a describir de manera reiterada el drama que los hogares sufren en carne propia debido a la inflación, la escasez, los salarios de hambre, los cortes de electricidad, el racionamiento de agua, la falta de gas doméstico, la inseguridad y la corrupción a todos los niveles, pero sin llegar a proponer alternativas viables que motiven la organización y movilización electoral.
La dirigencia política se aleja aún más del sentir nacional cuando condiciona la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales y no a la mejora de las condiciones sociales. No se trata de negar la importancia que tiene denunciar la persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de los dirigentes de la oposición, o de denunciar el abuso de las inhabilitaciones políticas para sacar de la contienda a candidatos ganadores, ni de abandonar la lucha para que cese la judicialización de los partidos de la oposición y el despojo de sus símbolos para entregárselos a disidentes internos que le hacen el juego al Gobierno.
Pero mientras el discurso de la oposición se agote en denunciar el ventajismo oficialista, su abuso en la utilización de los medios públicos a favor de sus candidatos, el financiamiento de sus campañas electorales con dineros de la nación, y el aprovechamiento de la logística del Estado para movilizar a sus seguidores el día de las votaciones, en tales reclamos no se verán reflejadas las aspiraciones del elector por una vida mejor. La exigencia de menores condiciones electorales es de exclusivo interés para quienes ambicionan ganar un cargo público. A la gente lo que más le interesa es la mejora de sus precarias condiciones de vida.
Flexibilización de sanciones a cambio de mejores condiciones sociales
La flexibilización de las sanciones económicas a cambio de mejores condiciones electorales es funcional a las aspiraciones de los partidos políticos de aumentar sus cuotas de poder ganando el mayor número de gobernaciones, alcaldías, diputados y concejales, pero si los candidatos no tienen una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, penuria que se ve agravada por los problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones, inseguridad, etc.
Estos son los problemas que amargan la vida de la gente y deberían ser la prioridad de los partidos y sus precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, prefieren poner delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de poder, pero sin imprimirle un contenido esperanzador que interprete el sufrimiento de una población empobrecida que necesita soluciones concretas a sus problemas concretos.
La prioridad que en adelante se le reconozca a la necesidad de flexibilizar las sanciones a cambio de la mejora en las condiciones sociales, es lo que realmente puede motivar y movilizar a la ciudadanía para capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional con la gestión del Gobierno.
