Durante los primeros seis meses del año el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), pudieron conocer de 201 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 129 de ellas localizadas en Miranda y 72 en el Distrito Capital.
En la mayoría de los casos la versión de las autoridades fue que la persona había fallecido luego de enfrentarse a los cuerpos de seguridad, de esta manera pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales definidas como “muertes por resistencia a la autoridad”, uno de los modos en que la administración de Nicolás Maduro presenta públicamente las violaciones del derecho a la vida para tratar de justificar las muertes.
En el caso del Distrito Capital, de los 72 fallecidos por violencia policial, en 37 casos los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.
En Miranda, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue responsable de 56 casos (43%), mientras que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se situó en el segundo lugar con 49 (38%), le siguen las actuaciones conjuntas entre el Cicpc y PNB-FAES con 12 (9%), además de las policías de los municipios Baruta con 5 (4%), Independencia con 3 (2%), Cristóbal Rojas con 2 (2%) Los Salias con 1 (1%) y Sucre 1 (1%).
Las víctimas de la violencia institucional del Estado siguen siendo personas jóvenes. Vivir en una zona popular, ser hombre y tener una edad entre 18 y 30 años convierte al joven pobre en una víctima potencial en los operativos de los organismos de seguridad.
Las violaciones del derecho a la vida se cometieron en zonas de bajos recursos. Los operativos se realizan en las zonas populares con altos índices de letalidad. Los allanamientos se hacen sin orden judicial, con frecuencia en la madrugada, y los efectivos policiales se presentan con capuchas, sin identificación visible de sus nombres, como lo establece la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, conforme al artículo 66.
De las dos entidades, Miranda fue la que tuvo mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida, siendo el municipio Sucre el que concentró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales con 28.
La alta letalidad con la que actúan los cuerpos policiales es contraria a la Constitución que establece en su artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable y ninguna autoridad puede aplicar la pena de muerte, un hecho que viene ocurriendo a diario en todo el territorio nacional. Igualmente, actúan de manera contraria a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía que establece que deben actuar con estricto apego y respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, en los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y en las leyes que los desarrollen. De la misma forma, les obliga a actuar con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanidad.
Enero, febrero, abril y mayo fueron los meses cuando los cuerpos armados del Estado actuaron con mayor letalidad, esto se explica por los procedimientos realizados de forma conjunta, o separados, entre el Cicpc y FAES para capturar a miembros de bandas del crimen organizado.
Los días lunes, martes, miércoles y viernes concentran una mayor cantidad de fallecidos en operativos realizados por los órganos de seguridad.
Se pudo conocer con mayor detalle las circunstancias en las cuales ocurrieron 81 ejecuciones extrajudiciales de 201 entre Miranda y Distrito Capital, identificando patrones de actuación y posibles causas de las muertes.
Los rostros de las víctimas
El Centro Gumilla y Provea documentaron el caso de Ayendry Dianelys Moreno López, de 29 años de edad, detective adscrita a la Dirección de Hurtos del Cicpc. Murió la noche del lunes 24 de febrero luego de que funcionarios de la Policía Militar destacados en la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, le dieran la voz de alto y al no acatarla, dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba.
Emiley Milagros Carvajal, de 31 años de edad, quien acompañaba a Ayendry, ofreció una versión distinta en una entrevista concedida a funcionarios del Cicpc.
Indicó que fueron abordadas en la alcabala N° 10 por funcionarios de la Policía Militar, pero que estos les indicaron que no podían circular por Fuerte Tiuna y les ordenaron salir de las instalaciones militares.
Carvajal contó que cuando procedieron a retirarse, se encontraron con otros uniformados que hacían guardia en la alcabala N° 3, y estos no les permitieron el retiro, por lo que Ayendry hizo caso omiso y arrancó su vehículo. Los efectivos respondieron con disparos, uno de los cuales le impactó en la parte posterior del cuello causándole la muerte. Era madre de dos niños.
Otro de los fallecidos en procedimientos realizados por los cuerpos de seguridad del Estado fue Isaac Mata, de 14 años de edad. Según sus familiares el niño se encontraba volando un papagayo en el barrio de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisión del Cicpc llegó disparando al lugar. Al escuchar las detonaciones el menor de edad empezó a correr, pero fue alcanzado por un proyectil.
Los funcionarios se lo llevaron malherido y, posteriormente, su cadáver fue localizado en la morgue de Bello Monte.
Los parientes acusan al Cicpc no solo de haber asesinado a Mata, sino de acusarlo de delincuente. Una tía de Isaac declaró que los funcionarios calificaron al joven como criminal. También señaló que el cadáver del niño tenía marcas de ser esposado.
Isaac estudiaba primer año de bachillerato en el liceo Pedro Emilio Coll, de Coche. Vivía en el barrio de la localidad con sus padres y un hermano menor.
Tan letal como la COVID-19
La violencia policial y militar sigue presente en las barriadas afectando a los menos favorecidos, esto en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja de instalación lenta que se agravó aún más con la llegada del Coronavirus al país en marzo, aumentando los riesgos a la integridad física y vida de las personas de escasos recursos económicos.
En un momento en que los sectores más vulnerables necesitan de mayor protección y atención por parte del Gobierno nacional, la alta letalidad de los operativos genera más desprotección.
Los procedimientos policiales han derivado en un proceso continuo y creciente de muertes, lo que determina una sistemática violación del derecho a la vida con un saldo de más de 200 ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre de 2020.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han realizado varias recomendaciones de medidas y políticas públicas que deben ser implementadas con el fin de mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela; sin embargo, la administración de Maduro ha desoído, las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al contrario, desde las altas esferas del Poder se alienta la actuación arbitraria e inhumana de los organismos de seguridad del Estado.
Fuente: Trabajo realizado entre el Centro Gumilla y Provea como parte del monitoreo a la violencia institucional policial y militar en Venezuela
