Por Fundación Causa Amerindia Kiwxi
Carta abierta a: Dra. Michelle Bachelet. Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
La Fundación Causa Amerindia Kiwxi (CAK) se dirige a usted con el propósito de sumar su llamado al de otras organizaciones, para que se investiguen hechos que se señalan a continuación y se conmine a los máximos responsables al mando de fuerzas armadas, policiales y parapoliciales a detener inmediatamente las graves violaciones a los derechos del pueblo indígena Pemón. Que igualmente se les exhorte a suspender las políticas de amedrentamiento a los pueblos indígenas en general, que recientemente han sido públicas y notorias en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
Interpreta esta Fundación que los hechos registrados a lo largo de los últimos años ponen en evidencia que el denominado Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas no ha funcionado como tal poder popular indígena al servicio de las numerosas etnias amerindias asentadas en Venezuela, defensor de sus derechos, de sus tradiciones y de su cultura. Por el contrario, ha venido siendo un instrumento político – partidista orientado a lograr apoyo propagandístico y votos indígenas para el gobierno y su supuesta revolución, mediante el uso abusivo de su imagen, manipulaciones y engaños que, progresivamente, han quedado al descubierto y hacen recordar los peores episodios del colonialismo. Deben modificarse su misión real, sus políticas y deben cesar sus actuaciones en favor del Arco Minero del Orinoco que perjudica gravemente a los pueblos indígenas en múltiples aspectos.
Desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, el Estado se unía todos los días 12 de octubre a la celebración del Día de la Resistencia Indígena y elogiaba a los pueblos indígenas, reconociéndoles como los “socialistas originarios” de Venezuela. Ellos se resistían a seguir soportando episodios de colonialismo y hoy ven con asombro cómo aquellos que se autoproclaman líderes del Socialismo del Siglo XXI escriben sin rubor tenebrosas páginas de la historia desde la desenmascarada posición de Estado colonialista, expoliador, violento y despiadado, ávido de extraer oro, coltán y otras riquezas. Se solicita que se tome nota de esta acusación que deberá ser investigada, y que quede establecido que la valoración y el respeto a los pueblos indígenas a los que manipuló y engañó por muchos años eran fingidos. Desde la Constitución se prometió reconocimiento de territorios, pero desde la realidad solamente se materializó el Arco Minero cuyo ecocidio está a la vista de la humanidad en las imágenes satelitales.
CAK considera importante que las diversas instancias internacionales y el pueblo de Venezuela entiendan que los indígenas Pemón han mostrado al resto de los venezolanos y al mundo, que sobrevive su organización ancestral, que conservan el espíritu comunitario que les facilita el análisis de situaciones problemáticas, el diseño de estrategias y su ejecución asumida colectivamente como pueblo unido, a pesar de que unos pocos de ellos hayan cedido a las presiones gubernamentales, llegando a traicionar a su pueblo. De ese modo el Pueblo Pemón es un referente actual para el resto de los pueblos indígenas oprimidos y marca un hito en la historia de las legítimas luchas de los amerindios amazónicos en defensa de sus derechos.
En este ámbito es importante valorar episodios precedentes que ocurrieron en Musukpa (Alto Paragua 2011) y en Urimán (Alto Caroní 2013) que mostraron unos pemones organizados, valientes, y decididos, que tuvieron capacidad para desarmar contingentes militares (22 y 43 efectivos respectivamente) de las FANB. Será conveniente que instancias imparciales y justas establezcan en el futuro si fue un acto ilegítimo de rebelión de indígenas contra una fuerza armada de correcta y legítima actuación o si, por el contrario, fue una legítima reacción contra atropellos y actitudes delictivas impropias de la autoridad militar, después de que las denuncias de los representantes de las comunidades Pemón de Urimán fueron desatendidas por la superioridad. Se entiende que fue una humillación justificada la que sufrieron, después de que la superioridad había desoído las denuncias, tal como lo asumió en su momento el general Clíver Alcalá Cordones en videos disponibles en la web, la realidad se inclinaría a la segunda opción.
Desde las reflexiones en el seno de CAK se plantea que una Fuerza Armada constitucional y honesta habría sancionado a los militares infractores, después de reconocer la legitimidad de la reacción indígena, y habrían evitado que se produjeran episodios similares en el futuro. Sin embargo, los graves hechos registrados en lugares como Kumarakupai, Santa Elena o Maurak a partir del día 22 de febrero de 2019 (agresiones con armas de guerra que produjeron muertos y heridos, allanamientos, detenciones y torturas) dan pie para formular ciertas hipótesis que esta Fundación desea someter a la consideración del Alto Comisionado para su esclarecimiento: Por una parte el Gobierno y la Fuerza Armada tendrían ánimo de venganza por las referidas humillaciones del pasado y por otra parte temerían que la valentía y la unión de un pueblo indígena, determinado a ingresar la ayuda humanitaria que esperaba en la frontera con Brasil pudiera animar a la población no indígena de Venezuela a seguir su ejemplo de resistencia al autoritarismo y la dictadura. También habría intención de dar un severo escarmiento para que este y otros pueblos indígenas, especialmente los que habitan en el territorio donde se está ejecutando el Arco Minero del Orinoco, se abstuvieran de oponerse a la voluntad autoritaria y ecocida de los gobernantes y de las fuerzas que le apoyan.
Estos graves acontecimientos acaecidos, con sus presuntas motivaciones innobles, constituirían delitos de lesa humanidad. Deben ser valorados por el Alto Comisionado que no debe omitir una próxima visita a los pemón y escuchar en los lugares de los acontecimientos los testimonios de ambas partes y de testigos imparciales. Debe tenerse también en consideración que, presuntamente, el diseño de la desproporcionada misión de castigo iniciada el 22 de febrero incluyó amenazas suficientes para limitar severamente que los medios de comunicación accediesen e hiciesen su trabajo informativo en el área militarizada, razón por la cual escasea material informativo recogido directamente por comunicadores sociales.
En el marco del futuro de los pueblos indígenas de la Amazonia – Orinoquia, que preocupa profundamente a esta Fundación, se desea llamar la atención sobre el hecho de que el mundo globalizado en el que vivimos nos demuestra a diario, a través de su dinámica política internacional, que las potencias dominantes y las grandes empresas transnacionales actúan para imponer modelos de vida preconcebidos para diferentes pueblos y culturas, dando prioridad a veces a los propios intereses de sus líderes políticos y de sus accionistas.
Esta realidad no es desconocida en el seno de las Naciones Unidas, cuya estructuración favorece que una sola potencia pueda impedir que se actúe conforme al criterio de una gran mayoría de países. Pero debe evolucionar si queremos un mundo más justo y viable. Además augura graves dificultades para que los pueblos indígenas ejerzan los derechos que les corresponden en territorios ricos en recursos, más aún si se trata de minerales estratégicos.
Los hermanos indígenas de Venezuela deben considerar la conveniencia de adquirir plena conciencia de esta dura realidad y apelar a los sentimientos de justicia y solidaridad del hermano pueblo criollo con el que debe sostener un diálogo fraternal que beneficiará a todos para transitar juntos hacia un futuro ecológicamente viable. En ese sentido deben diseñar de manera comunitaria estrategias orientadas a permanecer en los territorios ancestrales con derecho a una vida digna y a no sucumbir como pueblos ni renunciar a las culturas propias, ni a las prácticas tradicionales que, libremente, decidan conservar.
Los responsables de velar por los Derechos Humanos en todas las naciones deberían permanecer vigilantes para que no sean obstaculizadas iniciativas promotoras de la convivencia y la justicia como las que se han esbozado en este documento.
En Ciudad Guayana a los veintiún días de marzo de dos mil diecinueve.
