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Carceleros y esbirros rojo-rojitos

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Mario Villegas

Trata uno, cuando escribe, de no hacerlo con las vísceras. De no cargar de odios y bajezas los razonamientos y juicios respecto al accionar de aquellos a quienes adversamos en cualquier esfera de la existencia o el pensamiento humano. La tolerancia, la prudencia y el debido respeto, tanto por quienes adversamos como por quienes nos escuchan, leen u observan en el entorno, nos convocan al autocontrol, a ponerle freno a la provocación de los bajos impulsos. A colocar la razón sobre la emoción, lo racional sobre lo emocional.

Pero a veces la indignación es tal que amenaza con desbordarnos y hacernos sucumbir a la tentación de decirle cuatro barbaridades a quienes bien se la merecen.

Es lo que ocurre cuando presenciamos la repugnante manera como el régimen pretende presentar como bueno el infrahumano y humillante trato que da a sus presos políticos, que los ha tenido por montón y aún tiene, pese a las excarcelaciones que ha realizado por estos días.

Resulta insólito y despreciable que quienes en tiempos de la democracia representativa enarbolaban banderas en defensa de los derechos humanos, clamaban por una amnistía general y libertad plena de los presos políticos, hoy se conduzcan como los peores represores, carceleros, esbirros y torturadores que haya conocido la Venezuela republicana.

Cuánta indignación produce ver a varios diputados incorporarse y juramentarse ante la Asamblea Nacional tras salir del ilegal y humillante encierro en el que los mantuvieron por meses o años pese a que gozaban de inmunidad parlamentaria. No son pocos los casos de presos políticos que en la llamada cuarta república, aun siendo procesados por graves delitos, salieron en libertad en el mismísimo segundo en que resultaron proclamados diputados electos y fueron convocados para incorporarse al Congreso de la República. ¿Cómo es posible que quienes en el pasado usaron, y en algunos casos hasta abusaron de la inmunidad parlamentaria, hoy defecan sobre ella, que es defecar sobre la Constitución misma y sobre la ciudadanía que la aprobó en referéndum popular?

¿Cómo no indignarse al saber que en las cárceles pesuvistas se incomunica, se niega la atención médica y se tortura física y psicológicamente a los presos y a las presas políticas?

Ahí está el caso del irreductible general Raúl Isaías Baduel, el mismo a quien el fallecido Hugo Chávez le debió en abril de 2002 su restitución en la silla de Miraflores. Baduel está incomunicado y enclaustrado en “La Tumba”, tal vez una de las más siniestras salas de castigo que conozca la historia penitenciaria del país.

Las condiciones de reclusión de Baduel y las de cualquier preso político de las cárceles rojas-rojitas, contrasta sideralmente con las condiciones privilegiadas que disfrutó Chávez tras su sangriento golpe de estado de 1992, el cual costó la vida a cientos de venezolanos. Y contrasta, también, la libertad plena que recibió Chávez y el usufructo de sus derechos políticos con las minusválidas condiciones legales y comunicacionales en que los “hijos de Chávez” han colocado a los presos políticos que han sido excarcelados.

No puede ser sino irritante que tras conducir personalmente el golpe del 4F de 1992 y liderar a distancia el del 27N del mismo año, con el horrendo saldo de muertos, heridos y destrucción, Chávez haya estado en prisión apenas dos años y pico, mientras su “revolución bonita” mantiene en prisión por más de tres lustros al comisario Iván Simonovis y a los policías metropolitanos señalados por los hechos violentos del 11 de abril de 2002.

La libertad de Simonovis y de los PM es una justa causa. Lo es también la libertad del dirigente político Leopoldo López. Y lo es, en suma, la libertad plena de todos los presos políticos.

Molesta que entre las excarcelaciones de presos políticos efectuadas hace unos días, el régimen metió de contrabando al grupo de delincuentes comunes que el 2 de abril atacó violentamente una caminata del candidato presidencial Henri Falcón en el Bulevar de Catia, donde fue herido de gravedad el diputado Teodoro Campos, del partido Avanzada Progresista. ¿Cómo no indignarse ante semejante burla a la legalidad, a la justicia y al país?

No es poco el daño que causa a la sociedad venezolana la vocación policial y represiva del régimen, de su liderazgo político y de sus funcionarios, tornados en verdugos de los derechos humanos, de las libertades democráticas y de la constitucionalidad. Algunos lo son por acción, otros por cómplice omisión.

La burla sistemática en este y en muchos otros asuntos va produciendo un acumulado de enojo, de irritación, de rabia, de ira, de furia, de coraje.

Una indignación acumulada que, en beneficio del país, debemos transformar en racional motivación para continuar en lucha por la liberación de todos los presos políticos y el urgente cambio democrático que tanta falta hace a Venezuela.

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