Por Andrea Pacheco*
En la Venezuela contemporánea, se pueden identificar diversas etapas del relacionamiento del gobierno y las Fuerzas Amadas. Con Chávez, por ejemplo, al inicio de su gobierno se desarrolló una etapa de “legitimación” de la institución, en parte a través de su asimilación al aparato de asistencia masiva y directa que constituyeron las denominadas “Misiones Sociales”.
Esto tuvo sus antecedentes en el denominado Plan Bolívar 2000, al cual se incorporaron alrededor de 40.000 soldados a un plan de actividades asistenciales “puerta a puerta”, incluyendo vacunaciones masivas, distribución de comida y educación. Este plan es anterior a las Misiones Sociales, pero se configuraba como una de las primeras iniciativas concretas tomadas por Chávez para fusionar lo cívico-militar.
Incluso el propio término “Misión” era una alusión directa a la acción militar en el ámbito social, y tenía un abordaje desde esa lógica: dinero y despliegue logístico dirigido a solventar una necesidad específica (considerada deuda social) con una temporalidad predeterminada.
Durante esta etapa el concepto de la unión cívico-militar surgida como idea fuerza de las sublevaciones de 1992 (en febrero y noviembre)¹ constituye un eje ideológico/político central en el discurso y accionar de Chávez. La denominada “unión cívico-militar” se erigió como una de las claves de su ascenso al poder, la misma consistía fundamentalmente en una lectura transversal al ámbito civil y militar, conectado a través de una identidad popular, característica particular de los sectores de mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas. Esta alianza tuvo su clímax en los años posteriores al Caracazo, en los que las actividades conspirativas de sectores militares se engranaron con partidos de izquierda y sectores estudiantiles.
Proceso de ideologización de las FANB
Otro hito en la progresiva trasformación del papel de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Chávez fue la declaración del carácter socialista del proyecto que lideraba, declaración realizada en el marco del Foro Mundial de Sao Paulo en el año 2005². A partir de este momento se profundizó el proceso de partidización de la institución militar, poniendo en el centro de la doctrina la consigna “Patria, Socialismo o Muerte”.
Los militares ya venían consolidándose como un actor fundamental en el desarrollo de las políticas del gobierno de Chávez, ya no solo en el ámbito de la contingencia derivada del Plan Bolívar 2000 y las Misiones Sociales y el gabinete, sino como gerentes de las empresas nacionalizadas, por ejemplo. Esos años serían tan solo el antecedente de un proceso más acelerado de corporativización de las Fuerzas Armadas, que asumió un rol cada vez más central en el ámbito económico.
Este proceso de corporativización transcurre en la medida en que las FFAA fueron ampliando sus campos de acción dentro del Estado, no solo en la administración de empresas en ámbitos estratégicos sino formalizando un entramado institucional que garantiza la preeminencia de los militares como sector rector de un Estado que se supone democrático, civil e integrador de la representación de toda la ciudadanía venezolana.
Por otro lado, la promoción de la iniciativa “pueblo en armas”, la conformación de la milicia como órgano exclusivamente relacionado con el presidente, fueron prefigurando los cimientos de un sistema político cada vez más dominado, no solo en cantidades e importancia de los puestos asimilados por los castrenses, sino por las lógicas y mecanismos de dicha institución.
Las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Maduro
Con la muerte de Chávez inicia un proceso de inestabilidad política que remueve los cimientos del pacto cívico-militar que asumió el gobierno en 1999. Es a partir de éste período en que proliferan las empresas militares y una mayor flexibilización del control civil e institucional sobre las Fuerzas Armadas.
Este proceso de flexibilización se contrasta con las condiciones mínimas consideradas para el desarrollo de las democracias institucionales de la región³. Se plantean las siguientes: existencia de un liderazgo civil en los ministerios de Defensa y del Interior y en los organismos de inteligencia; control, supervisión y seguimiento por parte del Poder Legislativo de las políticas y los presupuestos de los sectores de defensa y seguridad; y establecimiento de mecanismos claros que permitan a los civiles ejercer autoridad sobre la definición del papel, la misión y la actuación de las Fuerzas Armadas. (Ver infografía 1).
La corporativización de la FANB empezaba a trascender su función exclusiva de defensa de la nación para vincularse al área comercial y económica. En 2008 se creó Emsovem y en 2012 nace la Constructora IPS- FA, dedicadas a la producción de vehículos y al área de construcción respectivamente. Posteriormente, en 2013, nace BANFANB, banco que le permite la Fuerza Armada vincularse directamente al sistema financiero nacional. Esta dinámica corporativista se ha acentuado exponencialmente durante el gobierno de Nicolás Maduro que entre 2013 y 2017 alentó la conformación de 14 compañías militares, muchas de ellas dedicadas a áreas estratégicas del desarrollo económico nacional⁴. (Ver infografía 2).
Entre las más resaltantes están: Cancorfanb (canteras), AgroFanb (agricultura), Emiltra (transporte), Complejo Industrial Tiuna (producción de agua y ropa) y Emconfanb (telecomunicaciones).
En las elecciones para gobernadores de octubre de 2017, que líderes políticos y analistas consideraron como fraudulentas, de 19 funcionarios elegidos por el oficialismo, 8 eran militares retirados. En este sentido, el gobierno del presidente Maduro ha combinado el control militar con una colonización de los poderes locales por parte del partido de gobierno.
El “Motor Militar”
Una de las cuestiones más llamativas en relación a la política militar de Maduro tiene que ver con la estructuración de un plan económico sustentado en las diversas iniciativas que se han generado desde el ejecutivo. Una de ellas es el denominado “Motor Militar” que forma parte de la propuesta de los 13 motores que reimpulsaron la política económica del gobierno en la agudización de la crisis (2016), en lo que se denominó Agenda Económica Bolivariana.
Estos motores estaban directamente relacionados con las Zonas Económicas Especiales y se engranaban en variables territoriales y de extracción de recursos. De esa forma varios motores del “desarrollo económico” eran resumidos en algún bien natural extraíble, los más significativos: Motor Minero, Motor Pesquero, Motor Forestal. Aunque el Motor Militar estaba orientado al desarrollo de la industria militar y de implementos logísticos, el alcance de esta nueva etapa de la política económica le abrió paso a los militares para insertarse en el avance de la consolidación de una economía cada vez más reprimarizada, con miras a realizarse como una economía altamente integrada al mercado mundial a través del impulso del motor exportaciones, la generación de nuevas fuentes de divisas así como las extraordinarias flexibilizaciones de las zonas económicas especiales .
El eje del Motor Minero está constituido por el Arco Minero del Orinoco, en el cual el desarrollo de las actividades extractivas se realiza en condiciones extra constitucionales, brindando todas las facilidades para el desempeño de las empresas inversoras. Por la proporción territorial estamos hablando de un mega proyecto que se sobrepone a ABRAES e incluso al Parque Nacional Canaima, con una lógica expansiva de la minería en esos territorios.
Los Militares y la Economía
En el área de administración pública hay un especial énfasis en los servicios públicos, en la que la gestión de las más grandes empresas de este sector están comandadas por altos jefes militares, a destacar: Hidrocapital, Corpoelec, Metro de Caracas. Actualmente, PDVSA pasa por su peor momento como empresa petrolera estatal, dirigida actualmente por el General Manuel Quevedo: la empresa está atravesando un sostenido proceso de declive de producción, y los intentos por recuperarla resultan infructuosos, no solo por la falta de recursos sino por la migración masiva de los trabajadores petroleros. Sin embargo, los anuncios de una posible recuperación y progresivo aumento de la producción siguen en sintonía con un imaginario productivo y rentista que se desvanece ante la impotencia de los militares.
A propósito, Carlos Mendoza Pótella brinda una buena definición de la situación, a la cual denomina “la ignorancia petrolera”⁵: el problema de la gestión y el desconocimiento de la industria como factor promotor de ilusiones productivistas, que solo degeneraron es más ambición por la renta petrolera sin tomar en cuenta las factibilidades y viabilidades comerciales, técnicas y estratégicas.
CAMIMPEG, una Empresa sin Control
La progresiva corporativización de las Fuerzas Armadas nacionales trajo como consecuencia que se haya acumulado un dominio en áreas estratégicas de la economía, como el petróleo y la minería a través de una de las empresas más polémicas y oscuras como es el caso de CAMIMPEG.
Especialmente grave se considera la creación de ésta empresa militar en funcionamiento desde 2016. De acuerdo con el presupuesto nacional presentado el año pasado, uno de los objetivos de la empresa era la producción diaria de 250.000 barriles de hidrocarburos, 13% del total de la producción nacional⁶. Este porcentaje de la producción es sustancial, aunque en contraste con el decaimiento de la producción nacional. Con ello “se inaugura un peligroso antecedente nunca antes visto en los cien años de historia petrolera en el país: un estamento de la sociedad se apropia de la producción y explotación petrolera y PDVSA pierde el control sobre la producción petrolera nacional”⁷.
El gobierno de los Estados Unidos estaría considerando sancionar a la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG), creada en 2016, junto con otras empresas asociadas, una con sede en Inglaterra, cuya denominación legal es Southern Procurement Services (S.P.S) LTD, otra llamada Palmat International y la gigante Glencore, motivado a que dichas corporaciones habrían violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero.
Desde la concepción de la unión cívico militar se ha constituido en Venezuela una estructura de poder “invisible” pero cada vez más omnipotente de acumulación de poder económico y político de una parte del estamento militar: basta con nombrar solo algunos elementos de la realidad más cercana, para notar que el poder que han acumulado los militares en los últimos años nos debe dejar reflexionando si en un régimen civil es sano que militares asuman tantos y tan diversas funciones en la administración pública.
Las mil y un actividades económicas de la CAMIMPEG
En el artículo nro. 7 de la ley en la que se decreta la creación de CAMIMPEG se puede encontrar una larga lista de actividades económicas en las que está autorizada a operar la empresa⁸
Camimpeg (que se incorpora a la Zona Económica Militar Socialista)⁹ es la primera industria petrolera y minera bajo dependencia militar. El decreto establece que tendrá una duración de 50 años “sin perjuicio de que dicho lapso pueda prorrogarse o disminuirse” para realizar labores de mantenimiento en pozos petroleros, administración y reparación de taladros, contratación de personal, descontaminación ambiental, transporte y obras civiles. Asimismo, podrá comprar y vender productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera entre una larga lista de otras actividades.
La progresiva estructuración de un engranaje ampliamente diversificado en cuanto a áreas económicas se refiere, lleva a cuestionar la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas para desarrollar los planes productivos correspondientes a cada motor, zona y empresa. Por más y más diversificada que sea, la evidencia de la ineficiencia militar lleva a un estancamiento en el desarrollo de los planes extractivistas en manos del Estado. Entonces las empresas militares terminan fungiendo como simples intermediaras de las concesiones y negocios.
La comisión mixta del Parlamento para el estudio del impacto del Arco Minero advierte sobre las actividades mineras para formas ilegítimas y fraudulentas de ventas y reventas de concesiones, lavado y legitimación de capitales que están detrás de este entramado económico de las FANB “para lo cual, alertan, se legalizan muchas veces empresas fantasmas o sin credibilidad y experiencia en el ramo o con denuncias en otros países de graves daños al ambiente y a los pueblos indígenas y locales”¹⁰.
Se concreta así una especie de privatización de hecho de los bienes y territorios nacionales que benefician exclusivamente a quienes ostentan la administración de éstas empresas. Pero hay otra variable de la privatización que distorsiona aún más la participación de las Fuerzas Armadas como un actor económico cuando se observa el uso de la logística y los recursos humanos de las distintas áreas del ejército a propósito de estas “nuevas funciones” como empresarios, instrumentalizando a la institución como proveedora de capacidad de movilización y logística.
A modo de conclusión
Un informe elaborado por la ONG Transparencia Venezuela resalta que el Ejecutivo Nacional administra, al menos, “526 EPE (Empresas Propiedad del Estado), cuatro veces más que Brasil que tiene 130 y diez veces más que Argentina, que cuenta con 52”. Ningún aspecto de la economía le es ajeno¹¹.
Un hito reciente fue la sentencia Nro. 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que establece que, desde el 15 de diciembre del año pasado, las empresas militares del Ministerio para la Defensa pasaron a ser objeto de control fiscal exclusivamente por parte de la Contraloría General de la FANB, retirando la atribución que hasta entonces correspondía a la Contraloría General de la República.
Todo esto nos conduce a la síntesis de que en el caso venezolano ya no se está implementando la lógica de los militares que amasan fortunas en las sombras, sino de una casta militar que creo los mecanismos legales, financieros y organizativos para explotar la riqueza del país.
Nota: las referencias bibliográficas de este artículo las puede encontrar en la publicación original adjunta.
*Andrea Pacheco. Politóloga, MG en Historia Económica. Periodista y miembro de la página web Aporrea.org. Militante de Marea Socialista y Miembro directivo de CER-Latinoamericana. Activista de la plataforma contra el Arco Minero.
Fuente: Boletín N° 2. Desarmando el Arco Minero (P. 46-52). [pdf-embedder url=”http://revistasic.gumilla.org/wp-content/uploads/2019/09/2do-Boletín-Desarmando-el-Arco-Minero.pdf” title=”2do Boletín Desarmando el Arco Minero”]
