Las leyes dominicanas obligan a regresar a Venezuela para comenzar el trámite de regularización migratoria, pero la crisis económica y social que sume a ese país hacen que la decisión se convierta en un conflicto personal y familiar
Mariela Mejía/Suhelis Tejero
“Mi hija, que nació y creció bajo el gobierno de Chávez y de Maduro, acostumbrada a unos supermercados con los anaqueles vacíos, de repente entró al Jumbo y le dio como un shock. Empezó a ver una sociedad de la abundancia que ella no conoció (…) y comenzó a gritar de alegría”, relató un fotógrafo venezolano que migró hace más de un año a la República Dominicana.
Como su situación migratoria es irregular, pidió que su identidad fuera resguardada. Para este hombre de 60 años, fue precisamente su hija de 10 años la motivación principal para que un 31 de octubre de 2016 la familia tomara un avión y se marcharan de Venezuela a comenzar desde cero.
“Los medicamentos no estaban garantizados, entonces me puse a proyectar los efectos que eso podría tener a corto plazo, en la medida en que se agudizara (la crisis), y comprendí que esa no era una situación ideal para que una niña prosperara, floreciera, estudiara y fuera feliz”, contó a Diario Libre un hombre delgado, vestido con una gorra, jeans y camiseta gastados.
No solo el fotógrafo decidió irse de Venezuela por la escasez de medicinas que afecta a la nación sudamericana. Hace seis meses una pareja de educadores llegó a la República Dominicana ante la imposibilidad de costear el tratamiento médico de su hijo. El niño sufría de un alto nivel de plomo en la sangre y no tenían ingresos suficientes para costear las medicinas.
“Descubrimos que el niño tiene plomo en la sangre (…) El medicamento mensualmente era 350,000 bolívares, pero yo cobraba 250,000 (unos seis dólares), y el tratamiento era por tres meses”, recordó la madre.
El fotógrafo, la pareja de educadores y los miles de venezolanos que han llegado en los últimos cinco años son las caras de la más reciente oleada migratoria desde Venezuela, que se potenció ante la creciente escasez de alimentos y medicinas, el avance de la delincuencia y la incertidumbre política que abrió la enfermedad y posterior muerte del expresidente Hugo Chávez.
El Fondo Monetario Internacional calcula que desde 2013 Venezuela acumula una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 50 % y que solo en 2017 la inflación superó el 2,400 % con expectativas de que este año se ubique en torno a 13,000 %. Ante ese panorama, representantes de varios gobiernos de la región temen que lo peor esté por llegar.
El pasado 7 de febrero, ni bien terminaba de sellarse en la República Dominicana el fracaso del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, ordenaba detener algunas ventajas migratorias que dispuso durante meses para beneficiar a los migrantes provenientes del vecino país. El temor a un desplazamiento a gran escala, ya sin soluciones políticas sobre la mesa, se avivaba y se hizo realidad.
La salida de venezolanos a pie por la frontera binacional se intensificó desde entonces, al punto de que Colombia tuvo que activar cuatro centros de acogida para atender a los migrantes que cruzan la línea fronteriza.
Pero la presión también amenaza a otros países. Una encuesta reciente de la firma venezolana Consultores 21 señala que 40 % de los entrevistados anhela irse de Venezuela ante los problemas económicos que invaden a esa nación. Eso, en números simples, equivale a ocho millones de personas que desean marcharse de allí, y que muestran predilecciones por posibles destinos: Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú están entre los preferidos.
La República Dominicana solo aparece en la intención del 2 % de quienes dicen querer marcharse de Venezuela. Es decir, son unos 400,000 venezolanos más que aspiran llegar a esta nación caribeña de poco más de 10 millones de habitantes y, aunque su destino final cambie o no todos logren llegar, esa cantidad representa 16 veces la población venezolana que se calcula que ya reside en el país.
Los datos que maneja la Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana dan cuenta de que entre 19,800 y 25,000 venezolanos ya viven en el país. Ana Rodríguez, representante del grupo, asegura que la mayoría tiene un estatus migratorio irregular: entraron como turistas, pero se quedaron a vivir en territorio dominicano.
Desde 1998 hasta el 2 de febrero de 2018 la Dirección General de Migración registraba que el país había otorgado residencia legal a 7,369 venezolanos (32.4 % de estas temporal y 23 % permanente). De este grupo, 45 fueron permisos de refugiado temporal.
Una pequeña porción de quienes han llegado desde ese país -alrededor de 5,000 personas- son dominicanos que emigraron a Venezuela en la década de los 80 y 90, se nacionalizaron allá y ahora, en medio de la crisis económica que afecta a ese país, regresan con hijos y hasta con nietos de origen venezolano. Ellos sí cuentan con vías legales para resolver su situación.
Esa “gracia” busca aprovechar un transexual de 24 años, de padre venezolano y madre dominicana, que se prostituye desde hace un año en la avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. “No es fácil acostarse con alguien que a uno no le gusta, eso es lo peor del mundo. Digo yo, uno lo hace nada más por la necesidad”, expresó.
Hace más de cuatro décadas Venezuela se hizo atractiva para los dominicanos al necesitar a miles de trabajadores para planes de desarrollo. Los criollos se asentaban especialmente en la capital, Caracas, y en Margarita, San Fernando de Apure, Maracaibo y Ciudad Bolívar.
Ese país también acogía a una población emigrante desde países europeos, especialmente de España, Italia, Portugal, y de naciones más cercanas como la vecina Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay, entre otros.
¿Quiénes vienen?
Ana Rodríguez señala que, a partir de la segunda oleada migratoria de venezolanos a la República Dominicana, en 2012, se comenzó a dibujar un perfil diferente del expatriado. La situación política, la violencia y la creciente escasez en Venezuela llevaron a personas de todas las clases sociales a mirar la migración como una vía para resolver sus vidas. Agrega que los venezolanos que están llegando al país son mayoritariamente jóvenes de 18 a 27 años, con educación universitaria completa o que fue truncada por la migración.
“Hay muchas familias separadas por la situación”, dijo la representante de la Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana, quien explicó que, si se trata de una pareja, muchas veces se adelanta uno para intentar conseguir un empleo. A veces llegan con los niños de una vez o, según casos que conoce la entidad, los dejan bajo el cuidado de abuelos u otros familiares en Venezuela hasta que los padres logran estabilizarse aquí.
En el caso de la pareja de educadores que migró hace seis meses, ella llegó primero con el hijo de ambos, en un esfuerzo por darle lo más pronto posible el tratamiento para bajar el plomo de su sangre. Recibió ayuda de una tía y de la congregación de una iglesia: vivienda temporal y US$20 que le sirvieron para comprar insumos para elaborar yogur y venderlo en las calles, acompañada de su pequeño.
“Mucha gente me compró simplemente por saber que era venezolana y me sentaba a llorar porque decía: guao, mis parientes venezolanos en otros países están siendo rechazados, están siendo burlados, como es el caso de Panamá, y aquí la gente es tan bella”, recordó la joven mujer con voz entrecortada y conteniendo las lágrimas.
Hasta hace seis años los venezolanos que se mudaban al país eran, fundamentalmente, de clase media-alta y alta que llegaron para invertir. Solo entre 2010-2017 las inversiones procedentes de Venezuela superaron los US$520 millones, representando el 2.9 % de la Inversión Extranjera Directa que recibió el país en ese periodo, según registra el Banco Central de la República Dominicana.
Son más de 30 las empresas de capital venezolano, destacándose Banesco, Bancamérica y los grupos Cisneros, Cohen y Velutini. Este último inauguró BlueMall Puntacana el 17 de agosto de 2017 con una inversión de más de US$100 millones.
Pero no todas son grandes inversiones. También hay pequeños negocios, especialmente restaurantes y franquicias de comida rápida, que son propiedad de venezolanos, y hasta una escuela de música. Javier Abi Harb y Efraín Lara son un director de orquesta y un violinista, respectivamente, que formaban parte del prestigioso programa de educación musical venezolano El Sistema. Llegaron a Santo Domingo para instalar el Centro Académico de Formación Musical Roraima ante el caos que se avizoraba en Venezuela por la inseguridad, la falta de alimentos y de medicinas.
“Decidimos salir antes de que la cosa se agravara aún más”, dijo Abi Harb, quien dejó su país natal junto a uno de sus hermanos hace tres años ya.
¿Cómo se legaliza un extranjero en la República Dominicana?
Las leyes migratorias dan varias opciones: residencias temporales, permanentes y definitivas. Pero para llegar a tramitar una residencia, primero hay que pedir una visa, y ahí es cuando se complica el panorama, especialmente para los solicitantes venezolanos: hay que regresar al país de origen para iniciar el proceso en el consulado dominicano en Venezuela y presentar documentos cuya obtención puede demorar meses debido a la burocracia venezolana.
En Venezuela, obtener un certificado de no antecedentes penales apostillado, puede significar una carrera de obstáculos que alarga -a veces por meses- un trámite que en otros países demora unos pocos días, o incluso minutos. Hasta enero pasado la Cancillería dominicana exigía que ese documento tuviera una fecha de expedición no mayor a tres meses, pero en febrero comenzaron a aceptar certificados emitidos, como máximo, hasta un año antes.
Y el otro gran dilema es la expedición de un pasaporte. La Cancillería dominicana exige a los migrantes que al documento le queden al menos seis meses de vigencia para aprobar la visa y más de 18 meses para la tramitación de la residencia temporal dominicana.
El problema es que desde mediados de 2016 el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, que es la autoridad venezolana que emite los pasaportes, enfrenta una escasez de materiales para imprimirlos, lo que ha ocasionado un tapón de casos. Una cita para obtener ese documento puede demorar semanas si se pide en Venezuela, y meses si se hace desde el extranjero, y luego la impresión del documento tarda más por la falta de los materiales.
Aunque el gobierno venezolano ha ensayado mecanismos alternativos, como una calcomanía con una prórroga que se pega en el pasaporte vencido, tampoco se están cumpliendo los tiempos. En teoría, el sticker se imprime en 48 horas, pero pueden pasar semanas hasta que eso realmente ocurra.
Por ello, la Asociación de la Diáspora Venezolana en RD ha solicitado formalmente que se otorguen medidas especiales para que los venezolanos con estatus migratorio irregular puedan lograr una residencia legal. Rodríguez explicó que la propuesta se centra en dos opciones: otorgar por la vía excepcional, conforme a lo indicado en el artículo 35, acápite 8 de la Ley sobre Migración (285-04), la residencia temporal; o que el presidente Danilo Medina decrete una visa humanitaria para los venezolanos.
La representante de la diáspora dice que se han reunido con el Instituto Nacional de Migraciones, la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a quienes han entregado la propuesta. No han podido acceder a más altas autoridades, pero por la vía administrativa, en diciembre pasado, depositaron el documento ante la Presidencia de la República, la oficina de la Primera Dama, la Vicepresidencia, el Congreso Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. Todavía no han obtenido respuestas.
La Asociación propone, además, una ventanilla única en la Dirección General de Migración para atender los miles de solicitudes que esperan se genere en caso de que se autorice alguna medida especial, ello para permitir que el proceso pueda iniciarse desde República Dominicana, sin tener que regresar a Venezuela.
Para algunos la opción de ir a su país a tramitar los papeles es peligrosa. “Ir a Venezuela es un riesgo de vida, es un riesgo de que en el aeropuerto un funcionario, a discrecionalidad, mire tu pasaporte, te busque en una lista negra que tienen, por una opinión que diste en las redes sociales en algún momento, y te anule el pasaporte”, zanja el fotógrafo de 60 años que llegó al país en octubre de 2016.
El periodista José Rafael Mata, quien llegó en enero de ese año junto a su esposa y su bebé de seis meses de nacida, coincide con el fotógrafo. La pareja trabajaba en el diario Últimas Noticias, que en 2013 fue vendido a personas afines al gobierno chavista, operación que marcó el inicio de una etapa de fuertes presiones y censuras a los periodistas que allí laboraban. Fue tal la coacción que varios renunciaron, entre ellos José Rafael, mientras a otros los cancelaron.
“Si eres una persona como yo que tiene un perfil crítico, que escribió reportajes (…) yo no puedo arriesgarme a ir al país del que estoy huyendo para tramitar mis papeles legales”, señala.
Y aunque con su caso podría aplicar para un asilo, no se atreve a dar ese paso en República Dominicana. Mata cree que el estrecho nexo entre los gobiernos de ambos países afectaría su solicitud. “Cuando dos naciones tienen una estrecha relación bilateral o no hay un conflicto, cuando le das un asilo a una persona crítica a tu gobierno, entiendo que diplomáticamente das un mensaje”, afirma.
Rodríguez también sospecha que la relación entre los gobiernos de la República Dominicana y Venezuela podría haber frenado la posibilidad de medidas especiales para los sudamericanos en el país. Pero advierte que “el hecho de que el presidente Danilo Medina haya aceptado ser mediador en el diálogo significa que él confirma que hay una crisis humanitaria en Venezuela y que, por ende, es que los venezolanos migrantes estamos aquí”.
“Cada vez que vienen, al menos uno se lleva”
La ENI-2012 contó que en la República Dominicana residían 458,233 haitianos, una nacionalidad que registra una migración histórica hacia su vecino territorio y que fue la más beneficiada del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros desarrollado por el Gobierno desde 2014. De 249,950 personas inscritas en el programa, el 98 % es haitiano. El Instituto Nacional de Migración, en su boletín estadístico 2016, indicó que 400 venezolanos se acogieron al plan, que fue una ventana que el gobierno abrió para legalizar la situación de miles de extranjeros sin papeles en el país.
Entre los venezolanos que han llegado en la reciente ola migratoria, hay quienes alegan que, a diferencia de muchos haitianos que no contaban con documentos para el citado plan, ellos sí los poseen. Y entre ellos se mantiene el temor de ser deportados por la Dirección General de Migración al no contar con la residencia legal.
Solo en 500 metros lineales de la comercialmente activa avenida Duarte pululan venezolanos vendiendo jugos. Se les identifica por las cubetas transparentes donde conservan el líquido. Entre la muchedumbre, estaba un joven que dejó sus estudios de Ingeniería Industrial en Venezuela y emigró hace un año con su novia.
Al igual que sus compatriotas, cambia de sitio para evitar a la Policía. Aunque tiene su pasaporte vigente, no ha hecho el proceso para regularizar su residencia. “Tengo que traer unos papeles de Venezuela y traer esos papeles es un lío allá, eso es dinero, eso es tiempo”, expresó.
En enero agentes de la Dirección General de Migración lo detuvieron junto a su novia. “Nos montaron en la camioneta y nos dieron una vuelta; llevaron a unos haitianos al autobús”, narró. Cuando tenían casi dos horas moviéndose por la ciudad, les dieron “un chance” y los dejaron ir sin pedirles dinero a cambio. “Cada vez que vienen, al menos uno se lleva, a veces les piden plata: 3,000, 4,000, 5,000 pesos”.
Entre 2008 y el 14 de febrero de 2018 las autoridades dominicanas deportaron a 207 venezolanos; el pico más alto fue en 2017.
La Asociación de la Diáspora Venezolana estima que las autoridades están deportando a unos 15 venezolanos al mes.
Diario Libre insistió en la Dirección General de Migración y en el Ministerio de Interior y Policía para conseguir una opinión oficial sobre los venezolanos en el país y su pedido de un plan de regularización especial. Sin embargo, en Interior y Policía se le atribuyó a Migración la facultad de hablar al respecto, pero en esta última su titular rehusó dar la entrevista.
También se solicitó a la Embajada de Venezuela conversar con el embajador Alí de Jesús Uzcategui y no se obtuvo respuesta.
“Nosotros representamos un impacto social grande, no puedes vivir de manera racional con una comunidad que prácticamente está en un limbo”, advierte el fotógrafo inmigrante. “Tengo un sobrino en Chile que se fue meses después que nosotros y ya tiene su visa de trabajo”.
Fuente: https://www.diariolibre.com/noticias/venezolanos-en-dominicana-arriesgarse-por-los-papeles-o-vivir-en-el-limbo-KD9207639
