Por: Addison Lashly*
“The true administration of justice is the firmest pillar of good government.”
Cerca del downtown de Nueva York, esculpida en la fachada de la Corte Suprema de esa ciudad, esta frase de George Washington nos lanza una idea inapelable: «la verdadera administración de justicia es el pilar más firme de un buen gobierno». Sin ese cimiento, todo el edificio de la civilización no pasa de ser una farsa terrible y criminal.
En nuestra Venezuela, la deuda con la correcta administración de justicia es histórica. Esa columna no solo está agrietada: es una inmensa cuenta por pagar del Estado con cada uno de sus ciudadanos. El pacto social que nos permite vivir en comunidad implica ceder la violencia legítima —ese derecho natural que todos tenemos a defendernos y proteger lo nuestro— a un Estado que promete administrar esa fuerza por nosotros, en favor del bien común y de la objetividad. Sin embargo, en Venezuela ese pacto ha sido histórica y criminalmente incumplido. La administración de justicia, más que una garantía para resguardar al ciudadano, se ha convertido en una herramienta de poder.
Esta deuda, que data de hace casi medio siglo, por lo menos, no se limita al drama actual de los «presos políticos» y demás ciudadanos privados de libertad por sus ideas, junto con sus familias, victimizados de forma cruel por un sistema en el que el individuo no importa. El problema cala mucho más hondo y trasciende al plano civil, al familiar y a la convivencia ciudadana cotidiana. En Venezuela hay que comenzar por reconocerlo abiertamente: la justicia ha sido y es cara e ineficiente. Por eso, más que un amparo institucional, representa una gran cuenta pendiente que debemos honrar si de verdad queremos construir un país mejor.
El contrato social y la fuerza de la razón
La justicia no es un concepto etéreo reservado a la academia; es la estructura viva que ata la voluntad de cada uno con la paz de toda la comunidad. «La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho» (Ulpiano).
Para que una sociedad respire verdadera libertad, paradójicamente tiene que amarrarse al imperio de la ley. No se trata de hacer lo que a cada quien le dé la gana; la verdadera libertad es el acto consciente de someternos a un principio superior en el que creemos. Cicerón lo explicaba de forma magistral al entender que el derecho es el contenedor diseñado precisamente para frenar la fuerza bruta y transformarla en la fuerza de la razón.
Aquí es donde conectamos directamente con la Ilustración, concretamente con Rousseau. La legitimidad de cualquier gobierno nace de un pacto en el que el ciudadano entrega una parte de su libertad a cambio de una protección real, guiada por leyes claras y no por el capricho o el humor de quien administra el poder. El Estado venezolano le dio la espalda a esta idea básica al permitir que la política y los intereses partidistas invadieran los tribunales. Cuando la ley deja de ser un árbitro neutral y se transforma en una herramienta para perseguir o sacar ventaja, la institucionalidad se quita la careta. Lo que queda al descubierto es la ley del más fuerte —o del más «vivo»— controlando todo el juego.
Para que la libertad sea real y no un simple eslogan, el poder tiene que frenar al poder. Montesquieu fue tajante al respecto: no hay un milímetro de libertad si el poder de juzgar camina de la mano con el legislativo y el ejecutivo. Ese sistema de frenos y contrapesos es el que evita que el monopolio de la fuerza que le otorgamos al Estado termine atropellándonos en la esquina cada mañana. Sin ese control, cualquier intento de fundar un país viable está condenado al fracaso.
Un espejo global: las democracias en retirada
Lo que nos pasa en casa, lamentablemente, no es un caso aislado; es la versión más ruda y sin filtros de una marea global que erosiona las democracias. Cuando un proyecto autoritario decide asaltar las instituciones, el primer golpe casi siempre va directo a los tribunales.
Si miramos los reportes del planeta, podemos darnos cuenta de este ataque. En Hungría, por ejemplo, vemos cómo el gobierno modificó las reglas del juego judicial para asfixiar a la disidencia, tejiendo una red donde los jueces terminan respondiendo directamente al partido oficialista. En Turquía, la receta fue todavía más drástica: una purga masiva que barrió con miles de magistrados y fiscales, convirtiendo la balanza de la justicia en un apéndice del palacio presidencial.
Incluso en las naciones con mayor tradición democrática, las alarmas están encendidas. En los Estados Unidos vemos hoy una polarización tan extrema que los actores políticos atacan de frente y sin pudor a los magistrados federales cuando dictan sentencias incómodas para el gobierno de turno. Cruzando el Atlántico, en España, la renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva años secuestrada por el toma y dame de los partidos, mientras voceros del propio gobierno cuestionan en público los fallos y siembran desconfianza en la gente. Y aquí mismo, en América, la propuesta en México de elegir a los jueces por voto popular —vendida como la «democratización» del sistema— amenaza con dejar la judicatura en manos de mayorías circunstanciales o, peor aún, sometida a campañas financiadas por capitales de dudosa procedencia.
El denominador común en todo este panorama internacional es el mismo: cortarle las alas a la independencia judicial. Como bien advertía Bobbio, la democracia no es solo un conteo de votos para ver quién gana una elección; es, ante todo, un sistema donde el derecho le pone límites al poder. Cuando un gobierno ataca a sus jueces por sentenciar en su contra, está dinamitando los puentes de la convivencia pacífica y dejando al ciudadano común a la intemperie, despojado de su última línea de defensa.
La radiografía de la reforma del TSJ: mucho ruido y…
Volviendo a Venezuela, recientemente la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El discurso oficial y la data defendida por los voceros parlamentarios aseguran que este cambio busca desahogar el monumental retraso procesal y garantizar ese acceso a la justicia rápido y oportuno que promete nuestra Constitución. Para lograrlo, la reforma aplicó una lógica puramente matemática: subió el número de magistrados de 20 a 32. Bajo este esquema, la Sala Constitucional queda con 7 magistrados y las otras cinco salas (Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social) contarán con 5 integrantes cada una.
El papel aguanta todo. Pero, cuando entramos al análisis de fondo, esta reforma se queda corta y luce más como un maquillaje cosmético. ¿Por qué sigue siendo insuficiente?
Primero, porque deja intacto el vicio de origen: el Comité de Postulaciones Judiciales sigue estando bajo el control absoluto de la mayoría parlamentaria de turno. Si el filtro para elegir a los encargados de la justicia sigue dependiendo de la afiliación política o de la lealtad ciega en lugar de priorizar la excelencia académica y la pulcritud profesional, simplemente cerramos un círculo vicioso.
Por otra parte, la reforma pasa completamente por alto un vicio estructural, profundo y silencioso: la provisionalidad de los jueces de base. Un juez que sabe que su cargo pende de un hilo ministerial o de una llamada telefónica es un juez al que le va a temblar el pulso a la hora de firmar una sentencia en contra de los intereses del poder. Sin estabilidad laboral, la independencia judicial es una utopía.
Finalmente, hay que entender que el «sistema de justicia» es un engranaje inmenso que va muchísimo más allá del vitral de Alirio Rodríguez que adorna el TSJ. Estamos hablando de las escuelas de Derecho y sus programas de formación, pero, sobre todo, del día a día de los tribunales de provincia y parroquia: las condiciones reales de los jueces de primera instancia, los fiscales del Ministerio Público, los alguaciles, las secretarias y los archivistas que ganan sueldos de hambre y trabajan sin insumos básicos. Meter más magistrados en la punta de la pirámide no arregla nada en la base del sistema.
El camino de la reconstrucción del pacto
Para que Venezuela tenga un sistema de justicia real y no una simulación, la reforma tiene que ir directo a la raíz del problema mediante políticas públicas serias. No hay que inventar el agua tibia: la receta está, más o menos, consensuada a nivel técnico.
- Concursos públicos de oposición: Hay que acabar con la arbitrariedad en las designaciones. El ingreso y el ascenso en la carrera judicial deben depender exclusivamente de exámenes transparentes, auditables y abiertos, donde el conocimiento técnico y la ética pesen mucho más que cualquier recomendación o palanca política.
- Titularidad y estabilidad: Es urgente blindar a los jueces de base. Quien demuestre un trabajo ético y profesional debe recibir su titularidad formal para que pueda sentenciar apegado estrictamente a la ley, con la tranquilidad de que no lo van a destituir por un capricho político.
- Autonomía financiera: La verdadera independencia empieza en el presupuesto —y en su ejecución real—. El Poder Judicial no puede seguir mendigando recursos al Ejecutivo nacional. Necesita una asignación presupuestaria directa y blindada que garantice sueldos dignos para todo el personal y acabe de raíz con los incentivos para la corrupción sistémica.
- Un Comité de Postulaciones Ciudadano: Hay que devolverle el control de las instituciones a la sociedad. Temporal o definitivo, el órgano que preselecciona a los altos magistrados debe estar integrado de forma mayoritaria por las academias de derecho, los gremios profesionales y la sociedad civil organizada, sacando definitivamente la política partidista de la ecuación.
Hay una nota final de autocrítica para nosotros, los ciudadanos: mientras la norma sea una sugerencia —algo que suele pasar cuando no existen mecanismos coercitivos eficientes de control—, el problema va a seguir existiendo. Entender la ley no como una limitación chocante para una existencia plena, sino como la garantía de que esa plenitud sea posible, es también una cuenta pendiente que debemos admitir y afrontar como sociedad.
La reconstrucción del país no va a empezar con grandes discursos televisados. Va a empezar el día en que el venezolano más humilde, el que entra a pie a un tribunal de la República, sienta la certeza absoluta de que la ley lo protege en igualdad de condiciones, incluso frente al actor más poderoso del país.
Solo cuando logremos eso, la célebre frase de Washington dejará de ser una referencia lejana de manual y se convertirá en la base del país que soñamos y que debemos trabajar para merecer.
Addison Lashly: abogado. Asesor legal.
