Por Mercedes Malavé
El pasado 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos derogó el derecho constitucional al aborto, restituyendo la libertad que tiene cada estado de legislar en temas de “salud, seguridad y bienestar” de los ciudadanos dentro de su circunscripción. Desde su constitución como nación federal, cada estado promulga diversas leyes sobre casi todos los temas imaginables en materia social, política, electoral, económica, tributaria, etc. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Supremo en el caso Roe vs. Wade (1973) y Planned Parenthood vs Casey (1992) impedían completamente al pueblo estadounidense proteger plenamente la vida del no nacido a través de sus representantes elegidos.
Como ocurre en todos los países del mundo, Estados Unidos no acepta mayoritariamente el aborto como derecho constitucional. El “derecho constitucional al aborto” fue siempre discutido y restringido en cada legislación. Esto se evidencia no solo por el número de leyes propuestas y promulgadas que buscan regular el aborto —contrario a lo que establecen las sentencias Roe vs Wade y Planned Parenthood vs Casey, que obligan a permitir abortos por “razones psicológicas, emocionales o familiares” hasta el último trimestre del embarazo, esto es, hasta el nacimiento—, sino también por el enorme número de grupos de base, activistas provida, que trabajaron para anularlo. Para que un asunto sea considerado “derecho constitucional fundamental”, debe estar profundamente arraigada en la comprensión de la gran mayoría de los estadounidenses. Si la mitad de los estados quieren prohibir o restringir el aborto, eso quiere decir que nunca formó parte del pacto social de esa nación. Es un tema que divide a la población.
También luce evidente que la preocupación moral por el aborto no atañe solo a una cuestión religiosa, sino que va más allá de cualquier credo o religión. El problema acerca del inicio de la vida humana y el derecho a la vida contienen un fundamento secular legítimo que se resume en la voluntad de fomentar leyes que promuevan la natalidad en lugar del aborto. El hecho de que algunas religiones y personas religiosas se opongan al aborto no impide que las leyes se puedan pronunciar a favor de la natalidad. Que la mayoría de las religiones se opongan al robo no significa que los Estados no puedan, en consonancia con su marco legal positivo, promulgar leyes que prohíban el latrocinio.
Los defensores del aborto afirman que, independientemente de lo que cada uno piense sobre el aborto, el Estado no debe imponer criterios a los demás. Es un argumento contradictorio pues ellos mismos no se atienen a esta norma. Si el aborto es un atentado contra la vida humana de un tercero, como creen millones de mujeres y hombres estadounidenses, es un error impedir que los estados legislen para restringir, prevenir o disminuir esta injusticia. Además, la mayoría de las personas de ambos lados del debate están de acuerdo en que se debe reducir el número de abortos, pues el sentido común indica que cuando algo se hace legal y accesible, se promueve; en cambio, cuando se hace más cuesta arriba y difícil de obtener, disminuye. El verdadero propósito de las campañas políticas proaborto es su masificación: disminuir las barreras que tiene toda mujer para tomar esta decisión. Hay un elemento performativo de la conducta en la agenda global que busca despenalizar el aborto: que se asuma como una práctica cotidiana, habitual, normal. También habrá más personas del entorno de la mujer embarazada que se sientan cómodas recomendándole que aborten y endosándole a ella sola la responsabilidad de un embarazo no deseado, sin plantearse que un factor determinante de la decisión de la mujer consiste en el acompañamiento y el apoyo que pueda recibir para llevar adelante su embarazo. La inmensa mayoría de los abortos se producen en contextos de relaciones no matrimoniales, en las que las mujeres carecen del apoyo social y económico del matrimonio. Si las políticas públicas se orientan hacia la disponibilidad generalizada de anticonceptivos y el aborto, no extraña que la promiscuidad, la proliferación de enfermedades de transmisión sexual y el número de embarazos precoces aumenten exponencialmente.
El comunicado de los obispos estadounidenses a propósito de la derogación del aborto como derecho constitucional no se queda solo en argumentos legales, morales o antropológicos alrededor de este tema, sino que habla de la necesidad de acompañar a las personas, de atender el drama del embarazo no deseado y de promover la unidad de la nación alrededor de la defensa de la vida. A través de los amplios programas sociales, la Iglesia ayuda a las madres necesitadas, pero todavía hay mucho por hacer. En los Estados Unidos implementan el plan de asistencia “Caminando con las madres necesitadas”, a nivel de cada parroquia, para que mujeres embarazadas y que están criando a sus hijos tengan el apoyo emocional y material que necesitan.
Igualmente, los estadounidenses provida de todas las creencias han fundado centros de atención al embarazo, asumiendo el compromiso de defender la vida desde su dimensión más real y operativa, sin quedarse sólo en demandas políticas. Activistas provida han ayudado a mujeres en el mundo entero durante décadas, practicando la verdadera misión que toda persona provida tiene: acompañar a la madre que sufre. Más allá del debate político o de las leyes que se aprueben respecto al aborto, en cualquier contexto ideológico o de agenda global en el que se viva, el verdadero compromiso siempre estará del lado del prójimo más vulnerable, sobre todo cuando la situación de la mujer conlleva ese binonio vital, inseparable e inviolable, que expresa la condición de madre gestante.
