Lissette González
Hace un par de semanas se presentaron a la prensa los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2016, proyecto conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela. Esta iniciativa de recoger información social básica sobre los hogares del país ante la ausencia de información oficial ya cuenta con tres encuestas desde 2014 hasta 2016 y en ellas se muestra un sistemático deterioro en los diversos indicadores de la situación social: aumento en la incidencia de pobreza, incremento de las familias que mantienen dietas insuficientes, problemas de inasistencia escolar asociados a las crisis de servicios públicos y de alimentación, precarias condiciones laborales y disminución en el acceso a planes de aseguramiento en salud.
Más allá de presentar nuevamente estas cifras o de discutir su concordancia con las estadísticas oficiales, sí parece un hecho incuestionable el agravamiento de la crisis y su especial intensidad para los grupos más vulnerables de la población venezolana. Encovi es una evidencia de ello, pero también la proliferación de personas hurgando en la basura o las muertes asociadas a la desnutrición severa o a la ausencia de medicamentos. De hecho, lo realmente difícil es encontrar algún indicador que pudiera permitir falsear la hipótesis de que la crisis social se está intensificando.
Ante este panorama social que luce desolador para la mayoría de los venezolanos, resulta inquietante que todo ese sufrimiento no parezca tener un impacto político. Si bien diversas encuestas de opinión muestran que la ciudadanía evalúa la situación actual como negativa y además asigna al gobierno nacional la responsabilidad de ello, lo anterior no parece ser estímulo suficiente para que el Ejecutivo nacional proponga nuevas políticas económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. Es como si al gobierno no le importara cómo viven sus ciudadanos y lo importante sería saber por qué.
Si no responde a este interés mayoritario, ¿a qué intereses responde el actual diseño de las políticas públicas? Pese a la crisis que vivimos la mayoría para poder poner comida en la mesa para nuestros hijos o para conseguir las medicinas de nuestros enfermos, hay quienes se lucran precisamente gracias a esta carestía: los que obtienen dólares baratos, los que controlan la distribución de los productos escasos, los que mantienen contratos con el sector público. Para ellos, el sufrimiento del resto es su negocio.
En el trabajo clásico de Amartya Sen “Poverty and famines” se demuestra que las hambrunas no son causadas por insuficiencia de alimentos para atender las necesidades de la población, sino que son producto de grandes desigualdades en los derechos de las personas (entitlements). Remarca que, en ningún país democrático, con alternancia en el poder y prensa libre han ocurrido hambrunas. Quizás, entonces, nuestra acelerada crisis social y las vidas que están hoy en riesgo son el principal indicador de que nuestra democracia es ya un solo un recuerdo.
(*) Publicado en la columna “Acuerdo Social” del diario Últimas Noticias (05/03/2017)
Fuente: http://conjeturasparallevar.blogspot.com/2017/03/a-quien-le-importa-nuestra-crisis-social.html
