Por Félix Gerardo Arellano
Ya es un lugar común definir la situación regional con la expresión de: “la década perdida”, y pareciera que nos obsesionamos en mantenernos en esa lamentable situación, ensayando fracasos y perdiendo oportunidades, lo que afecta fundamentalmente a los más vulnerables, excluidos y marginados que, en algunos casos, están reaccionando, apoyando propuestas populistas y radicales, que prometen soluciones mágicas, y en la práctica profundizan la pobreza y el control social.
En estos momentos nos encontramos con una región andina en convulsión; al respecto, cabe destacar: la profunda crisis política de Perú; el posible juicio político al presidente Guillermo Lasso en Ecuador; el incremento de las tensiones en Colombia, en particular por la crisis en el entorno familiar del presidente Petro; el choque de trenes en el gobierno de Bolivia, con el enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales por el control del partido; las dificultades que no son pocas en el primer año de gobierno de Gabriel Boric en Chile y la profunda crisis venezolana que se mantiene sin perspectivas de cambio.
En la mayoría de los países andinos subyace una profunda crisis social que contempla, entre otros, pobreza, marginalidad, exclusión, incluso menosprecio; situación que se ha incrementado producto de la pandemia del Covid-19 y los erráticos gobiernos, en la mayoría de los casos, caracterizados por una vergonzosa corrupción.
Otro problema que se presenta de carácter estructural, tiene que ver con la desconexión entre la política, la economía y los graves problemas que enfrentan los más vulnerables. Una dinámica de burbujas que conviven sin mayor conexión.
Todo ese conjunto de factores, que podríamos definir como estructurales por su persistencia, sirven la mesa para los grupos radicales y populistas que, con apoyos transnacionales, el manejo de las redes, la manipulación y la desinformación, trabajan intensamente fomentando inestabilidad política, que facilite la toma democrática del poder, por la vía del voto castigo. También es necesario reconocer que los sectores democráticos facilitan el proceso con sus divisiones y fracasos políticos.
El caso peruano resulta sorprendente, al combinar una intensa inestabilidad política y social, con una fluidez económica que no se detiene. La crisis política peruana es de larga data y se agrava luego del inaudito golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y su corto desgobierno. La detención del presidente ha movilizado grupos radicales del llamado Perú profundo, que no recibieron mayores beneficios con Castillo, pero han tomado la calles, buscando destruir la institucionalidad democrática, con violencia y promoviendo un discurso de anarquía que se puede resumir con la expresión “que se vayan todos”. Al momento, las protestas registran unos 58 muertos, 1.200 heridos y cientos de detenidos.
Pero la economía peruana parece seguir su curso de burbuja en crecimiento, con importantes beneficios, que no perciben las mayorías. Adicionalmente, la actual crisis paradójicamente ha estimulado que, en el fragmentado poder legislativo, una mayoría se unifique con el objetivo de permanecer en sus cargos por el tiempo establecido en la Constitución. A la presidenta Dina Boluarte, quien ha intentado adelantar la fecha de las elecciones generales, la resistencia del Congreso seguramente no le afecta; por el contrario, podría contribuir a fortalecer su posicionamiento político.
En estos momentos pareciera que los radicalismos se exacerban, al punto que el partido Perú Libre, de orientación marxista, que lanzó la candidatura de Pedro Castillo, ahora está promoviendo la candidatura de su fundador Vladimir Cerrón, quien se encuentra inhabilitado y se debe considerar el gran ganador de la actual crisis que promueve desde la sombra. Los radicales, que finalmente no apoyaban a Castillo en el gobierno, ahora desarrollan la narrativa de victimizarlo, que cuenta con respaldo internacional, en particular de los presidentes de México y Colombia.
La incertidumbre y el radicalismo dominan la escena política peruana, pero también la ecuatoriana, que está enfrentando otra nueva crisis política, con el segundo intento de juicio político al presidente Guillermo Lasso. La crisis en Ecuador se incrementa y la incertidumbre nubla el futuro. Los líderes indígenas han paralizado las negociaciones que sostenían con el gobierno. Cabe destacar que, frente al poderoso movimiento indígena, el presidente ha carecido de una estrategia de incorporación efectiva.
En el Congreso la comisión de corrupción, ha aprobado un informe que recomienda iniciar un juicio político contra el presidente Lasso, alegando “delitos contra el Estado y contra la administración pública: cohecho, concusión y peculado”. El informe debe ser considerado en plenaria, instancia que debería aprobar el inicio del juicio y, al respecto, se requieren de 46 votos de 137, que parecen garantizados, pues el presidente no controla el Congreso.
Ahora bien, aprobar la destitución se presenta más complicado, pues requiere de 92 votos, lo que no está fácil. Conviene recordar que, en el primer intento, efectuado en junio del 2022, no fue posible alcanzar ese mínimo. El presidente Lasso, por su parte, evalúa la posibilidad de disolver el Congreso, facultad prevista en la Constitución y convocar a elecciones generales, que no le resultarían muy beneficiosas, pero le permiten por un tiempo gobernar por decretos presidenciales.
La situación en Bolivia se encuentra en una fase de sorprendentes tensiones, pues si bien se mantiene el enfrentamiento de larga data, entre el gobierno de izquierda del presidente Luis Arce y la oposición democrática, en particular en la férrea zona de Santa Cruz; ahora se suman los enfrentamientos entre los miembros del bloque en el poder por el control del partido.
En el conflicto del gobierno y la oposición destaca la huelga general de 36 días por la ley del censo nacional que ha tenido como epicentro Santa Cruz y, para exacerbar las tensiones, Luis Fernando Camacho, gobernador de ése poderoso departamento, e importante líder de la oposición democrática, ha sido detenido (29/12/2022).
Por otra parte, también se encuentra en pleno desarrollo el enfrentamiento al interior del partido de gobierno MAS, entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, por lograr el control del partido y la definición del candidato para las elecciones presidenciales previstas para el 2025.
En Colombia la situación política se va complicando en la medida que el presidente Gustavo Petro, se obsesiona con los cambios, demasiados simultáneamente, con incoherencias y contradicciones y equipos débiles para su negociación y aplicación.
En ese contexto, pareciera que el complejo proyecto de “la paz total”, va sumando cada día mayores resistencias y, con el tiempo, la popularidad del presidente está en caída. Empeora el panorama la nueva crisis del entorno familiar del presidente, que abrió una grieta de consecuencias impredecibles.
Los casos de Chile y Venezuela presentan interesantes coincidencias y profundas distancias. Los dos países no forman parte de la Comunidad Andina, en ambos casos por decisiones políticas equivocadas, pero conforman geográficamente la zona andina. Adicionalmente, los dos enfrentan problemas producto de sus modelos. En el caso de Chile, por las inequidades y disfuncionalidades que puede generar un modelo de apertura económica, que requieren de atención; tarea que no está resultando fácil para el Presidente Boric.
En Venezuela el modelo de controles, discrecionalidad y autoritarismo está generando problemas pues, como era de esperar, ha resultado un fracaso en términos de crecimiento económico y bienestar social. La narrativa radical lo definiría como: “un capitalismo salvaje que menosprecia la equidad”. La crisis humanitaria compleja se profundiza, crece la pobreza y la discriminación; pero genera réditos en términos de control social.
Nota:
Este artículo fue originalmente publicado en TalCual Digital, el 14 de marzo de 2023.
