Mercedes Pulido
Encomiable en el compromiso y enfrentamiento a la adversidad es el informe elaborado por la coalición de más de 20 organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y sociedad civil organizada de los Derechos Humanos, recientemente planteado ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Gracias a la tecnología fue posible seguir las intervenciones, tanto de la delegación oficial del Gobierno como de los representantes civiles y sociales. Es de aclarar que este comité está integrado por expertos internacionales que se rigen por normas estrictas de imparcialidad y autonomía, que permiten un seguimiento exhaustivo de las obligaciones de los Estados miembros en relación a los Derechos Humanos. Ya la semana pasada se realizaron las interpelaciones sobre los derechos económicos y sociales, en las cuales fueron objeto de discusión las metas y avances en salud, educación, alimentación y condiciones de vida referidas a los compromisos adquiridos al inicio del milenio. De allí emergerán conclusiones que revertirán sobre recomendaciones específicas, evidencias de violaciones al compromiso adquirido, que influirán en la evaluación del país que indudablemente tendrán repercusiones de credibilidad y rechazo en la comunidad internacional.
Como dice la historia, “las cosas de palacio van despacio” y, tal vez, como nosotros quisiéramos producir cambios inmediatos, esto nos parece muy lejano. Pero tengamos claro que si bien en la historia de un país 15 años pueden ser un lapso corto, en la vida de cada ser humano eso es la mitad de la existencia, y nos sentimos defraudados de no tener las respuestas deseadas, sin darnos cuenta de que son esos pequeños pasos los que construyen la realidad que queremos.
La sustentación de más de 3.700 detenciones por manifestaciones políticas, el sometimiento a prisión de más de 300 personas durante meses -e incluso más de un año-, en donde todavía están privadas de libertad 75 personas por motivos políticos, de las cuales 29 están relacionadas con protestas; ha sido posible por la dedicación de ciudadanos comprometidos con la construcción democrática de ciudadanía. Es loable su persistencia y valentía ante el hostigamiento y acoso permanente. Hecho que fue altamente destacado por los expertos y prueba la ausencia de la pérdida de institucionalidad en el país mediante el sometimiento del poder judicial al marco del ejecutivo nacional, en donde el caso de la jueza Afiuni evidenció torturas y maltratos.
Varios hechos fueron duramente interpelados, como la criminalización del derecho a la protesta, que es palpable ante el hecho de que más de 2.000 personas, aunque libres, tienen procesos judiciales abiertos en su mayoría jóvenes. Hecho notorio fue el caso de la injuria y difamación, calificada como delitos para impedir la comunicación libre, lo cual junto a la privación de libertad de Inés González por twittear, evidenciaron el clima de represión creciente o de Araminta González, que por ser química es sospechosa de explosivos. El sometimiento a la arbitrariedad de los colectivos, ¿protegidos por quién? En todo caso, sin la creciente presión internacional y el seguimiento por los defensores organizados, el uso excesivo de la fuerza no tendría límites.
Con estupor se informa del asesinato de policías para obtener sus armas y, también, la convocatoria en el Sebin de todos los cuerpos de seguridad para abordar el problema de su indefensión, y nos preguntamos, ¿en dónde está la obligación ante el ciudadano común? o es que no existe… porque la inseguridad no es la anarquía silenciosa…
