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Violencia en América Latina: un frente común

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El presente dossier representa el fruto de un esfuerzo colaborativo sin precedentes entre siete destacadas revistas jesuitas de América Latina. Este proyecto se gestó a partir del año 2022, marcando el inicio de una estrategia de fortalecimiento y vínculos entre proyectos editoriales, a través de reuniones virtuales y la firma de algunos convenios para el intercambio de información. 

            Nuestro objetivo es examinar la problemática de la violencia en nuestras regiones, abordando esta realidad desde perspectivas locales y, al mismo tiempo, considerándola como un fenómeno global. Más allá de simplemente exponer estadísticas, buscamos analizar las causas, características específicas y consecuencias de la violencia en los Estados latinoamericanos, prestando especial atención a sus impactos en la población. 

            Desde México (revista Christus y revista Magis), hasta Chile (revista Mensaje) pasando por Venezuela (revista SIC), Colombia (revista Cien días), Bolivia (revista Cuarto Intermedio filial de la Agencia de Noticias Fides) y Paraguay (revista Acción), este dossier busca ofrecer una visión crítica de los desafíos urgentes que enfrenta cada país, ilustrando estos retos a través de distintas líneas de análisis que se ejemplifican con cifras, historias y procesos que delinean el desarrollo de cada sociedad en el contexto de la violencia.

¿Por qué abordar la temática de la violencia? 

De acuerdo con los informes de Naciones Unidas, América Latina y el Caribe se posicionan como la región del mundo con la mayor incidencia de homicidios intencionales, tanto en términos absolutos como en relación con el número de habitantes. Los datos revelan que esta región, que representa aproximadamente el 9 % de la población global, concentra más del 30 % de los homicidios, según el Índice de Riesgo Político América Latina 2023. 

            De ese universo, sabemos que el número de feminicidios, impulsados por el modelo cultural del patriarcado, es escandalosamente alto; mientras que el 92 % de los asesinados en nuestra región son hombres jóvenes, mayoritariamente entre 15 y 29 años, de acuerdo a los estudios mundiales sobre el homicidio realizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

            A contramano de estas cifras, sabemos que el gasto en seguridad en nuestros países es altísimo y, en no pocos, los ejércitos ejercen funciones de seguridad que, en un esquema constitucional ordinario, corresponde a las policías. Brasil, seguido de Colombia, México y Chile están entre los cinco países que más gasto militar tienen en América Latina.

            Por otro lado, los artículos que presentamos en este dossier dan cuenta de algunos factores claves para entender la violencia en la región.

            Hay evidencia que nos demuestra que la marcada disparidad económica en América Latina contribuye a tensiones sociales y conflictos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2021, en el 10 % más rico de la población latinoamericana se concentraba aproximadamente el 71 % de la riqueza. Esas desigualdades se reproducen en la vida diaria y ensanchan la distancia entre personas.

            Por otra parte, la región enfrenta desafíos significativos relacionados con el narcotráfico. Según la UNODC, América Latina y el Caribe representan el 30 % de las incautaciones mundiales de cocaína.

            No obstante, el narcotráfico, como lo dan a conocer algunos de los textos del dossier, ha evolucionado más allá de la simple venta de estupefacientes, dando lugar a lo que algunos expertos denominan como “economía criminal”. Esta expansión abarca el control territorial que incide en la explotación de recursos naturales, la trata de personas con fines económicos, la extorsión y el cobro de piso, así como el lavado de dinero en actividades inmobiliarias y agrícolas, entre otras prácticas que mezclan lo ilícito con lo lícito.

            En este contexto, es crucial destacar que los jóvenes no solo se ven empujados hacia actividades ilícitas, sino que en otras ocasiones son víctimas de reclutamiento forzado de las células del crimen. A esta realidad se suma la alarmante falta de acceso a la educación. Según datos de la UNESCO en 2020, aproximadamente el 12 % de los jóvenes de 15 a 24 años en América Latina y el Caribe se encontraban sin empleo ni cursando estudios; las opciones viables de vida se ven reducidas.

            Finalmente, la arraigada corrupción y la impunidad en América Latina no solo minan la confianza en las instituciones gubernamentales, sino que también desempeñan un papel crucial en la persistencia de la violencia. Los índices de corrupción, evaluados por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2021, revelan que la mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron calificaciones preocupantemente bajas, señalando niveles alarmantes de prácticas corruptas.

            Si observamos qué ha pasado en otras regiones del planeta para que se reduzca la violencia, tomamos nota de que el desarrollo del sistema educativo es prioritario. Junto a esto, lo son la credibilidad en la policía y en el sistema judicial. Pero en ningún lugar del mundo estos elementos pueden actuar eficazmente si la desigualdad impera y las opciones que se plantean a los jóvenes están mayoritariamente entre la pobreza y la victimización o pasar a formar parte de una organización ilegal violenta que les asegura identidad, pertenencia y dinero.

Mirar la violencia desde las regiones

En el dossier que presentamos, publicamos trabajos sobre algunas de las formas de violencia que abundan en nuestros territorios. Arrancamos el análisis con Paloma Robles Muro, en la revista Christus, de la compañía de Jesús de México, quien pone la mira en la violencia contra religiosos y recupera la situación del trabajo pastoral desde la región del sur de Chiapas, en la frontera con Guatemala, en donde los carteles han tomado el territorio y con ello controlan todas las actividades económicas y sociales haciendo insostenible la vida de las personas.

            Alejandra Guillén González, en la revista Magis, del ITESO, la universidad jesuita de Guadalajara, México, nos presenta el escenario de guerra que se vive en ese país, enfatizando en el drama de las desapariciones de personas y de las búsquedas emprendidas por sus familias, en concreto, en el estado de Jalisco.

            Eduardo Soto Parra, s.j., de la revista SIC, de la Fundación Centro Gumilla de Venezuela, describe cómo las fronteras se transforman en escenario de violencia ante la debilidad de los Estados nación, y el volumen creciente de las migraciones y la aparición de una auténtica economía alternativa dominada por el crimen organizado. 

            Mauricio García Durán, s.j., de la revista 100 días del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP), de los jesuitas de Colombia, analiza la implementación del programa Paz Total, creado tras los acuerdos de paz, y detalla los desafíos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. 

            Desde Bolivia, la periodista Mariela Laura, de la Agencia de Noticias Fides, filial de la revista Cuarto Intermedio, nos sitúa frente al problema del feminicidio y nos cuenta las historias de Lidya y Valeria, mujeres agredidas de manera cruel, quienes aún no hallan justicia. 

            Oscar Martín, s.j., de la revista Acción, en Paraguay, nos muestra cómo la violencia en contextos rurales, con fuerte apoyo institucional, perdura como forma de despojo territorial y genocidio en contra de los pueblos indígenas de ese país. 

            Por último, Hugo Frühling, como colaborador de la revista Mensaje, de Chile, que habla sobre el reciente repunte de la violencia en ese país y nos muestra cómo la delincuencia y las células del crimen han ido ocupando el centro de las preocupaciones de la sociedad chilena y arrastrando a las administraciones públicas en esa dirección.

            Finalmente, es crucial reconocer que, más allá de las regiones ya mencionadas, otras áreas de América Latina y el Caribe, como Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba, enfrentan situaciones de alta violencia que merecen atención. Ejemplos palpables de esta realidad incluyen conflictos sociales y políticos, violaciones a los derechos humanos, persecución a líderes sociales y comunitarios y tensiones socioeconómicas que impactan de manera significativa a la población. En algunos de estos contextos, la capacidad de acción de la comunidad religiosa, incluyendo a los jesuitas, se ve considerablemente limitada. 

            Conscientes de estos desafíos, aspiramos a que esta primera edición del dossier latinoamericano sobre violencia, impulsado por las revistas jesuitas mencionadas, no solo arroje luz sobre las problemáticas locales ya identificadas, sino que también sirva como catalizador para integrar a otros proyectos editoriales en este esfuerzo conjunto.

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