Marino Alvarado
El pasado miércoles 23 de abril el movimiento sindical venezolano logró una victoria histórica: la absolución por el Tribunal 24 de Juicio de Caracas del sindicalista Rubén González. En un proceso que duró cinco años lo que estaba fundamentalmente en juego era el derecho constitucional a la huelga. El derecho a exigir derechos.
Participar y ejercer su papel como líder sindical en una huelga que se desarrolló entre el 11 y 22 de agosto de 2009 en la empresa C.V.G. Ferrominera del Orinocofue calificado como delito. Se le acusó de Restricción a la Libertad del Trabajo, Instigación a Delinquir, Incumplimiento del Régimen Especial de la Zona de Seguridad.
En un juicio totalmente amañado, repleto de irregularidades y en abierta violación del debido proceso el Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz bajo la conducción para ese momento de la jueza Magda Hidalgo en confabulación con la fiscal Fátima Urdaneta dictó el 28 de febrero de 2011 una sentencia condenándolo a cumplir la pena de siete (7) años, seis (6) meses, veintidós (22) días y doce (12) horas de prisión.
La reacción del movimiento sindical venezolano fue inmediata. Se empezó a convocar una huelga general en solidaridad con Rubén. Sindicatos incluso adeptos al gobierno se sumaron a la iniciativa.
Tal fuerza empezó a tomar la convocatoria que rápidamente la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia con fundamento, en lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal solicitó de oficio el expediente y se avocó a conocer la causa. Del estudio del expediente la Sala Penal estableció que el juicio se había desarrollado con innumerables violaciones a la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia lo anulò y ordenó se repusiera al estado de realizar un nuevo juicio oral y público, ante un tribunal distinto.
Por esa razón se radicó en Caracas. Todas las pruebas evaluadas en el nuevo juicio pero principalmente los testigos evidenciaron que ninguno de los delitos imputados se realizaron. Que la huelga fue no sólo pacífica sino justa.
Pero además quedó demostrado que dicho juicio se inició con fines políticos. Así lo dejó claro el ex presidente de la empresa Ferrominera Radwan Sabbagh quien indicó.”Este juicio nunca debió haberse iniciado y quienes lo promovieron solo tenían la finalidad de perjudicar a Rubén González”
La verdad se impuso sobre la mentira. La justicia llegó tarde pero llegó en la persona de la Juez Blanca Pacheco. Así como hay que señalar la irresponsable actuación de la fiscal del estado Bolívar Fàtima Urdaneta, debemos reconocer la actuación profesional de las fiscales que actuaron en el segundo juicio quienes tuvieron que trabajar sobre el montón de falsedades que ya tenía el expediente. Me refiero a las fiscales Susana Churion, Marisol Sakarias y el fiscal Cesar Cordero.
Con la sentencia quedó reivindicado el derecho a la huelga, la justicia se anotó un punto y el movimiento sindical obtuvo una gran victoria.
