Por Carlos Torrealba
El control de cambio se estableció en Venezuela en 2003 como un mecanismo para evitar la fuga de capitales. Dieciséis años después el efecto provocado fue contrario al que se pretendía. Al respecto la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional estima que desde 2003 hasta mediados de 2018 habían salido del país una cifra superior a 400.000 millones de dólares. Conviene aclarar que es muy difícil saber con exactitud cuál es el monto de los capitales fugados hasta la fecha, entre otras razones, porque no hay cifras oficiales y las que hay son muy opacas, y también porque parte de los mismos son productos de actividades ilícitas.
No obstante la prudencia que hay que tener con el monto mencionado, lo que es importante resaltar es que esa extraordinaria acumulación de activos en dólares del sector privado en el exterior no se ha traducido en los últimos tres quinquenios en inversión nacional en la esfera de la producción, es decir, inversión para la producción de bienes y servicios, que debidamente utilizada con sentido empresarial hubiera causado un aumento en la capacidad productiva del país y, por consiguiente, en la generación de riqueza y bienestar social.
En su lugar, Venezuela vive una larga, profunda y destructiva crisis económica. Pero lo más sorprendente de este descalabro es que ello ocurrió en medio de una excepcional abundancia de recursos externos provenientes de la bonanza petrolera. Entre 1999 y 2014, por ejemplo, la nación recibió 960.00 millones de dólares. Un promedio de 64.000 millones de dólares anuales durante 15 años. Por si fuera poco, el país desarrolló un severo problema de endeudamiento externo dentro de su sector público, que en ausencia de información oficial algunos economistas estiman entre 140.000 millones de dólares y 175.000 millones de dólares, lo cual también sirvió esencialmente para financiar la salida de capitales antes mencionada.
En este contexto, Venezuela es un extraño caso de estudio en la literatura económica dada su rareza, por haber producido durante estos años la paradoja de un país inexplicablemente hundido en una profunda depresión económica con una pérdida de su producto interno bruto que, según reporte del Banco Central de Venezuela (BCV), revela una caída del 52,3% desde 2013, cuando Nicolás Maduro fue elegido presidente, habiendo contado con abundancia de recursos externos. El resultado: un país fuertemente endeudado, sin ahorro ni reservas internacionales, con un aparato productivo privado diezmado, una población padeciendo penurias de todo tipo, incluidas carencias de servicios básicos como agua potable y electricidad, en medio de una crisis humanitaria de enormes proporciones, además de una diáspora de más de 4 millones de personas desesperadas por encontrar afuera una vida distinta a la de la sobrevivencia precaria que es la que ahora ofrece esta tierra con las “mayores reservas” de petróleo del mundo.
Que distinta es esta situación, la del colapso de la economía y su impacto devastador sobre el nivel y las condiciones de vida de la población, con la del período 1974-1979, es decir, con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Si bien uno y otro tienen algunos rasgos en común, las políticas económicas y sus resultados han sido completamente diferentes.
En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, al igual que los períodos del chavismo, hubo un boom petrolero que se tradujo en un incremento substancial en los ingresos percibidos por el Estado. Ello animó a poner en marcha, a partir de 1974, un ambicioso plan de inversiones públicas en infraestructura y en sectores estratégicos de la producción, cuya implantación implicaba un incremento substancial de gasto público. La materialización de este plan de desarrollo llevó aparejada la aplicación de una política fiscal fuertemente expansiva, que estuvo vigente a lo largo de todo el período gubernamental.
El intento del gobierno de Carlos Andrés Pérez de forzar la transformación de la economía, con el objeto de la diversificación de su estructura productiva a fin de reducir el grado de dependencia del petróleo, paralelamente a mantener un alto crecimiento económico, condujo a la aparición de crecientes déficits presupuestarios a nivel del sector público no petrolero, dado que los ingresos no bastaban para financiar el creciente gasto. De allí que fuera necesario acudir a los recursos ahorrados previamente a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, así como al endeudamiento, tanto local como internacional, para financiar dicho déficit, el cual en 1977 fue equivalente al 8,7 por ciento del producto territorial bruto, según cifra del BCV.
El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es recordado por el crecimiento espectacular de la economía venezolana. Las cifras son elocuentes al respecto. De acuerdo a la fuente del BCV, durante el período 1974-1978 el crecimiento interanual del producto interno bruto promedió un 6,1 por ciento y el no petrolero un 8,2 por ciento en términos reales. En ese mismo período, el crecimiento del producto interno bruto per cápita creció a la alta tasa promedio de 3,3 por ciento.
Las dos décadas del chavismo en el poder serán recordadas, cuando la tragedia en curso finalmente termine, como el mayor desastre en la historia económica de Venezuela.
