José Guerra
Venezuela ha sido objeto de un saqueo. Una especie de fuerza de ocupación a cargo de la administración de los fondos del Estado ha consumado entre 1999 y 2018 el mayor despojo de los recursos públicos para provecho personal, hasta constituirse una especie de nueva oligarquía del dinero, tal como la describió Domingo Alberto Rangel en aquella obra monumental denominada La Oligarquía del Dinero, cuya primera edición se publicó en 1971. Narraba Rangel en ese libro el proceso de formación de los grupos económicos que movidos por el espíritu empresarial trabajaron día y noche para formar empresas, aprovechando la ventaja de un ingreso petrolero sostenido que se transformaba en riqueza material. Así se construyó la Venezuela moderna con el concurso del capital privado y sobre la base de un Estado interventor pero que no obstaculizaba la actividad privada. Los otros comerciantes del cacao y el café, luego devinieron unos en industriales y otros en financistas o constructores. Allí están las empresas todavía, sus fábricas y su capacidad e instinto empresarial averiado por el socialismo pero vivo, a la espera de mejores oportunidades.
Pero la Venezuela que corre desde 1999 es diferente. Acá se trata de una acumulación originaria del capital relancina, violenta, que no construyó sino que hizo del robo, el tráfico de influencias y el porcentaje corruptor su razón de ser. Se tejió una estructura compleja de nuevas figuras de la política con nuevos actores en lo económico, ubicados este engranaje en posiciones claves. Así, proviniendo las divisas del petróleo, no se podía hacer dinero rápido y con bajo riesgo sin adentrarse en la fuente primigenia de donde brotan los dólares: PDVSA. Luego con el control de cambio, era racional que las organizaciones y grupos aspirantes a capturar la renta petrolera para su propio peculio, arroparon la administración de las divisas preferenciales y baratas. En tercer lugar, había que tomar la distribución de la renta del petróleo a través de los contratos de obras públicas y es allí donde entra Odebrecht. Los escándalos de PDVSA con contratistas mil millonarios ahora reos en Estados Unidos y los beneficiarios de la asignación de divisas preferenciales para importaciones de alimentos permiten afirmar que en un plazo de apenas quince años esos traficantes de contratos y privilegiados con los dólares baratos acumularon una fortuna superior a la que produjeron todos los empresarios tradicionales juntos. Para verificar esta hipótesis hay que valorar cuánto fueron las importaciones y el monto de los contratos de PDVSA.
No obstante, el caso de Odebrecht hace palidecer a quien lo estudie. El presidente Chávez le asignó, por intermedio de Lula Da Silva, a esa empresa contratos sin licitación por montos millonarios para la realización de obras que en algunos casos su precio resultó ser hasta cuatro veces mayor al monto presupuestado y la gran mayoría de ellas ni siquiera han sido ejecutada. En muchas de esas autorizaciones está la firma del presidente Maduro. Esa empresa recibió en Venezuela la mayor cantidad de contratos de América Latina, pero fue donde menos obras realizó. La Venezuela decente exige justicia y que este asalto al patrimonio de los venezolanos, hoy arruinados, no quede impune.
