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Por considerarlo de interés para los suscriptores, se remite en attachment el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2017 preparado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, recién divulgado, consistente de dos volúmenes:
Volumen I – Drug and Chemical Control (297 páginas, .PDF 1,9MB) – Buscar Venezuela en página 292
Volumen II – Money Laundering and Financial Crimes (204 páginas, .PDF 1,4MB)– Buscar Venezuela en página 191
Sobre el control de drogas y productos químicos
El reporte destaca a Venezuela como uno de los países con mayor tráfico de drogas, predominantemente cocaína proveniente de Suramérica distribuida a la región del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos Oeste de Africa y Europa. Ello se debe a su porosa frontera con Colombia, un sistema judicial débil, cooperación antinarcóticos internacional esporádica y un ambiente permisivo y corrupto.
La corrupción es un gran problema y facilita el movimiento de las organizaciones criminales. Se destaca la acumulación de poderes por Nicolás Maduro Moros, para combatir la corrupción y defender a Venezuela de una serie de amenazas, pero no está claro si las medidas tomadas puedan ser herramientas efectivas para combatir la corrupción.
El reporte cita las acusaciones de Estados Unidos sobre el general Nester (sic) Luis Reverol Torres, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y ex comandante de la Guardia Nacional, y Edylberto José Molina Molina, ex subdirector de la ONA, por participación en una conspiración internacional de tráfico de cocaína. El señalamiento ocurrió el 1 de agosto de 2016 y el día 3, Maduro nombró a Reverol en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde el cual es responsable de supervisar a la ONA y a la GN.
El reporte no pasa por alto el caso de Efraín Campo Flores y Francisco Flores De Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores.
Son episodios que se acumulan a otros de años anteriores, a los que se asocia el bajo nivel de cooperación entre Venezuela y Estados Unidos para contener el flujo de cocaína por Venezuela.
Sobre lavado de dinero y delitos financieros
Las condiciones en Venezuela permiten muchas oportunidades de abusos financieros. La apreciación que se hace al respecto en el reporte es demoledora: proximidad del país a las fuentes y rutas de la droga, la pobre supervisión antilavado de dinero y pobre cumplimiento, la falta de voluntad política, la escasa cooperación bilateral, la economía inestable y la corrupción endémica hacen de Venezuela un país vulnerable al lavado de dinero y los delitos financieros.
Todo se complica con un sistema cambiario multimodal controlado y distorsionado, estrictos controles de precios causan numerosas oportunidades de manipulación cambiaria y de mercancías.
Todo esto, se aprecia en el informe, obliga a muchos comerciantes honestos a comportarse como actores ilícitos para conseguir dólares, lo cual facilita el lavado de dinero.
Un monto significativo del dinero lavado proviene del narcotráfico, aunque la distorsión también beneficia a la economía informal.
Las últimas acciones legales de Estados Unidos sobre ciudadanos venezolanos, incluidos funcionarios oficiales y familiares, han revelado actividades comprometedoras sobre lavado de dinero.
El lavado de dinero se está expandiendo en Venezuela y ello es evidente en un número de áreas que incluyen las oficinas de cambio oficiales, bancos, juego, inmobiliarias, agricultura, ganadería, industria petrolera y minera,… El TBML (acrónimo de trade based money laundering) es común y rentable, siendo el caso con Colombia el mejor ejemplo, aunque también se da con Brasil.
Las entidades oficiales responsables de combatir el lavado de dinero y la corrupción son ineficientes y carentes de voluntad política. La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) tiene capacidades operativas limitadas. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) está supervisada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), lo que le impide operar con independencia. Un sistema judicial politizado impide funcionar al sistema legal con efectividad e imparcialidad.
Aunque el gobierno venezolano tiene organizaciones para combatir el crimen financiero, su capacidad técnica y la inclinación hacia la corrección para contener este tipo de delitos es inadecuada.
Se recuerda en el informe que Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dejó de compartir información con la UNIF en 2006, debido a la revelación indebida de información compartida. La suspensión se mantendrá hasta tanto la FinCEN tenga garantías de que su información estará protegida, lo que implica que la UNIF pueda operar independientemente y fuera de influencias indebidas. Venezuela debería incrementar la infraestructura institucional y capacidad técnica sobre antilavado de dinero.
