A casi siete años de haberse creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), aun cuando se esperaban cambios positivos, ocurrió lo contrario. La grave situación que se vive en los centros de reclusión en Venezuela y la crisis incontrolable por la que están pasando los presos y sus familiares llama a la urgencia de crear políticas públicas que ayuden a respetar los derechos humanos de estas personas
Carlos Nieto Palma*
La situación de las cárceles venezolanas siempre ha sido muy complicada, solo basta recordar los sucesos en la cárcel de Sabaneta, en el estado Zulia, en enero de 1994 o los de la cárcel La Planta, en Caracas, en octubre de 1996, para darnos una idea del horror que siempre se ha vivido en nuestros recintos penitenciarios.
Transcurridos más de veinte años la situación no ha cambiado; con propiedad afirmo que ha empeorado. Estamos enfrentando en este momento la peor crisis penitenciaria de toda la historia venezolana.
Nunca el caos y el horror que se vive en las prisiones venezolanas había sido de la magnitud que hoy viven los hombres y mujeres privados de libertad en nuestros recintos carcelarios, coexistiendo en condiciones infrahumanas y sin ningún tipo de respeto a sus derechos humanos.
Lamentablemente en Venezuela no disponemos de datos oficiales que podamos dar para ilustrar a nuestros lectores, pero en la actualidad, según la información que desde Una Ventana a la Libertad hemos logrado investigar y levantar, tenemos un aproximado de 100 mil privados de libertad; aproximadamente 55 mil de estas personas se encuentran en cárceles tradicionales dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), y los 45 mil restantes en calabozos policiales no aptos para tener privados de libertad por lapsos más allá de 24 horas.
A pesar de que cuando se creó el MPPSP, el 26 de julio de 2011, muchos pensamos que podría haber cambios importantes para mejorar nuestras cárceles, contrariamente a ello, hoy en día puedo afirmar que este organismo lo que ha hecho es destruir lo poco que quedaba del sistema penitenciario venezolano. El caos que hoy viven nuestros presos ha tomado proporciones inimaginables.
Los recientes hechos del pasado mes de marzo en la sede de la policía del estado Carabobo, en Valencia, que trajo como consecuencia la muerte de 69 personas que allí se encontraban recluidas –entre ellas dos mujeres que estaban de visita–, y que es la segunda tragedia más grave ocurrida en recintos carcelarios venezolanos desde la de la cárcel de Sabaneta en 1994, han vuelto a poner en el ojo del huracán la crisis que se vive en las cárceles venezolanas y las graves violaciones a los derechos humanos de las personas que están en ellas.
Lo ocurrido en Valencia evidenció el desastre de nuestras prisiones y que actuaciones írritas, arbitrarias y fuera de la ley, del Ministerio encargado de velar por los derechos humanos de los privados de libertad –según lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el Decreto de creación de este organismo– han sumergido al sistema penitenciario venezolano en el caos más profundo de su historia.
La sorpresa de la población en general al ver las declaraciones de la señora Iris Varela, encargada de ese Ministerio, señalando que lo ocurrido en la sede de la policía de Carabobo, en Valencia, no era su responsabilidad porque estaban en una sede policial fue grande. La encargada de los presos en Venezuela declaraba públicamente que ella no tenía nada que ver en el asunto.
Quiero dar una breve explicación sobre lo que está ocurriendo en los calabozos policiales, que se ha convertido en uno de los muchos problemas que se vive en nuestro sistema penitenciario y que afecta el funcionamiento de los cuerpos policiales del país, creando graves inconvenientes en sus instalaciones y con sus integrantes.
Los calabozos de las policías de los diferentes estados y municipios del país así como las que tienen otros cuerpos policiales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGECIM) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), son centros de detención preventiva cuyos espacios son transitorios, y donde los reclusos deben permanecer las primeras 48 horas de detención, que es cuando es llevado a un tribunal para la audiencia de presentación y allí se determina, si es ordenada su privación de libertad, el lugar donde estará detenido que debería ser un establecimiento penitenciario de régimen cerrado para procesados judiciales.
Estos espacios policiales no cuentan con servicios para darle atención a reclusos por largo tiempo, ya que aparte de condiciones de espacio, no disponen de comedores para alimentar a los reclusos, ni servicios médicos para darle atención a los que lo requieran, así como condiciones higiénicas óptimas.
Esta condición de espacios transitorios fue suspendido por el MPPSP, el día 3 de agosto de 2011, a solo ocho días de haber sido creado, donde mediante una circular enviada por la señora Iris Varela a los directores de centros penitenciarios e internados judiciales del país establecía que quedaba “SUSPENDIDO el ingreso de nuevos Privados de Libertad provenientes tanto del Poder Judicial, como de los distintos organismos policiales del territorio nacional, hasta tanto sea debidamente autorizado por este Despacho” (Sic).
Esta orden dada por la ministra penitenciaria es el génesis del gran caos que hoy se vive en los centros de detención preventiva del país y del cual este Ministerio es responsable directo por eludir sus responsabilidades con los hombres y mujeres encarcelados en Venezuela, y el respeto de sus derechos humanos, independientemente de si son procesados o penados y del lugar donde se encuentren.
A esto hay que sumarle el cierre de más de seis recintos carcelarios en varios estados venezolanos, sin abrir ninguno nuevo a pesar de que se ofreció cuando se creó este Ministerio, construir dos recintos carcelarios en cada estado del país, uno para albergar procesados y otro para penados.
No se ha inaugurado ninguno nuevo hasta la fecha, solo se medio concluyeron algunos que estaban ya en construcción antes de la creación de este Ministerio, y la refacción a medias de otros que con cambiarles el nombre y pintarlos un poco, pretenden engañar a la ciudadanía sobre el éxito de su gestión.
El cierre de cárceles requiere de planificación. Estoy completamente de acuerdo en la clausura de cárceles viejas para sustituirlas por nuevas, pero en Venezuela esto se ha hecho en los últimos años sin orden alguno, generando caos en estados como Nueva Esparta y Zulia, que con el cierre de las únicas cárceles que tenían se han creado graves problemas para los familiares de los reclusos y para los reclusos procesados cuyos traslados a lugares alejados de sus tribunales de origen han causado la paralización de sus procesos.
Hay que tomar en cuenta que al menos el 70 % de los hombres y mujeres presos en Venezuela están aun procesados sin una sentencia definitiva que los condene, son todos presuntamente inocentes.
Esta prohibición de ingreso de nuevos reclusos a los recintos carcelarios dependientes del MPPSP, así como el cierre de cárceles en diferentes estados, han colapsado los calabozos de todas las policías del país y tenemos aproximadamente más de quinientos espacios en toda Venezuela convertidos en pequeñas cárceles.
En cualquier lugar donde funcione algún establecimiento policial, podemos tener la seguridad que allí hay presos hacinados, viviendo en condiciones infrahumanas y violándose sus derechos humanos.
En un informe presentado por Una Ventana a la Libertad el pasado mes de febrero sobre la situación de los derechos humanos en estos centros de detención preventiva en el año 2017, luego de una investigación exhaustiva sobre la situación de derechos humanos de 14 mil 525 personas que han permanecido recluidas en 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, se pudo determinar que estos centros de detención preventiva tienen una capacidad instalada estimada para albergar a 5 mil 910 privados de libertad; pero, en realidad, para diciembre de 2017 albergaban un promedio de 14 mil 525, lo que implica que hay una sobrepoblación de 8 mil 615 personas. Esto arroja un 250,86 % de hacinamiento.
Del total de privados de libertad monitoreado, un estimado de 987 son mujeres, 182 son menores de edad, 106 son extranjeros, 186 son personas que padecen enfermedades crónicas y 18 son personas pertenecientes a la población LGBTI.
En el diagnóstico presentado se pudo corroborar las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como: 96,46 % no posee comedor; 62,12 % no posee servicios higiénicos; 100 % no cuenta con servicio de lavandería; 92,93 % no posee áreas recreativas; 86,87 % no tiene áreas de visitas; 64,14 % no posee servicios de agua potable; 52,02 % no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48 % no cuenta con servicio médico; 61,62 % no cuenta con áreas especiales para la población femenina; 100 % no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes; 99,49 % no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad; 100 % no cuenta con áreas especiales para población GLBTI.
Igualmente se determinó que entre enero y diciembre de 2017 perdieron la vida en los centros un total de 65 personas, de las cuales 62 eran privados de libertad, dos eran funcionarios policiales encargados de la custodia de estos recintos y una era un familiar de un detenido, quien murió durante una fuga.
Un total de 27 personas murieron al recibir impactos de bala; nueve fallecieron debido a cuadros de desnutrición y una por desnutrición y tuberculosis; y otros ocho perdieron la vida a causa de tuberculosis, ya que no recibieron los tratamientos médicos requeridos. Otros cincos fueron asesinados a puñaladas.
Si analizamos estos datos podemos darnos cuenta de la grave situación que se vive en los centros de reclusión en Venezuela y de la crisis incontrolable por la que están pasando nuestros presos y sus familiares ante la indiferencia de los organismos responsables de garantizar sus derechos humanos.
Lo ocurrido recientemente en Valencia solo fue una alerta de una situación que puede repetirse en cualquier momento.
Soy un convencido de que la crisis penitenciaria tiene solución y que Venezuela puede tener un sistema penitenciario donde se garanticen los derechos humanos de los allí recluidos y su reeducación para reinsertarlos de nuevo a la sociedad, pero para ello es urgente la creación de políticas públicas penitenciarias coherentes por un equipo conocedor del grave problema que se vive.
*Coordinador general de Una Ventana a la Libertad.
