Alfredo Infante sj
En 2013 el país político cambió. Dos acontecimientos son el punto de inflexión en este cambio: la muerte del presidente de la República Sr Hugo Rafael Chávez y los resultados electorales del domingo 14 de Abril. Hoy el país se encuentra más polarizado que nunca. La correlación de fuerzas ha cambiado y ambas partes representan dos mitades del país con intereses contrapuestos. La actual polarización es de carácter ideológico-político entre dos proyectos de país antagónicos y aparentemente irreconciliables. El cambio que ha acontecido consiste en que ya la polarización social, representada por la brecha entre ricos y pobres, no se expresa en la polarización política.
No cabe duda que en el 2000 decir ‘chavismo’ era decir mayorías populares y decir oposición era señalar al sector medio y alto de la sociedad. Para entonces, la brecha social entre ricos y pobres se expresaba políticamente en las urnas mostrando una desproporción en la correlación de fuerzas entre el chavismo y la oposición; esta desproporción era favorable al oficialismo. Hoy, 14 años después, ninguno de los proyectos puede arrogarse para sí la representatividad de los intereses de los pobres. Cualquier pretensión de este tipo no es más que una ceguera ideológica que coloca de espalda a la realidad al actor que lo pretenda.
Al hacer un recorrido por la historia electoral de estos años de revolución se evidencia, tal como era de esperarse en un prolongado ejercicio de gobierno, un progresivo desgaste en la credibilidad de quien está en el poder. Desgaste que ha sido lento y prolongado gracias a la presencia carismática del finado Presidente Sr Hugo Chávez quien interpretó y se conectó cabalmente con el sentir de las mayorías populares. Este hecho se constata en el gráfico que encabeza este artículo donde se muestra cómo la brecha entre la línea roja y la azul va acortándose progresivamente, dando un salto imprevisto en el lapso de octubre de 2012 a Abril de 2013, llegando a encontrarse ambas líneas en un empate técnico.
Los resultados del domingo 14 de Abril revelan que la línea que divide a Venezuela políticamente en dos mitades iguales, no se identifica con la línea que separa a una clase social de otra. Dos mitades iguales significa que la línea de las fidelidades políticas transversa a la mayoría de las familias venezolanas por igual en todos los sectores sociales. Por ello, podemos afirmar que estamos en un nuevo escenario político que exige a los actores (chavismo y oposición) dos cosas, en primer lugar, una autocrítica y diálogo interno para resituarse y responder adecuadamente al país en este nuevo escenario, y en segundo lugar, reconocer a su contrario y abrirse al diálogo para llegar a un acuerdo de convivencia democrática que garantice la gobernabilidad, teniendo como marco la Constitución.
Autocrítica se refiere a que el chavismo debe auto- examinar su modo de gobernar y preguntarse por las razones que han llevado a miles de venezolanos a abandonar progresivamente sus filas. Los injustos señalamientos de “apátridas”, “vende-patria”, “fascistas” para quienes han dejado de creer en la propuesta revolucionaria indican ceguera e incapacidad de ir a la raíz interna del problema. Un dato importante que tiene que ver con este fenómeno, por ejemplo, es el hecho de que el porcentaje más alto de protesta social viene de organizaciones y grupos fieles al proceso bolivariano que desean una revolución que les escuche y sea más eficiente en la inclusión. Este importante sector protesta exigiendo una auténtica revolución. Criminalizar las protestas sociales aplicando la ley anti-terrorista como algunos voceros del establecimiento parecieran proponer, en vez de escucharlas, va a ir generando un mayor distanciamiento de las élites políticas del chavismo respecto a las bases. Si no escuchan el clamor interno de sus bases, continuará el desplazamiento hacia la oposición u otras alternativas políticas como la abstención, y poco a poco, el partido de gobierno (PSUV-Polo Patriótico) será sólo élite y maquinaria distanciada de las bases; un destino parecido a la Acción Democrática (AD) de Alfaro Usero. El poder desgasta y más cuando se ejerce en disonancia con la vocación originaria del propio proyecto y deja de responder a los intereses de las grandes mayorías.
La oposición, por su parte, debe leer estos resultados sin triunfalismos y cómo un indicador para la auto- reflexión y un dialogo interno que busque reducir por la vía de la razón democrática a los representantes de la extrema derecha que aún perviven en sus filas. Debe convencer a los sectores extremos que la vía democrática es la única vía legitima para llegar al poder y que dada la vocación social del pueblo venezolano, más aún después de Chávez, sólo tendrá legitimidad un gobierno y una oposición democrática con vocación social. Es claro que el camino democrático al que le ha apostado la MUD, después del fracasado golpe de 2002, le ha ido fortaleciendo y legitimando al punto de representar la mitad del país.
En la actual crisis tiene la MUD como desafío convencer a la otra mitad del país, por la vía de los hechos, que el modo democrático no es sólo una táctica sino una convicción, por ello sus operadores políticos deben mantenerse estoicamente en el marco democrático e insistir en condenar las muertes y los hechos violentos que se les señalan como reacción ante los resultados de las elecciones y pedir a las instituciones del Estado llevar el asunto a sus últimas consecuencia exigiendo una investigación imparcial que haga justicia dentro del marco del debido proceso. De igual modo, a lo interno debe dar señales a sus seguidores que más allá de los resultados electorales hay un interés real por la vida y la integridad de las personas, lo que implica un importante trabajo de campo para fundamentar los señalamientos sobre detenciones arbitrarias, torturas, acoso laboral y falsos positivos sobre los daños a las instalaciones de los CDI.
Lo que esperamos los venezolanos de a pie es que los actores en conflicto tomen conciencia del nuevo momento en el que nos encontramos como sociedad y respondan poniendo como bien superior la paz social del país, se reconozcan como adversarios con igual respaldo de parte del pueblo y lleguen a un acuerdo político de paz y gobernabilidad.
