Por Rafael Uzcátegui
A pesar de la propaganda, los indígenas venezolanos sufren graves retrocesos de sus derechos sociales y políticos en la Venezuela bolivariana. Quienes teóricamente son sus aliados regionales, parecen que están mirando hacia otro lado.
A mediados del año 2010, quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de corroborar en el terreno una denuncia sobre contaminación en territorio indígena Kariña, estado Anzoátegui. Contextualicemos. Según el Censo 2011, la población indígena venezolana, con 724.592 integrantes, representaba el 2.7% del total de la población del país. Los Kariñas, quienes habitan básicamente los estados Anzoátegui, Bolívar y Monagas constituían el 4.7% del total de población indígena, alrededor de 33.824 personas. En Anzoátegui vivía casi la mitad, unas 16.686 personas, concentradas en la Mesa de Guanipa, Municipio Pedro María Freites, en caseríos como Bajo Hondo, Mapiricure, Kashama y Tascabaña. Precisamente en este último habían ocurrido los hechos.
Desde el año 2000 los Kariñas de las comunidades Tascabaña I y Tascabaña II notaron que del río del mismo nombre empezaron a emanar torrentes de burbujas de gas metano, que con el paso del tiempo se hicieron más fuertes. Si bien los escapes gaseosos son producto de la actividad extractiva energética, no existía consenso sobre su origen. Una versión apuntaba que eran consecuencia de la exploración, durante la década de los 40, de 35 pozos en la zona cuya responsabilidad recaería en las concesionarias de la época: Exxon Mobil y Texaco. Otra sostenía que la aparición del problema era más reciente. En 1999, según, Pdvsa perforó pozos cerca de la comunidad, los cuales posteriormente fueron sellados pero que con el tiempo ocasionaron la fuga. A pesar de las denuncias ninguna autoridad se había hecho responsable. No se habían realizado los estudios de impacto ambiental que midieran la magnitud del problema ni las posibles consecuencias, tanto para el medioambiente como para la salud de los indígenas.
No obstante, cuando visitamos ambas comunidades, la situación era mucho más complicada que un foco de contaminación ambiental. La estatal PDVSA lejos de resolver aquello, estimuló un proceso de intervención a la comunidad para invisibilizar las burbujas de mal olor que brotaban furiosamente del río. Como en muchos de los pueblos originarios, la subsistencia de los Kariñas estaba basada en la siembra de pequeñas parcelas denominadas “conucos”, para lo cual aprovechan las tierras húmedas de los morichales y los ríos aledaños a sus comunidades. La única medida de protección tomada por la energética estatal había sido indicarles a los indígenas que sólo utilizaran el agua del río para lavar ropa. Ya no podían ni sembrar, ni pescar ni criar animales, base de su sistema de subsistencia.
PDVSA les instaló unos tanques azules a todas las viviendas, que les llenaba dos veces por semana. Y como sustituto de sus usos y costumbres, instalaron un Mercal y un punto de Barrio Adentro, mientras se cumplía la promesa de terminar la construcción de un ambulatorio y una cancha deportiva, obras amenazadas si los voceros indígenas abrían la boca sobre aquel extraño olor que había tomado los márgenes del rio y, de acuerdo a la dirección del viento, podía olerse en las calles de Tascabaña I y II. Para garantizar el silencio, PDVSA, quien actuaba como el poder real en la zona, había favorecido la elección de voceros de los “Consejos Comunales Indígenas”, desplazando a las organizaciones tradicionales indígenas.
Por mucho menos de lo que pasaba en Tascabaña, organizaciones aliadas de la causa aborigen en el continente denunciaban el “genocidio cultural”. Sin embargo, sobre el daño antropológico que en ese momento sufrían los kariñas cayó un pesado velo de silencio. En el año 2011 los precios internacionales del petróleo y gas venezolano se cotizaban alto. Y un sector de los ecologistas que durante la década de los 90 habían sido duros críticos del extractivismo se habían transformado defensores de PDVSA, pues el maná petrolero “hacía la revolución” al costear los programas sociales. El resto de los ambientalistas, especialmente los ligados a movimientos juveniles bolivarianos, se encontraban detrás de zanahorias como los “gallineros verticales”, los “cultivos hidropónicos”, las “maticas de acetaminofén” o las delegaciones a los Foros Social Mundiales, con los que desde Miraflores los entretenían.
La situación de Tascabaña se repetía, con algunas variantes, en otros territorios compartidos entre la actividad energética y los pueblos indígenas venezolanos. Una de las pocas veces que se discutió aquello en Caracas, a unos 320 kilómetros de distancia, fue cuando los diputados indígenas tuvieron un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para presentar un informe de la situación.
Sin derechos sociales. Y sin derechos políticos
A finales del mes de julio de 2020 el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano aprobó un reglamento para la selección de los diputados indígenas a la Asamblea Nacional que acaba con la elección directa, secreta y personalizada de los representantes de los pueblos originarios. Dando la espalda a la normativa electoral vigente, las nuevas disposiciones crean un sistema de delegados, quienes votarán en nombre de las comunidades. Según el árbitro electoral para elegir deberán organizarse en una estructura llamada “asambleas comunitarias”, las cuales deben reunirse y funcionar de acuerdo con un cronograma que establezca el CNE, para luego elegir “voceros”, en una cantidad no especificada, los cuales asistirán a unas asambleas generales en las que, en una votación de segundo grado, elegirán en nombre de su comunidad a los diputados o diputadas que les corresponda, según la región en la que se encuentran. El acto de votación se realizaría “a mano alzada”.
El vicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez declaró que al menos ocho organizaciones indígenas inscritas ante el ente comicial fueron consultadas antes de aprobarse dicho Reglamento Especial. Otro rector, Luis Fuenmayor, opinó que las modificaciones eran cónsonas con las prácticas ancestrales aborígenes: “Entiendo que de esa manera o una muy parecida eligen a sus representantes, por lo que el reglamento cuestionado estaría más en sintonía con su cultura, sus prácticas y tradiciones”.
El diputado wayuu, Virgilio Ferrer, desmintió la supuesta consulta realizada a pueblos indígenas, calificando la decisión de “borrar los derechos políticos de los pueblos ancestrales”. Por su parte, 20 diferentes organizaciones indígenas del estado Amazonas han divulgado un pronunciamiento en el que exigen la nulidad de dicho reglamento para elegir sus representantes en los términos previstos en la Carta Magna. Lo que parecen ignorar los rectores del CNE es el profundo proceso de intervención de las comunidades indígenas venezolanas, donde sus autoridades tradicionales han sido desplazadas por satélites del PSUV, sus prácticas erosionadas y sus territorios controlados biopolíticamente por las políticas sociales, las fuerzas armadas y los grupos irregulares armados, incluyendo a facciones de guerrillas colombianas.
El origen de la decisión tiene poco que ver con una adecuación del sistema electoral a las costumbres indígenas, una decisión inusual en un país que ha congelado el ejercicio de los derechos políticos y sociales a los pueblos originarios, uno de los sectores más vulnerables en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja. Su antecedente debe remontarse al resultado de las elecciones parlamentarias de finales de 2015, cuando los tres diputados indígenas electos por Amazonas daban la mayoría absoluta a la oposición dentro de la Asamblea Nacional. El TSJ decidió, a finales de ese año, suspender su proclamación al tramitar una denuncia que aseguraba irregularidades en dichas candidaturas. En julio de 2016 la Asamblea Nacional decidió, unilateralmente, reincorporarlos, por lo que la TSJ la declaró en “desacato”, con lo que todas sus decisiones serían nulas.
El gobierno venezolano ha convocado para el próximo mes de diciembre la realización de nuevas elecciones parlamentarias con el objetivo, a lograr de la manera que sea, recuperar la mayoría en el hemiciclo. Además de los beneficios políticos de controlar todos los poderes públicos se encuentran sus elementos simbólicos vinculados. Uno de ellos, luego de tantos años de propaganda sobre la supuesta “revolución indígena” es que sus diputados sean todos afines a la tolda roja.
El chavismo, antes con Chávez y ahora con Maduro, debido a su vocación totalitaria nunca toleró el derecho a la alteridad, a ser diferente. Lejos de entender y promover el respeto y la dignidad de la cosmovisión aborigen han usado a los indígenas como una simple herramienta instrumental: Para protagonizar su propaganda, para el control territorial y el mantenimiento arbitrario del poder, pero nunca como sujetos autónomos de derechos. Ojalá que en la VI República, lo que venga para el futuro de Venezuela luego de la hegemonía bolivariana, sea mejor para ese 3% de la población del país.
