Por Emiliano Terán Mantovani
I. Nueva fase del extractivismo y la oleada de acumulación por desposesión
Del llamado ‘neo-extractivismo progresista’ en Venezuela apenas queda hoy una burda y vacía retórica ‘revolucionaria’, que desborda un cinismo escalofriante. En esta ruta al desastre que hemos transitado en el país, lo que viene emergiendo es un nuevo escenario del extractivismo, sui generis, uno de carácter absolutamente predatorio que difícilmente pueda ser entendido sólo bajo los códigos reduccionistas de la polarización, o bien de la puesta en escena y la retórica de los principales líderes político-partidistas.
Su contexto inmediato: la maduración de la Gran Crisis venezolana (2013-2019), atravesada por intensas luchas por el poder (en sus múltiples escalas), un aumento de la internacionalización del conflicto político, una desestructuración de la economía (formal) nacional, y un peligroso proceso de descomposición de la política que no sólo impulsa una significativa fuerza derechizante, sino también una mafización (o gangsterización) de la misma.
Este extractivismo predatorio no se establece por medio de una maquinaria corporativa que homogéneamente, de arriba hacia abajo, controla el proceso de apropiación/capitalización de la naturaleza y los territorios del país; ni tampoco por medio de la dominación irresistible de un sector o grupo de actores políticos nacionales. Más bien está marcado por la multiplicidad, volatilidad, inestabilidad, fluidez, fragmentación, precariedad; por un mosaico de conflictividades, de diversa intensidad y violencia, de coaliciones ramificadas y accidentadas; por el desgarramiento sistémico y por la trasnacionalización.
Pero no se confunda. A pesar de lo revuelto y movido del escenario, aquí hay una política. El conjunto de grupos y actores que disputan la gestión y participación en el extractivismo, sean actores provenientes de la esfera estatal (en sus diferentes facciones), de los grupos políticos de oposición, de grandes y medianas potencias internacionales, de grupos armados irregulares y criminales, entre otros, se orientan y operan fundamentalmente a partir de una política del saqueo. Esta, sea porque representa el mecanismo esencial de la acción, o porque se produce como una forma de aprovechar la vorágine dominante –lo que a su vez profundiza la crisis y los factores causantes del conflicto–, es la política compartida de los actores en disputa, y formatea el nuevo escenario del extractivismo en el país.
Esto tiene implicaciones tremendas, en la medida en que la geografía venezolana va siendo atravesada por las lógicas de las violentas economías de enclave, por lo que presenciamos la formación de un extractivismo de trincheras, de posiciones, de feudos, en el cual grupos del sector militar, gobiernos locales (alcaldías, gobernaciones, etc.), la criminalidad organizada, grupos armados para-estatales de diverso proceder (nacional e internacional), conforman poderes particulares (dependiendo del territorio donde se desenvuelvan) y tienen como botín los recursos, los territorios y la población.
El trasfondo esencial de esta situación es el impulso de una gran ola de acumulación por desposesión de alcance nacional, que está pulverizando el ya vulnerado estado de derecho y provoca que el muy heterogéneo y fragmentado campo de resistencias, contestaciones y luchas populares ante el expolio, sea atravesado por lógicas de guerra. Es en este sentido que hablamos de un extractivismo predatorio.
II. Rasgos del extractivismo predatorio
Política de Estado y estado de la política
No existe ninguna disputa entre demonios y redentores en Venezuela. En este escenario, todos los grupos de poder en pugna son diferentes expresiones de un voraz neo-colonialismo sobre la vida. El extractivismo predatorio y su política del saqueo deben ser entendidos en su doble dimensión: tanto como una política de Estado, encabezada hoy por el Gobierno de Nicolás Maduro –principal gestor de este proceso masivo de acumulación por desposesión en el país–; como una expresión del estado de la política, en franca descomposición y vandalización, la cual, aunque lo abarca, va mucho más allá del poder formalmente constituido, y se manifiesta en una multiplicidad de actores que operan desde la ilegalidad, la corrupción, la criminalidad y la para-política. Ambas dimensiones están profundamente atravesadas por el accionar de actores y lobbys internacionales, principalmente provenientes de los Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, Colombia, Turquía, España, entre otros.
Esta política de Estado se configura hoy como un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado en un estado de excepción (jurídico y de facto) de perfil primordialmente militar, que se organiza en torno a la hexada: reformismo neoliberal autoritario / violencia exacerbada / des-territorializaciones / minerías / despojo generalizado / administración de la precariedad.
El dramático colapso de la industria y de la renta petrolera, así como del Petro-Estado, junto a la descomunal corrupción, las tensiones políticas internas y los efectos de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (principalmente desde 2017), han fragmentado el extractivismo en el país, promoviendo una multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras de poder local y nacional.
Convertir a Venezuela en una mina
Esta situación determina esta política de Estado, la cual se expresa tanto en la programática formal del Gobierno de Maduro, como en la proliferación de minas irregulares que sostienen poderes locales vinculados a militares, gobernadores, alcaldes o funcionarios corruptos de alto nivel.
Respecto a lo primero, el Gobierno de Maduro ha insistido en la depredadora opción minera como la supuesta vía para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’. Dicha opción, que en un principio se orientaba al mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se presenta en la actualidad como un más amplio y definido mapa minero (extracción metálica y no metálica), que ofrece al expolio prácticamente todo el territorio nacional. Sobre esto destaca la presentación en junio de 2019 del ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’, que sistematiza, como nunca, la meta de recuperar y aumentar la “producción” a su ‘máxima capacidad’ de cuanto emprendimiento minero haya disponible en el país (oro, diamante, hierro, carbón, níquel, coltán, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito, caliza, entre otros). Esto se da en el marco de una progresiva radicalización neoliberal (la que hemos llamado ‘El Largo Viraje’ 2014-2019) que desregula, flexibiliza y adapta crecientemente al país a las lógicas de ajuste y a los requerimientos de las corporaciones transnacionales.
Pero esta programática es apenas la fachada normativa y pseudo-institucional que busca recuperar y re-centralizar algunas rentas y excedentes que puedan oxigenar las precarizadas arcas gestionadas por el Poder Ejecutivo, mientras que se presenta una vitrina minera para ahora sí ofrecer las verdaderas ‘oportunidades de negocios’ para el capital transnacional (Plan Minero dixit). Detrás de esta fachada se revela el que es hoy, el extractivismo realmente existente: se multiplican minas y operaciones de extracción a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, extracciones absolutamente arbitrarias, irregulares, atravesadas por la corrupción, el pillaje y la ilegalidad. Areneras que tienen a pobladores locales bajo amenaza; militares sacando carbón vegetal para su comercialización; total complicidad e incluso direccionalidad de funcionarios del Estado en la extracción ilegal de oro en la región Guayana; emprendimientos devastadores y sin ningún control, como el de la minería de arenas en el río Turbio; u otros que emergen bajo las sombras y en el secretismo y que generan conflictos con las poblaciones locales, como el ya conocido caso de las iniciativas de minería de cal y feldespato en el Cerro La Vieja. Son apenas ejemplos de una oleada extractiva que apunta a convertir a Venezuela en una mina.
Sin embargo, y como ya mencionamos, no se trata sólo de la apropiación minera. La política del saqueo es integral en la medida en la que se orienta, por un lado, de acuerdo al valor y la vocación que puedan tener las tierras (agrícola, maderera, ganadera, turística, etc); y por el otro, al control y dominio territorial. Ambos factores (tierra/territorio) están políticamente entrelazados. Esto nos señala al menos tres cosas fundamentales e interrelacionadas que vale la pena destacar:
a. esta política constituye el marco de la violenta arremetida de persecución y despojo sistemático de tierras que se está produciendo en la actualidad contra los campesinos del país, con el fin de favorecer a viejos y nuevos latifundistas. La Plataforma de Lucha Campesina, organización en la que confluyen diversas agrupaciones del campo venezolano, y que ha ocupado recientemente las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras en Caracas, ha señalado más de 100 casos de estos despojos e irregularidades que favorecen al latifundio, además del acoso, la criminalización y la judicialización que están sufriendo los pequeños productores. Lo más grave es que no se ha hecho justicia hasta hoy ante los más de 350 campesinos asesinados durante el proceso bolivariano, lo cual en cambio se ha agravado en los últimos doces meses, donde han sido ultimados 25 campesinos –6 de ellos el pasado 27 julio en el estado Barinas;
b. ante el colapso de la renta petrolera, es importante insistir en que el conflicto no se define simplemente por los recursos y el saqueo per se, sino fundamentalmente por una política que busca establecer un modo de gobernanza configurado en torno a estas lógicas del pillaje. Esto implica que para los actores que persiguen la hegemonía, no basta la apropiación económica, si no se establece el régimen de dominación política. Todo esto revela la necesidad por parte de estos actores de asentar geográficamente el poder y, por tanto, muestra el trasfondo de disputas por los territorios;
c. ante la debilidad del Estado venezolano, esta fase predatoria del extractivismo está siendo determinada por las lógicas de la imposición del más fuerte, lo que configura a su vez un escenario abierto de conflicto, determinado en muy buena medida por lógicas de guerra. Esto es muy significativo porque hace que, de hecho, el punto de partida de la política sea la extra-legalidad, la excepcionalidad. O para decirlo en otras palabras, las prácticas criminales, al menos en sentido estricto, penetran profundamente la política de Estado y atraviesan determinantemente el estado de la política hoy.
Violencia sistemática en expansión y federación del saqueo
En esta fase predatoria del extractivismo en Venezuela, la violencia juega un rol central. Es la mediación política principal. Violencia exacerbada, masiva, sistemática. Violencia acompasada con los nuevos tiempos para América Latina y las crecientes tensiones geopolíticas. Violencia transversal, que determina tanto la política de Estado como el estado de la política.
El Gobierno de Maduro escala cada vez más en el despliegue cuantitativo y cualitativo de la violencia. Todo este avance de la acumulación por desposesión se viene haciendo bajo una intensa represión –fundamentalmente contra los grupos sociales que ofrezcan resistencia– en la cual podemos destacar el rol de los cuerpos de seguridad especiales (como es el caso del FAES) o de grupos para-estatales o para-policiales diversos, muchos de ellos denominados mal llamados ‘colectivos’. El FAES (iniciales de Fuerzas de Acciones Especiales) está siendo empleado para numerosas operaciones de contención de la protesta en el país, por medio de procedimientos militares y actuando como un ejército de ocupación, con formatos de ataque letal mediante los cuales realizan ejecuciones extrajudiciales. Estos cuerpos de seguridad no distinguen si sus objetivos son ‘opositores’ al gobierno o chavistas que lo apoyan, como se dio con el desalojo violento de campesinos chavistas que intentaban recuperar sus tierras en el estado Guárico y la retención del vocero campesino Jesús Osorio. Por otro lado, el papel de los grupos armados para-estatales, que pueden ser provenientes de organizaciones políticas, funcionarios vestidos de civil, hampa, policías, entre otros, ha sido primordialmente de amedrentamiento en las protestas de diverso tipo que se dan contra el gobierno.
El resultado de esto ha supuesto un acorralamiento de la ciudadanía y las organizaciones de base que protestan no sólo antes las muy precarias condiciones de vida actuales, sino también para aquellos que resisten a esta política del saqueo. Ejemplos de ello lo conseguimos en las resistencias del pueblo indígena pemón por la autodeterminación en sus territorios, con la consiguiente respuesta gubernamental de militarización, amedrentamiento, torturas, tratos crueles y degradantes e incluso el asesinato de integrantes de este pueblo; en la situación de acoso y criminalización que, sea por acción u omisión, se produce contra las comunidades yukpa familiares de Sabino Romero y Carmen Fernández; en la criminalización del movimiento campesino por parte de voceros gubernamentales; o en la voraz cooptación de comunidades indígenas para que aprueben el Arco Minero del Orinoco, aprovechando su muy precaria situación humanitaria; entre otros.
Pero como ya se ha dicho, todo esto se solapa con la violencia generada desde los actores que operan más allá del régimen formal: bandas criminales locales controlan, con formas de violencia extrema, buena parte de las minas de oro del sur venezolano; grupos armados vinculados a los poderes del latifundio son señalados por las organizaciones campesinas como los responsables del asesinato de decenas de sus integrantes; disidentes provenientes de las FARC penetran territorios venezolanos, dedicándose a actividades delictivas; del mismo modo, integrantes del ELN operan en territorio nacional, incluyendo en las minas; paramilitarismo colombiano ejerce la fuerza en numerosos territorios fronterizos del país, interesados tanto en el contrabando transfronterizo, como en el posicionamiento colombiano/estadounidense en territorio venezolano; y diferentes formas del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, siendo este último el encargado de mantener y controlar las rutas de tránsito de la droga hasta los puntos de desembarco regional. Cabe destacar que, el contrabando transfronterizo es muy significativo (principalmente hacia Colombia) y que fomenta que los commodities extraídos en Venezuela (madera, gasolina, cultivos como la palma aceitera, especies protegidas, etc.) sean mejor vendidos en el país vecino, dado las enormes diferencias existentes entre el valor del bolívar y el peso colombiano (o el dólar).
Sobre todo lo dicho, es fundamental destacar al menos tres cosas: una, que si bien muchos de estos grupos están en confrontación y rivalizan entre ellos, otros más se articulan y cooperan mutuamente en pro de intereses particulares. Esto hace estallar la limitada interpretación de la polarización política que sólo ve disputas entre chavistas y opositores, o bien entre Venezuela y el Imperio estadounidense. El entramado del conflictivo escenario político venezolano es mucho más complejo y movible que eso.
Dos, que la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal, se ha hecho en extremo borrosa, y antes que ser sólo una condición anormal, se ha vuelto la normalidad. El caso venezolano revela como la extra-legalidad es la norma y es el factor determinante del extractivismo realmente existente. El Arco Minero del Orinoco es un ejemplo emblemático de ello.
Tres, que estas dinámicas descritas son multi-escalares, fluidas y transfronterizas, en la cuales, las disputas territoriales e intereses locales, que tienen sus propias particularidades, dinámicas y tiempos, se articulan con poderes de más amplia escala, como los gobiernos locales o regionales, el Poder central estatal, las corporaciones transnacionales, las potencias imperiales, los mercados y rutas transfronterizas, el crimen organizado transnacionalizado, entre otros. En el caso venezolano, la precariedad estatal y la diversidad de actores en disputa ha configurado un mapa de coaliciones de poder que, por un lado establece regímenes locales basados en concesiones otorgadas ‘desde arriba’, que sostienen la política del despojo; y por otro lado, conforma canales entre poderes que permite cierta transmisión de riqueza y poder hacia los precarizados mandos centrales o esferas de poder más altas. Todo esto ha generado la formación de una especie de federación del saqueo.
III. ¿Qué nos muestra Venezuela de este nuevo tiempo político en América Latina y el Caribe?
La derechización del Gobierno bolivariano y los lastres de la izquierda
El devenir del proceso bolivariano nos ha llevado hasta este desastre que se vive en el país, hasta este largo laberinto del cual aún se busca desesperadamente una salida. Así como es indiscutible que este ha sido un proceso muy conflictivo y que este terrible resultado ha sido también construido por otros actores políticos a parte del Gobierno bolivariano (poderes económicos locales tradicionales, partidos políticos de oposición nacional, derechas regionales, política exterior estadounidense, grandes capitales financieros transnacionales, etc.), del mismo modo es indiscutible que ha sido el propio Gobierno el principal responsable de esta situación, allanándose el camino a ella incluso desde el período de Chávez. No es posible eximirlo de este desastre, como tratan algunos. Pero incluso hay que señalar algo aún más grave: en el período de la Gran Crisis que se inaugura a partir de 2013/2014 hasta nuestros días, se genera un extraordinario despliegue de lógicas del saqueo y el desfalco impulsadas desde las estructuras de poder del Estado –que ya existían previamente y se señalan como una de las causas coyunturales de dicha crisis–, las cuales, ante la suma de intereses y circunstancias acaecidas, terminaron asentando la política del saqueo como sistema de gobierno. En el marco del proceso de descomposición política y derechización del Gobierno bolivariano, antes que poner en primer lugar la solución de la crisis, se ha priorizado el mantenimiento del poder a toda costa, por lo que se fue reorganizando conscientemente el extractivismo hacia esta forma predatoria, administrando la sociedad desde la precariedad y el estado de excepción militarista, con un alto componente criminal. El actual Gobierno de Maduro es absolutamente funcional al capital foráneo y la apertura de nuevos procesos de re-colonización, principalmente vinculados a China y Rusia, lo que no es del agrado del Gobierno de los Estados Unidos, que considera a Venezuela como parte de su patio trasero.
El caso de Venezuela ha sido muy sensible para las izquierdas en el mundo, para sus agendas, su legitimidad y reputación, que hoy se encuentran en un proceso de reflujo y estancamiento, mientras sectores de derecha y extrema derecha han crecido en la región. Sobre esto, de manera general pueden destacarse dos tensiones que evidencia el caso venezolano. La primera, señala que el proceso de derechización en Venezuela, antes que darse por la llegada de un nuevo Presidente de ‘derecha’ (como ocurrió en el caso argentino o brasilero), fue generándose desde el propio seno del proceso bolivariano, y sectores de las izquierdas tienen parte de responsabilidad en esto, al acordar que la política ‘correcta’ era no sólo apoyar y acallar sus críticas, ante el avance de casos de corrupción, errores de gestión y represión a organizaciones sociales, sino incluso señalar, criminalizar y tratar de neutralizar las críticas que otras izquierdas sí realizaron. Esto vuelve a evidenciar que la autocensura y el rol policial es un terrible camino para estos sectores ‘contra-hegemónicos’.
La segunda, y en relación a lo anterior, nos muestra que parte de las izquierdas no han sabido hasta hoy rechazar a un Imperio criminal como el de los Estados Unidos (y sus aliados), sin terminar dando sostén a un gobierno autoritario que, en nombre del ‘socialismo’ y la ‘revolución’, impulsa políticas neoliberales, saquea el país, favorece al capital transnacional, mientras persigue trabajadores, indígenas y campesinos. Los pueblos, en sus luchas concretas y anhelos emancipatorios, sencilla y lamentablemente no tienen sólo un enemigo.
Venezuela es un síntoma del nuevo tiempo latinoamericano
Pero, además de los debates en la izquierda ¿qué nos dice Venezuela de este nuevo tiempo político en América Latina y el Caribe? Una de las grandes preguntas que surgen es si esta fase predatoria del extractivismo es sólo la expresión de una crisis localizada y coyuntural, o si bien revela los factores constitutivos de un nuevo período histórico que se despliega en el siglo XXI.
Venezuela podría también ser vista, tal vez, como la más clara expresión de la crisis de la civilización petrolera. Si se quiere, también evidencia muy bien los probables escenarios (ya no tan futuros) del antropoceno: colapso energético, caos sistémico, migraciones masivas, disputas por los recursos, etc. Luego, podemos analizar en detalle la especificidad latinoamericana, y advertimos que en Venezuela lo que colapsa es precisamente una sociedad basada, con un alto sesgo, en el modelo extractivista/rentista/dependiente y lo que estallan son las contradicciones sociales, económicas, culturales, geográficas y políticas propias de nuestras sociedades periféricas (como la dependencia alimentaria, las desigualdades y marginación social, fuerte informalización de la economía, violencia endémica, expansión de la criminalidad, entre otras). Esto nos remite a pensar en dos factores: uno, ante la intensificación histórica de las contradicciones inherentes de nuestras sociedades, es necesario resaltar la inviabilidad de las economías dependientes y de cómo la apuesta extractivista/rentista es más riesgosa y nos va a salir cada vez más cara. Dos, ya es por tanto, una cuestión de sobrevivencia comenzar un tránsito post-extractivista y post-capitalista en la región, que incluya además elementos de adaptación y resiliencia ante los tiempos por venir (ej. el cambio climático). Lamentablemente, caminamos en sentido contrario.
Otro elemento a evaluar es el problema de la derechización. La del Gobierno bolivariano no está desconectada de la ola reaccionaria que tensiona al mundo. En este sentido, conviene más analizar estos procesos de derechización como una reacción y síntoma de la crisis global; pero también cómo esta se refleja no sólo en los gobiernos o partidos contendientes, sino en diversos ámbitos de la vida socio-política. Las políticas de Donald Trump o la radicalización de la avanzada contra la Amazonía por parte de Bolsonaro, no son, en esencia, diferentes de la exacerbación del extractivismo en toda América Latina, de la política del saqueo del Gobierno de Maduro, o de la explosión del crimen organizado transnacional en nuestra región. Todos comparten lógicas de despojo altamente patriarcalizadas y autoritarias, que van extremándose tanto en las formas de violencia, en la devastación de la naturaleza, como en la asfixia a los ya precarios sistemas democráticos.
Así que, hay muchas más cosas que mirar además de los gobiernos, partidos y líderes políticos, cuando se trata de reflexionar sobre este nuevo tiempo en la región. Venezuela nos muestra que, desde las entrañas de los procesos también germinan formas de derechización. La gran expansión y creciente penetración de las economías ilícitas en los territorios y las prácticas sociales y comunitarias se replica en toda la región, con mucha fuerza en Centroamérica, Brasil, Colombia, México y Perú, y de manera creciente en Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Paraguay. Estas se conectan con los altos niveles de corrupción estatal de nuestros países y conforman coaliciones de poder, gobernanzas criminales, nuevas geografías del despojo. Transforman la fisionomía de los Estados latinoamericanos y de la política en general, los cuales están respondiendo con menos democracia y más militarización y estado de excepción. A eso nos enfrentamos.
¿Cómo nos enfrentamos a esto? Pueblos en movimiento, nuevas subjetividades y el horizonte de lo común en tiempos de tormenta
El escenario, como ya se evidencia, es bastante complejo y las preguntas son mucho más numerosas que las respuestas. Pero en todo caso, no nos conviene mirar solamente lo que domina, lo que agrede, lo que amenaza. Este nuevo tiempo político no lo define únicamente la violenta derechización. Hay que resaltar también aquello que se opone, que re-existe, que construye alternativas, que las transita en el ahora (por tanto, hablamos de cosas que van mucho más allá de los partidos de izquierda, o de si Cristina va a volver o no en Argentina).
El contagioso movimiento de mujeres que crece en varios rincones de la región; los ya numerosos procesos de consultas populares en Colombia (que se replicaron reciente y exitosamente en Ecuador); el movimiento campesino, las movilizaciones estudiantiles y la Minga indígena del Cauca, nuevamente en Colombia; los movimientos urbanos en Brasil (como el Movimiento Pase Libre); las múltiples movilizaciones y organizaciones sociales que han logrado neutralizar el conjunto de proyectos mineros en el Perú; el movimiento mapuche de recuperación de tierras, en Temuco (Chile); o la Marcha Campesina y la Plataforma de Lucha Campesina que en Venezuela, desde el año pasado, se ha movilizado, ocupando instituciones y por la recuperación de tierras, generando solidaridades de otras organizaciones sociales y enarbolando su lucha contra el latifundio. Son algunos ejemplos. Muchos o pocos, fuertes o débiles, estables o efímeros, son estos movimientos el principal bien de re-existencia que tenemos en la región.
Pero además de ellos, emergen también múltiples formas de descontento, de rebeldía, de solidaridades en red, que tienen otros tiempos, otros códigos, otras definiciones. ¿Qué sujetos, qué potencialidades surgen de las sostenidas protestas que se desarrollan en Honduras al menos desde 2017? ¿Qué nuevas subjetividades aparecen de las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Qué otras de las movilizaciones que derrocaron a Ricardo Roselló en Puerto Rico? ¿O qué podría emerger de un cierto desgaste de la polarización política en Venezuela, que ha abierto el camino a que actores políticos y organizaciones comiencen a establecer canales, puentes y alianzas para salir de la crisis?
Lo cierto es que existen nuevas subjetividades, otras formas de politicidad, expresiones de solidaridad que son más movibles que estables, que parecen no tener la ‘forma’ esperada y una más clara ‘definición ideológica’ para algunas izquierdas, por lo que no son consideradas como sujetos ‘válidos’ para una potencial transformación emancipatoria. El debate sobre el movimiento de los ‘Chalecos Amarillos’ en Francia ha expresado estas tensiones. Por otro lado, existen también contradicciones que, con la agudización de la crisis, se intensifican en el seno de las organizaciones sociales, lo que también se presenta como una tensión en la valoración sobre las potencialidades emancipatorias. Por ejemplo, numerosas comunidades del pueblo indígena pemón, en el sur de Venezuela, ha luchado férreamente por el derecho a la autodeterminación en sus territorios ancestrales. Mediante su lucha han logrado desplazar a bandas criminales y militares corruptos que en sus territorios practicaban la minería ilegal de oro. En su lugar, han ocupado las minas y reiniciado la actividad minera, con motobombas y mercurio, ahora para el usufructo de sus comunidades. Varias organizaciones sociales que acompañan a los pueblos indígenas los han apoyado.
Lo esencial de esta discusión es no sólo reconocer que el campo popular es contradictorio e híbrido, y probablemente lo sea cada vez más, sino que el propio antagonismo está en disputa (y en dicha disputa participan inclusive las derechas). Estas nuevas potencialidades, ¿a qué proyecto pueden tributar? ¿Es viable hoy un gran programa emancipatorio en el que confluya la enorme heterogeneidad de subjetividades que buscan un cambio? A parte de esta última gran pregunta, es claro que entre los retos fundamentales siguen estando las posibilidades de una articulación amplia en la diversidad, que logre sumar fuerzas lo suficientes para enfrentar tanto las fuerzas políticas conservadoras/reaccionarias como el sistema económico global, que funciona en múltiple escalas.
Lo único que nos queda es lo común: nuestra casa común, que abriga y envuelve la vida que nos hermana; nuestras memorias ancestrales, nuestro hacer para la reproducción de la vida, que sólo es posible, en su esencia socio-ecológica, si se construyen en colectivo. Si la depredación capitalista se radicaliza, parece necesario radicalizar la apuesta por lo común. Defendiendo lo común existente, las últimas fronteras materiales, culturales y espirituales de los pueblos; y retejer incesantemente en todo lo que ha sido desgarrado por esta lógica civilizatoria, pero también en todo lo nuevo que emerge, que es fluido, contradictorio, maleable, que migra y es nómada.
Si la palabra democracia aún tiene sentido, todo impulso emancipatorio ante y contra la hidra capitalista tiene que ser por más democracia, nunca por menos. Siempre más, más democracia.
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes – Universidad Central de Venezuela).
Fuente: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/12/venezuela-extractivismo-predatorio-politica-del-saqueo/?fbclid=IwAR3lV-ndFHk_pFWXn5C_ErCDbN7G-XDThabD_mD9cInUSk4Uvmpe5xI7Xfc
