Javier Contreras
Como todo deterioro, el que se evidencia en Venezuela no obedece a una especie de irrupción mágica e inesperada; es, al contrario, el resultado de la implementación sistemática de políticas por parte del Gobierno dirigidas a controlar absolutamente todas las áreas de la vida nacional.Economía, seguridad, alimentación, salud, educación y, por supuesto, los medios de comunicación, son escenarios de imposición de criterios de quienes detentan el poder.
Ante un panorama en el que el respeto a las garantías (incluso las más elementales) no existe; donde la discrecionalidad de los funcionarios, especialmente el Presidente de la Republica, es el parámetro por el que se rigen las instituciones; donde la apuesta por la relación clientelar entre el ciudadano y el Gobierno constituye la base de las denominadas políticas sociales, eliminando así la posibilidad de la formación de sujetos realmente conscientes de su potencialidad y responsabilidad respecto al Estado; la sensaciónes de incertidumbre y temor, elementos compartidos por un amplio porcentaje de la población.
Fragilidad que amenaza
A dos años del ajustado triunfo electoral de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles, ningún aspecto de los considerados neurálgicos para la vida nacional ha mejorado. Violencia armada, inestabilidad económica, desabastecimiento, confrontación y el desplome de los precios del barril del petróleo en los mercados internacionales, son los signos que acompañan la gestión del primer presidente de la era post Hugo Chávez.
Con la pesada carga que representa estar a la sombra de un líder de las dimensiones de Chávez y habiendo heredado, por derecho de coautoría, las consecuencias de una sucesión de errores políticos y económicos, la administración Maduro batalla contra una realidad que parece superarla, bien por no querer llevar adelante las reformas necesarias, a riesgo de distanciarse de lo que recibió como legado, o bien por incapacidad propia y de sus colaboradores cercanos, quienes son claramente los más beneficiados en términos económicos y de cuotas de poder.
Las medidas tomadas durante estos dos años exponen la privilegiada posición que ocupa la deformada ideologización que las sostiene. No es posible encontrar coincidencia entre los logros que exhibe el Gobierno y la depauperación de las condiciones de vida de grandes sectores. La dificultad para contrastar cifras, para acceder periódica, sistemática y puntualmente a indicadores serios, medianamente creíbles[ se hace patente cuando lo que se anuncia desde los organismos oficiales responde más a un panfleto propagandístico, rodeado de rimbombantes aforismos, que a la presentación de estadísticas de interés nacional.
La actitud del Gobierno ilustra las estrategias pensadas para hacerle cara al momento actual del país. Por clara que parezca la debilidad producida por sus propios desaciertos, más allá de la innegable dificultad económica que se ha instalado; sobre los números crecientes de personas muertas a manos del hampa común y de la delincuencia organizada, la línea continúa siendo la misma: responsabilizar a quienes piensan distinto (definidos no como adversarios, sino como enemigos, con el consecuente trato que tal condición supone), endosarles las propias culpas y con ello pretender llenar de fantasmas (que por amenazantes han de ser eliminados) la escena política nacional e internacional.
Entre negaciones
El desconocimiento del otroes hoy la factura que se paga por los exitosos intentos polarizadores de la dirigencia política nacional. La repetida práctica divisionista ha conducido a la creación de bandos tan claramente identificables como enfrentados, grupos de venezolanos que aun compartiendo las mismas dificultades reales (inseguridad, desempleo, inflación, desabastecimiento) no logran concentrar voluntades y esfuerzos en torno a lo que los hace uno.
En los sectores más extremistas del Gobierno y de la oposición no hay interés alguno en abrirse al otro. Se entienden solo desde ellos y para los suyos. Probablemente en esa incapacidad de pensarse como parte y no como el todo, radique la migración de un importante número de venezolanos que han comenzado a desconocer a quienes los desconocen a ellos, movilizándolos a formar un nuevo polo compuesto por hombres y mujeres que ante la dinámica de exclusión que se propone desde los supuestos representantes, anhelan una pertenencia que se base en proyectos y no en justificaciones, que se sustente en la construcción de modelos realmente superadores, no en megalomanías o añoranzas por el pasado.
Instalada la lógica de ellos o nosotros cualquier acción que reduzca al contrario es razonable, peor aún, necesaria. En este tipo de juego es obvia la ventaja inicial con la que parte quien representa al poder, grupo que maneja arbitrariamente los recursos financieros, humanos y logísticos, lo que le permite manipular a su antojo los mecanismos establecidos en cuanto a la administración de justicia, represión y distintas formas de ejercer censura o presión.
Es en este contexto que se observa la magnitud de la irracionalidad de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, que haciendo gala de su autoridad no deshecha oportunidad para mandar el mensaje sobre lo contundente de sus operaciones. Los destinatarios de la misiva son aquellas personas que padecen su efecto, aunque indirectamente se extiende, a modo de advertencia, a quienes pudieran tener la osadía de coincidir con los atrevidos exponentes de la diferencia.
Todo es negable, cualquier hecho puede dejarse de lado para ser sustituido por la matriz que la aceitada maquinaria propagandístico-publicitaria considere pertinente. Así actúa el Gobierno ante los distintos y abundantes problemas del país. La piedra de tranca con la que se topa, una y otra vez, es la realidad, tan dura y obstinada que no cede ante ideología, discurso, manipulación o disfraz alguno.
Son criticables los emprendimientos guiados a encontrar atajos, intenciones que no se apegan a los postulados de lo que se entiende como el ejercicio democrático de los canales regulares para la participación política. En esto hacen reiterado énfasis el presidente Maduro y los funcionarios de su administración; ahora bien, ayudaría al país todo, partidarios o detractores del actual proceso, que el Gobierno (obligado a reconocer y respetar también a todos por igual) reconociera finalmente y actuara en consecuencia, que no hay atajo posible para la realidad que indefectiblemente termina por imponerse.
Más allá de los nombres
La detención arbitraria e ilegal de la que fue objeto el Alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma, es un hecho repudiable en sí mismo; otra muestra del desprecio de las autoridades del Gobierno respecto a la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. El desproporcionado operativo con el que se ejecutó la captura o el secuestro de Ledezma genera rechazo en las personas e instituciones que, aunque opuestas a sus ideas y su trayectoria, creen en el innegable valor del respeto a la libertad de expresar opiniones políticas y la garantía de un sistema de justicia imparcial e independiente.
Resultan ofensivos a la inteligencia los pronunciamientos oficiales que tratan de cubrir con un barniz de legalidad lo que es un atropello. Cuando desde el reducido círculo del Presidente y sus selectos compañeros más cercanos se anticipan (y se han anticipado en otros momentos recientes) sospechas, detenciones, investigaciones y condenas de cualquier tipo y a cualquier persona, es imposible no especular sobre las verdaderas motivaciones tras hechos de este tipo.
Basta hacer un breve repaso por la lista de representantes de la oposición política que han sido blanco de la mano de hierro del Gobierno nacional. Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Richard Mardo, por nombrar algunos, son los rostros y nombres a los que probablemente se les sumarán, en un futuro inmediato, otros dirigentes que servirán para confeccionar la galería de trofeos del poder ejercido desde la intolerancia y la prepotencia.
Conviene que en momentos tan complicados como el que vive Venezuela la actitud de todos, especialmente de la dirigencia política, con mayor responsabilidad para el Gobierno, sea la de la sindéresis. Los excesos y la ilegalidad que acompañan la actuación en contra de la oposición arrojan claridad respecto a la tendencia del poder que ante las múltiples voces opta por la sordera selectiva, una suerte de ensimismamiento que lo incapacita como interlocutor de la realidad.
La indignación, no exclusivamente por el atropello violatorio de derechos al que fue expuesto Antonio Ledezma, obedece al rechazo de los mecanismos que se imponen desde el Gobierno para intentar callar opiniones.La preocupación no es únicamente producto de la ausencia de garantías en los procedimientos que se siguen en contra de dirigentes políticos; nace y se afianza con la intuición de que estos lamentables episodios se repetirán.
Es necesario llamar las cosas por su nombre, asumir la realidad sin dilaciones y abrirse a la posibilidad (que ya se muestra como obligatoriedad) de la implementación de medidas pensadas en la construcción de alternativas a la situación que se vive. El nombre que se le dé no es lo relevante, pero no queda duda de la pertinencia de emprender un cambio de rumbo que no ha de ser entendido por el Gobierno como un llamado a golpe de Estado, y por la oposición como la oportunidad de llegar al poder por vías no constitucionales. Mientras más tarde se den los primeros pasos, más cuesta arriba será el camino.
