Por Luis Angarita
Como muchos ya han descrito, Venezuela vive una de las crisis más profundas y continuadas de la historia contemporánea de la humanidad, con indicadores económicos y sociales que sugieren un Estado en catástrofe, o que haya padecido los efectos de una guerra. Ubicar el origen de tal crisis representa un ejercicio de creación importante, sobre todo para identificar las causas y corregir las fallas que como sociedad hemos tenido a lo largo de los últimos años.
Uno de los aspectos en el que coinciden profesionales de las distintas áreas de conocimiento es el del peso de las instituciones democráticas en el desarrollo económico y social del país. En el caso de la economía venezolana, dos de los factores que más determinan el camino desarticulado que ha recorrido nuestra sociedad tienen que ver con decisiones de política económica que han implicado la ruptura del arreglo institucional, como lo fueron la pérdida de la autonomía del Banco Central de Venezuela o el manejo de la deuda externa nacional, sin contar con la aprobación del parlamento venezolano. En ambas situaciones, las acciones derivaron en crisis profundas de hiperinflación y de deuda externa.
En medio de este escenario, el país se encuentra ahora excluido parcialmente del sistema económico y político internacional, sin acceso a mecanismos de financiamiento que puedan impulsar un proceso de reactivación de su estructura productiva, y tal parece que solo a través una reconstrucción del tejido institucional es que se puede alcanzar un proceso de inclusión en las distintas dinámicas de producción, comercio y financiamiento del sistema económico internacional contemporáneo, en un contexto mundial de retos fiscales, financieros y comerciales para atender la crisis originada por la pandemia.
Del contexto internacional, más allá del COVID-19
La revolución tecnológica
Mientras Venezuela avanzaba hacia el desconcertante territorio de la recesión prolongada, el mundo productivo inició un proceso de transformación productiva que reunió los avances en cibernética y telecomunicaciones con las innovaciones en ciencia y medicina para introducir nuevos renglones en el debate público tales como nanotecnología, ciberfábricas o el llamado “internet de las cosas”, para darle una nueva característica de salto cualitativo a los distintos medios de producción contemporáneos.
Este proceso, también conocido como “la cuarta revolución industrial”, tiene implicaciones tanto para el modelo de desarrollo de las distintas sociedades, como para el mantenimiento de un sistema internacional que garantice las capacidades de las generaciones presentes y futuras de producción y consumo idóneos para alcanzar un nivel de desarrollo pleno y una calidad de vida decente.
Por un lado, todo proceso productivo que implique una actividad repetitiva es susceptible de ser robotizada, dando paso a fábricas automatizadas que sustituyen la mano de obra por máquinas robot que modifican la relación de trabajo de las personas. Por el otro lado, y en la misma medida que avanza el uso de las tecnologías en los procesos de transformación, la llamada “economía naranja” marca una tendencia de uso de la creatividad en la elaboración de bienes y servicios, dando forma a nuevas modalidades de empleo y nuevos retos en la educación y capacitación de las sociedades. Esta tendencia genera así una diferencia entre oficios que son más vulnerables a la automatización tales como la agricultura, la minería y las manufacturas, frente a profesiones de creación intelectual menos vulnerables a ser sustituidos por la inteligencia artificial, como la informática, las finanzas, la educación y otros servicios profesionales.
La transición energética
En medio de estos cambios, se encuentra como telón de fondo una creciente preocupación por el medio ambiente y los efectos de la actividad humana sobre el planeta. Recientemente, tanto el grupo intergubernamental de expertos como la Conferencia Mundial sobre el Clima reunida en Glasgow, conocida como la COP 26, alertaron sobre el llamado “punto de no retorno”, en el cual las consecuencias de los gases de efecto invernadero (GEI) sobrepasarán la meta de 1,5° de aumento de la temperatura mundial, que es la meta fijada por los países en el Acuerdo de París, para evitar cambios drásticos que amenacen la biodiversidad.
En el centro del debate ambiental sobre el calentamiento global se encuentran las fuentes y usos de las energías en los procesos productivos. El dióxido de carbono (CO2) aparece como responsable del 80 % de los GEI, de manera que todas las políticas que persigan reducir la emisión de agentes contaminantes, pasan por la reducción de la extracción y consumo de energías de origen fósil, principalmente el carbón y el petróleo.
En el contexto pandémico, todos los esfuerzos de las principales organizaciones internacionales estuvieron enfocadas en contener la propagación del virus para evitar el colapso de los sistemas sanitarios, en primera instancia, para luego impulsar, mediante el gasto público y apoyo financiero, la reactivación de la economía y evitar así una recesión económica que se prolongue en el tiempo. Esta oportunidad la han aprovechado los distintos gobiernos para reorientar sus políticas de apoyo y estímulo a sistemas productivos más verdes y más sostenibles. Ejemplos de estas medidas los encontramos en la política de EE.UU. enfocada en alcanzar una economía con cero emisiones de carbono para el 2050 o el debate de formación del nuevo gobierno alemán, centrado en la eliminación de motores de combustión interna para el año 2030.
De esta manera, se está construyendo un perfil para la sociedad del futuro cuyos principales componentes están asociados a una transformación productiva, que requiere de cada vez más talento capacitado en profesiones vinculadas a la creatividad humana, enmarcado en una transición energética que, más temprano que tarde, sustituirá el uso de combustibles fósiles por energías más sostenibles.
Para nuestro país, el debate no puede enfocarse en cómo volver al sistema económico mundial, tal como lo conocíamos, desde nuestras ventajas comparativas naturales (el petróleo), sino con un profundo debate sobre el modelo de estructura productiva que deseamos para las futuras generaciones.
Un modelo de desarrollo consensuado
El avanzado deterioro de las condiciones del país urge a tomar posiciones que van más allá de la política y de las instituciones democráticas de Venezuela. Este marco institucional, se convierte en una precondición para que pueda haber un desarrollo armónico del país en su totalidad.
Pero la crítica situación insta a fijar una actitud mucho más definida y aterrizada sobre los problemas estructurales del país, desde temas de doctrina constitucional como la garantía a la propiedad privada y a la promoción de un modelo de desarrollo económico y social sustentable, pasando por cuestiones relativas a la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad tales como acueductos, servicio eléctrico, de telecomunicaciones, educativos y de salud, así como un modelo socioproductivo sostenible y de capacidad industrial que garantice a las generaciones presentes y futuras un nivel de vida decente y seguro.
La sociedad venezolana del siglo XX fue construida bajo una industrialización forzada por un Estado fuerte, dispuesto al gasto cuantioso y con amplias competencias, gracias a las oportunidades que las distintas bonanzas petroleras les ofrecieron a los modelos de turno. Una sociedad del siglo XXI no puede ser construida bajo la misma premisa, especialmente frente a la amenaza de cambio de paradigma energético, que ubica a la industria petrolera como freno al desarrollo sostenible y ecológicamente responsable. La sostenibilidad del Estado y de la sociedad en general debe entrar en el debate para plantear acciones futuras, asumiendo posturas más profundas que la sola atención a los problemas humanitarios circunstanciales del país.
Tres temas en particular deben formar parte de la discusión de un modelo de desarrollo que desde su origen debe implicar un consenso de las distintas visiones que puedan tener los miembros de nuestra sociedad. Estos temas son: la sostenibilidad fiscal en un contexto de fuertes compromisos externos, una modernización de los sistemas educativos y de capacitación para un nuevo paradigma socioproductivo y la generación de un conjunto de incentivos para orientar las capacidades productivas que se generen hacia un proceso de inserción internacional.
Para el primero de los temas, la mayoría de los planificadores entienden que para dar un salto cualitativo de crecimiento hacen falta recursos externos que permitan apalancar al sistema económico. Pero esta verdad aparente debe acompañarse de la convicción de que lo que pidamos prestado las generaciones futuras deberán honrarlo con impuestos, y eso lleva implícito un rompimiento con el paradigma rentístico que ha sostenido al país en los últimos 100 años.
El tema educativo también exige un acuerdo explícito. La mayoría de los procesos de industrialización han sido acompañados y sustentados por la innovación de sus sociedades. El más reciente modelo de desarrollo asiático comprende un apoyo institucional que invierte en sistemas de investigación y desarrollo que impulsen a modelos de innovación.
Por último, como ya hemos advertido, las transformaciones productivas cada día avanzan en ciclos más cortos y los saltos de paradigmas tecnológicos se hacen más frecuentes. La pandemia forzó a las relaciones humanas a dar un brinco y adelantar procesos de cambios tecnológicos acelerando fenómenos como la virtualidad, la inteligencia artificial, entre otras innovaciones en un mundo que, por un lado, reafirma las fronteras nacionales pero que, por el otro, aumenta la globalidad y la interdependencia de los sistemas productivos y de consumo. Así, cualquier actividad productiva estará intrínsecamente vinculada con lo global y lo digital.
Ante la crisis actual, con el entorno constantemente cambiante, y con el reto de la descarbonización mundial, el modelo de desarrollo venezolano debe sufrir una redefinición hacia los nuevos escenarios. Esta discusión debe conducir a un consenso de los distintos sectores de la sociedad para que dicho modelo de desarrollo pueda tener el soporte institucional que permita una transformación tan profunda como necesaria. Para una discusión tan significativa serán muy importantes temas como los expuestos en los principales consensos en materia de desarrollo mundial.
