… la société se débat au fond d’un abîme dont ses propres efforts ne peuvent la faire sortir.
Alexis de Tocqueville, sobre la América Española, en De la Democratie en Amerique, II.V.xiv (1840).
Comenzó el año con un hecho extraordinario que, según los responsables del destino nacional, abre «un nuevo momento político». Que este momento sea definido solo por la acción externa sería renunciar a las posibilidades que esta abre y, a la vez, abandonar al acaso la agencia política de los venezolanos. La responsabilidad de una restauración democrática, hoy incierta, no descansa solo en el liderazgo, sino también en la sociedad entera.
¿Post hoc, ergo, propter hoc?
§1 Venezuela transita de «Estado paria» a un cuasi-protectorado transaccional. La disrupción del 3 de enero no desmanteló el sistema; simplemente señaló nuevos interlocutores. Asistimos a la «subcontratación de la estabilidad» a un grupo local aventajado. Redefinida por vía de hecho la interlocución del mundo frente al Estado venezolano, se asignan responsables inmediatos de la continuidad administrativa: el centro recae en la doctora Delcy Rodríguez y en la cúpula superior no afectada por la intervención.
§2 ¿Por qué permanece en pie el sistema? Por la «Lección de Irak». Quienes deciden temen el caos de una «debaazificación» y optan por el orden para asegurar prioridades ante el riesgo percibido de colapso. Washington –bajo la impronta de Donald Trump– ha abandonado el nation-building tradicional por un «maximalismo quirúrgico»: propiciar los fines de EE. UU. sin los costos del previo modelo de intervención. Esta acción, aunque limitada, se dirige de manera inédita a un jefe de Estado en funciones, estableciendo una línea de sucesión y expectativas de conducta.
§3 Esto crea un arreglo colaborativo. El poder local opera ahora como agente parcial de un hegemón externo. Se espera que la administración ceda en áreas clave –energía, seguridad, migración– a cambio de su continuidad. Venezuela debe dejar de ser un problema para los intereses de EE. UU., cortando vínculos con potencias hostiles y convirtiéndose en un proveedor seguro de energía. La continuidad del statu quo depende hoy de mantener este orden sin poner en riesgo aquellas preferencias de política.
§4 Este equilibrio es intrínsecamente inestable. Gestionar arreglos duraderos con actores interesados en la extracción de recursos requiere afectar intereses concretos en el terreno, lo que pone en riesgo la estructura de incentivos de los socios de la distribución patrimonialista del poder. Si se liberan presos políticos, disminuye el control; si se impone control estatal en territorios clave, se afecta a las fuerzas irregulares que extraen recursos. Desarticular estos intereses para servir a la «prioridad de la estabilidad» será el desafío que ponga a prueba la cohesión del sistema, y require un acoplamiento profundo a una nueva forma de gestionar la sociedad.
§5 Este acoplamiento no es un trámite técnico, sino una paradoja para el sistema. El acceso a los mercados globales exige el tránsito de la discrecionalidad patrimonialista a la disciplina del compliance y la seguridad jurídica. Para sobrevivir económicamente, el estamento dominante se ve forzado a construir las instituciones –arbitraje y justicia independientes, transparencia contable, respeto a la propiedad intelectual, registros públicos confiables– que sirven de ácido para su propio poder arbitrario. El paso a una modernidad preterida genera obligaciones: el régimen busca el capital de Occidente, pero ese capital trae consigo un código genético institucional que, a largo plazo, no tolera el capricho del funcionario ni la irregularidad a la que se habían acostumbrado los sectores aventajados.
Statu quo, post bellum
§6 Para algunos sectores, asistimos al ápice de la «normalización». Calculan que la desregulación de la era «Maduro II» puede crecer ahora sin resistencia foránea, con la esperanza de una Venezuela predecible y apolítica. Esta ilusión busca ganar tiempo con el nuevo hegemón para mantener una amplia discrecionalidad de acción que no altere la correlación de poder interna, independientemente de la voluntad de la sociedad.
§7 Esta preferencia esconde la creencia de que la democratización debe posponerse indefinidamente por ser una fuerza desestabilizadora del consenso de las élites. La expectativa oficial es que, por desesperanza o por satisfacción material, la sociedad se despolitice y renuncie a las demandas de cambio. Esto refleja la enorme distancia de Miraflores respecto de la realidad social o, acaso, la convicción de que puede «reenamorar» al país si logra postergar cualquier consulta vinculante.
§8 Sin embargo, la extracción del presidente Maduro no resolvió las limitaciones estructurales de gobernanza. El sistema admite que existen límites normativos, fiscales y operativos. Tras décadas de desprofesionalización, el aparato estatal padece una precariedad técnica extrema. ¿Genera el Estado actual la confianza para captar el talento necesario? ¿Puede confiar el sector productivo en que el Estado honrará sus responsabilidades? La estructura patrimonial de los poderes existentes es una madeja mucho más compleja que el personalismo de antaño, y se enfrenta a una sociedad mucho más difícil de someter.
Audentes Fortuna iuvat
§9 ¿Asistimos a una transición? Es prematuro afirmarlo. Una verdadera democratización requeriría signos claros de liberalización: liberación de presos políticos, regreso de exiliados y fin de la censura. Paradójicamente, la estabilidad del sistema requiere reformas que limiten las necesidades de movilización de la sociedad. En la medida en que existan canales de interacción y representatividad, habrá menos necesidad de la protesta espontánea que la brecha entre demandas y eficacia gubernamental inevitablemente activará. La democratización debe ser argumentada ante las élites no solo como un imperativo moral, sino como una estrategia de control de daños. Un sistema cerrado acumula demandas en forma de resentimiento y exclusión, cuya única salida eventual es la explosión social o el colapso desordenado. Por el contrario, el pluralismo actúa como una válvula de escape institucional: permite que el conflicto se procese en términos de baja intensidad en lugar de términos existenciales. La transición de una estabilidad basada en el miedo a una basada en reglas no es solo una concesión a voluntades ajenas, sino a la realidad.
§10 La democratización implica competencia política regular e inclusividad. Requiere desmontar la visión del Estado como agente coercitivo de una causa particular para convertirlo en un aparato de gestión técnica de la Nación. Aunque el argumento predominante es que esto es postergable, la cultura y la conveniencia políticas sugieren que este vacío de legitimidad es un límite directo a la estabilidad prometida.
§11 El mandato del 28 de julio permanece como fuente clara de la demanda social, aunque su operatividad esté atrofiada por la represión. Los tutores externos y el remanente local lo tratan hoy como un síntoma de carencias y no como un resultado a ejecutar. La evitable tragedia de estos dos últimos años muestra las carencias del sistema presente, y marca la ruta hacia una eventual redemocratización del Estado. Sin embargo, los actores pro-democracia –definidos tan amplia o estrechamente según se prefiera– no están marcando la agenda pública. Hay figuras inescapables y organizaciones que no teniendo hoy presencia legal y libertad de operar en el territorio por su representatividad y su alcance social han de ser consideradas. Sin agotarlo aquí, nos referimos concretamente a María Corina Machado, Edmundo González, Vente Venezuela y a las organizaciones que hacen vida en la Plataforma Unitaria Democrática.
§12 Para los actores pro-democracia, el camino comienza por aceptar que un Deus ex machina externo no es garantía de cambio. La democracia ha de ser argumentada no solo como un valor, sino como la opción más conveniente para la estabilidad a largo plazo. Hay que dar a entender que la reinstitucionalización pluralista se aviene mejor con las preferencias globales que su alternativa autoritaria, a menudo hostil e impredecible.
§13 El éxito de los líderes democráticos dependerá de cuán creíblemente encajen su demanda en la prioridad de estabilidad. Esto implica postergar el maximalismo político sin renunciar a las causas centrales. No es la hora de los «moderados» sin credibilidad, sino de la moderación de los medios por parte de actores políticamente representativos, retando proactivamente al sistema sin perder la confianza de la base social. La sabiduría política hoy consiste en entender que la normalización es un territorio en disputa, y que el murmullo de la sociedad no es consentimiento, sino el umbral de una nueva forma de presencia.
§14 Los demócratas deben tantear los límites de la estabilidad actual. La sociedad recupera su agencia actuando, no solicitando permiso. Asumir que la crisis externa no ha mellado el equilibrio de incentivos del régimen sería un error; la brecha abre oportunidades para conseguir aliados internos dispuestos al desmontaje del statu quo. Calibrar esta presión, pacífica pero decidida, es la mayor exigencia para la sabiduría política de nuestro tiempo. La recuperación de la agencia social no requiere de una venia oficial, sino de una reocupación cívica de los espacios de lo público. No se trata de una rebelión armada, sino de la decisión de los cuerpos intermedios –universidades, gremios, comunidades, partidos– de operar bajo la premisa de su propia autonomía y de la vigencia del mandato soberano proscrito y preterido: hacer manifestaciones, promover normas y desreglaciones, definir el país distinto que quieren. Al actuar ‘como si’ la República fuese ya un hecho pleno, la sociedad obliga al sistema a una decisión costosa: o tolera una normalidad que se le escapa de las manos, o asume el costo político y reputacional de reprimir acciones que, por su naturaleza pacífica y técnica, son el fundamento de la estabilidad que el mismo poder ahora pregona.
§15 En suma, el inédito arreglo de «estabilidad sin legitimidad» es estructuralmente frágil. La democracia es el «crédito faltante» para que cualquier reforma sea sostenible. Como señaló el secretario de Estado Marco Rubio, las acciones externas producen un escenario de oportunidades, pero la meta descansa, en última instancia, en la voluntad de la sociedad venezolana y su liderazgo.
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