El éxito de los países que han contenido eficientemente el avance de la pandemia responde principalmente a tres acciones fundamentales: estricto confinamiento, aplicación masiva de pruebas para detección de la enfermedad y el uso de mascarillas y demás normas de bioseguridad en la vida cotidiana. No obstante, siendo América Latina una región marcada por la desigualdad social, la gestión de los Gobiernos para el acceso a las vacunas, tratamientos y sistemas de hospitalización es cada vez más precaria y cuestionable
Mercedes Malavé*
Según datos suministrados por la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Clarissa F. Etienne, sólo 3 % de la población de América Latina y el Caribe ha completado el esquema de vacunación en una región que, adicionalmente, depende enteramente de las importaciones, pues produce menos del 4 % de los productos médicos utilizados durante la pandemia. Salvo escasas excepciones, como lo son Chile y Uruguay, los datos muestran la realidad de una región marcada por la flagrante brecha de la desigualdad social que hoy afecta mortalmente el acceso a las vacunas, tratamientos y sistemas de hospitalización para combatir el COVID-19.
El caso de Venezuela quizás sea también excepcional en cuanto al pésimo manejo de la pandemia. Desde un depauperado sistema sanitario en emergencia humanitaria, hasta la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos que permitan acceder a auxilios financieros y sistemas de compra tanto de vacunas como de insumos y tratamientos médicos, lo cierto es que a nuestro país afecta no solo el flagelo de la desigualdad social en América Latina, sino también la indolencia gubernamental y la degradación política, económica y social que padecemos.
Los países que han tenido éxito en el manejo de la pandemia, responden principalmente a tres factores fundamentales: estricto confinamiento, aplicación masiva de pruebas para detección de la enfermedad y el uso de mascarillas y demás normas de bioseguridad en la vida cotidiana. Si bien en nuestro país la población demostró cierta conciencia frente al peligro de contraer el COVID-19, lo cierto es que la situación económica del venezolano no permite permanecer tantos días encerrados en hogares donde no hay alimentos, ni equipos de refrigeración, ni agua, gas, ni electricidad. Adicionalmente, la aplicación de pruebas altamente especializadas, como la PCR, no se ha implementado de forma masiva sino en escasísimos laboratorios y a un alto costo. No se conocen cifras reales sobre el número de contagiados y fallecidos. Los hospitales del país han servido de hospedaje y aislamiento de enfermos de COVID-19 con protocolos tan paupérrimos de atención médico-hospitalaria (falta de insumos, de personal, de higiene, de servicios básicos) que no pasan de ser hospicios para una población menesterosa.
En cuanto a la vacuna, el caso de Venezuela tampoco escapa del estado de alarma y desigualdad. Se conoce que el país ha recibido cerca de un millón doscientas mil dosis de vacunas, cifra que corresponde al 4 % de la población y que se adecúa al porcentaje de dosis suministradas en la región latinoamericana. No obstante, el director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, afirmó que
El organismo no tiene información actualizada sobre la cantidad de vacunas anti-COVID-19 que se han colocado en Venezuela. La última información disponible en el país era la aplicación de más de 316 mil dosis. De ese número, el 69 % se colocó al personal sanitario venezolano que combate en primera línea el COVID-19.1 (fuente: Efecto Cocuyo).
Es decir, del millón doscientas mil dosis que han llegado a Venezuela, apenas 218 mil vacunas han sido aplicadas al personal sanitario. La información acerca de un millón de dosis aplicadas en el país, aproximadamente, no ha sido suministrada al máximo organismo de salud en Latinoamérica. Tampoco existe un plan de vacunación público, ni lugares bien identificados donde se aplique la vacuna. Es presumible la corrupción y el mercado negro de vacunas.
Sanar de raíz la desigualdad y la corrupción
Si queremos aplicar un remedio de fondo a la problemática nacional que ha evidenciado, de forma dramática la pandemia del COVID-19, debemos reflexionar acerca de qué estructura político-institucional podría llevar adelante un exitoso proyecto de recuperación socio-económica, que contribuya a disminuir la brecha de desigualdad social que existe en nuestros países, y disminuya drásticamente los niveles de corrupción. En el caso particular de Venezuela, entendemos que la hazaña será mucho mayor, dada la crisis que atravesamos, pero el desafío es exactamente igual, pues hemos de recordar que nuestro país mantiene los mismos problemas estructurales del siglo XX, agravados exponencialmente por el ineficiente crecimiento del Estado, la crisis política y la caída de los precios del petróleo, que muchos consideran como el fin de la era rentista venezolana.
No se trata de redactar recetas o fórmulas mágicas. Elementos tan esenciales como la urgente necesidad de planificación a corto, mediano y largo plazo, la puesta al día de estadísticas y la concreción de iniciativas en un sólo plan de desarrollo sostenible, escapan de ser simples opciones de modelos electivos o prescindibles. Constituyen, como dije, una imperiosa necesidad y quizás nuestra más profunda carencia. Tampoco es una conjetura introducir el elemento del poder político, que debería superar, de una vez por todas, la resistencia a carecer de grupos privilegiados o élites de “enchufados”, como se le ha llamado últimamente. Asuntos como la estabilidad política, la continuidad administrativa en la ejecución de un plan de desarrollo nacional, y la necesaria descentralización del poder fortaleciendo, de una buena vez, la autonomía del poder local, tampoco escapan de ser elementos esenciales para la superación de los niveles de desigualdad e injusticia social en la región, y particularmente en Venezuela.
Aristides Calvani hablaba de la democracia como concepto y como instrumento. Ciertamente, el inicio de la era democrática venezolana coincide con la implementación de un modelo de estabilidad financiera, industrialización y crecimiento económico que, apoyado fuertemente en la renta petrolera, logró importantes índices de desarrollo, movilidad y un sistema moderno de seguridad social. Sin embargo, vicios asociados al rentismo, como la conocida enfermedad holandesa, la acechanza del populismo y la crisis de los partidos políticos nos fueron empujando al vacío por el que nos precipitamos hoy: absoluta carencia de autonomía, motor del desarrollo humano y social, en todos los ámbitos de la existencia humana: en lo personal, en los grupos sociales y en la estructura del Estado.
Por eso, para que la democracia sea un instrumento útil al servicio de los ciudadanos, y para que éstos puedan ser “consultados acerca de los deberes que les son impuestos y acerca de los derechos que les son conferidos” (Papa Pío XII), debemos avanzar significativamente en todo aquello que contribuya a reforzar el principio de autonomía responsable y solidaria de individuos, regiones y demás cuerpos sociales. Autonomía responsable y solidaria que genere una nueva relación entre el Estado venezolano y la sociedad; dinámica en la que el Estado garantice el orden, la seguridad y, por tanto, la confianza, y la sociedad despliegue toda su iniciativa y potencial emprendedor, científico e innovador. Volviendo al tema de la vacuna, por ejemplo, el sistema político venezolano está tan enfermo y debilitado que ni siquiera fuimos capaces de generar las condiciones y acuerdos necesarios, entre venezolanos, para traer la vacuna y suministrarla gratuitamente a los trabajadores del sector privado, proyecto presentado por Fedecámaras.
Las profundidades del iceberg
El principio de autonomía se aleja de una concepción individualista de la sociedad si consideramos que el individuo sólo se expresa públicamente a través de la existencia de grupos humanos, concebidos en torno a metas y necesidades que individualmente no podrían alcanzar. La cohesión social de estos grupos depende del diálogo político, de la solidaridad y de la responsabilidad con la que asumen los propios derechos y respetan los derechos ajenos. En cuanto al debate público acerca de las distintas visiones y problemáticas que presenta un proyecto de desarrollo e institucionalización, resalta la institución parlamentaria, órgano plural por excelencia en el que se dirimen diferencias y se exige la buena marcha y continuidad de un plan de desarrollo. Al respecto, Calvani recomendaba disminuir la función legislativa de originar leyes y restituir el poder de control del parlamento: “el parlamento nació, en efecto, para controlar económicamente al poder ejecutivo –el Rey– y su razón fundamental primigenia fue una facultad de control y no propiamente legislativa”.
En Venezuela llevamos años viviendo bajo parlamentos inoperantes que ni legislan, ni exigen cuentas al Ejecutivo, ni a la administración pública; legisladores que no se ocupan del problema de la salud, de la crisis de la pandemia y del pago de las vacunas. A todas luces, la crisis humanitaria y de la pandemia obedece a un grave problema institucional sin aparente solución a corto plazo. La ineptitud de la administración pública se incrementa cuando los cargos se convierten en el refugio de familiares, amigos y camaradas, que por lo general no tienen nociones mínimas para conducir un ministerio u órgano de recaudación tributaria. A esto debemos añadir que el Estado es el principal empleador, realidad que está cambiando por la fuerza de la crisis económica, pero que sin duda hace de la administración pública una poderosa arma política de manipulación y control social.
Podríamos seguir indagando en las profundidades del iceberg en el que permanecemos encallados. Hoy es la pandemia del COVI-19, pero mañana puede ser cualquier otra eventualidad de orden natural o económico.
¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían los lineamientos básicos para el levantamiento de nuevas estructuras a nivel nacional y regional? Como hemos dicho, no existen fórmulas ni recetas instantáneas, pero lo que sí sabemos es que no habrá verdadero modelo de desarrollo económico sin una nueva estructura político-institucional que brinde continuidad y cauce al plan de desarrollo integral. El fortalecimiento del sistema educativo como indiscutible prioridad de un acuerdo de recuperación nacional, la adecuación científica y tecnológica de las principales funciones del poder público para hacerlo más eficiente, más transparente y menos costoso; la función contralora del parlamento nacional que garantice la optimización de recursos; el fortalecimiento y promoción de grupos intermedios en los que la administración pública pueda delegar algunas funciones con el fin de incrementar su adecuado servicio e implementación. Estos son algunos de los campos en los que, tarde o temprano, tendremos que incursionar para recuperar a Venezuela.
Todo esto no es posible sin hombres y mujeres competentes:
De nada sirven las estructuras sin los hombres. En efecto, para que un cambio sea factible es necesario: la convicción de su necesidad, la certeza de su posibilidad y la seguridad de su realización. Las estructuras, como tales, no dan la convicción, ni la certeza, ni la seguridad. Esos sentimientos los dan, únicamente, la honestidad y la decisión de los hombres que se comprometen en la realización del proceso de desarrollo. Por eso, en definitiva, llegaremos siempre a lo mismo: la promoción del Hombre (Arístides Calvani).
*Coordinadora Nacional de Unión y Progreso.
