Conferencia Episcopal
Comunicado-.
Ante los hechos de violencia ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental “Uribana”, ubicado en el estado Lara, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, se dirigen a la opinión pública y a los medios de comunicación social:
- Manifestamos nuestra más honda tristeza y preocupación por los hechos violentos que han ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental “Uribana”, a partir del pasado viernes 25 de enero, que hasta el momento,ha arrojado 58 personas muertas y 88 heridos, entre los que se cuentan dos pastores evangélicos.
- A todos los familiares de las víctimas, así como a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Venezolana les queremos expresar nuestra solidaridad y oración en estos momentos de tristeza y dolor.
- Lamentamos y condenamos el funcionamiento impune y abierto de bandas y mafias internas que ejercen el control absoluto dentro de las instalaciones de los internados judiciales y penitenciarías, lo que origina que la poblaciónpenitenciaria tenga acceso a armas de guerra y armamento de uso exclusivo de los cuerpos de Seguridad del Estado, ocasionando constantemente muertes y actos violentos en los recintos penitenciarios.
- Constatamos la violación constante de lo establecido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se establece que el Estado debe de garantizar de manera especial la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad en las cárceles.
- Vemos con preocupación que la implementación de políticas penitenciarias por parte del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios son inoperantes e ineficaces; y sigan por lo tanto ocurriendo hechos violentos que vulneran el derecho a la vida a la integridad de las personas privadas de libertad. Además observamos que el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados, la violencia descontrolada, los retardos procesales y las vejaciones que sufren sus familiares, entre otros, siguen afectando a las personas privadas de libertad en Venezuela, lo cual choca con el anuncio del exiguo presupuesto aprobado para el presente año fiscal.
Ante esta realidad la Iglesia Católica no puede quedarse inerte
- Exigimos al Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, de cumplimiento del artículo 272 de nuestra Carta Magna referido al Sistema Penitenciario y que se comprometa de manera más decidida a solucionar la gravecrisis penitenciaria existente y se tomen todas las medidas necesarias para la no repetición de estos hechos y para la garantía efectiva de todos los derechos humanos de las personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano.
- Rechazamos categóricamente que a pesar de haber pasado ya más de una década de gobierno se siga buscando culpables de la crisis carcelaria en el pasado o responsabilizando a terceros, en vez de asumir su propia responsabilidad y utilizar todas las energías en buscar soluciones para el presente y cambiar la historia de los recintos penitenciarios en el futuro.
- Solicitamos al Estado que ante hechos de violaciones de Derechos Humanos en las cárceles haga investigaciones eficaces, independientes e imparciales que permitan procesar y sancionar a los responsables para que no siga reinando la impunidad.
- Exigimos al Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, nos permita la entrada en aquellos centros en los que ha sido suspendida la visita de los agentes de la Pastoral Social y Penitenciaria. A la vez solicitamos la garantía de la vida y de los derechos humanos de los privados de libertad, de los funcionarios que laboran en los recintos y una revisión del sistema penitenciario de modo que este sirva para que la persona encuentre el verdadero sentido de su vida y la pena se convierta en una oportunidad de desarrollo personal y restauración. Esta tarea no es sólo responsabilidad del Estado y debe éste buscar y aceptar la colaboración de las organizaciones que desde diversos ángulos se ocupan por años de la realidad carcelaria.
- Ante este drama penitenciario que se vive en nuestro país y que es la negación absoluta de la Dignidad Humana, no es posible asumir una actitud cómoda y tranquila, por lo cual apelamos a la responsabilidad ciudadana y a una actitud evangélica y nos comprometemos que desde nuestra acción pastoral seguiremos acompañando a los privados de libertad y a sus familiares.
- Pedimos a todos los cristianos: orar intensamente a Dios Nuestro Señor por la solución de la crisis carcelaria, orar por los difuntos y por sus familiares y a acompañar en la medida de sus posibilidades a las personas privadas de libertad siendo testimonio de caridad fraterna.
En Caracas, a los 29 días del mes de enero 2013
+ Mons. Roberto Luckert León + Mons. Baltazar Porras
Presidente Presidente
Oficina de Justicia y Paz Comisión de Pastoral Social
