Erick S. Mayora*
REVISTA SIC 754
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, sugiere acciones concretas en varios ámbitos ‒deportivo, laboral, de salud, cultural, educativo‒ para intentar resolver la problemática que se vive en las cárceles venezolanas
Comenzando el año 2013 el mundo penitenciario venezolano mostró nuevos episodios de la crisis intestina que padece. El 25 de enero, una situación violenta que aún no ha sido esclarecida se presentó en la cárcel de Uribana, ocasionando más de 58 fallecidos, varios reclusos heridos y la desocupación temporal del recinto penitenciario.
Ante este y muchos otros episodios de violencia carcelaria y crisis penitenciaria, el equipo de redacción de la revista SIC conversó con Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para conocer las propuestas que esta organización hace frente a la problemática. A Prado se le hace imposible hablar de las propuestas sin ahondar en los detalles de la crisis.
—Desde el OVP se ha denunciado en varias ocasiones la crisis penitenciaria que existe en el país y las responsabilidades del Estado frente a ella. ¿Qué acciones se deberían emprender para solucionar esta situación?
—Lo que se está viviendo en las cárceles de Venezuela no es una situación de ahorita. Es una situación que viene arrastrándose desde hace muchos años. La crisis se muestra en varios aspectos: violencia carcelaria, hacinamiento, ocio carcelario.
Pero además, hay unos elementos que también hacen al privado de libertad más violento; el tenerlo en una situación inhóspita donde tiene que dormir, desarrollarse o convivir en espacios donde las aguas negras se confunden con las blancas, donde para quitarse una amibiasis tiene que comer jabón de panela con papel higiénico o ponerse un clavo caliente en el nervio para calmarse un dolor de muela. Estas cuestiones van generando en el ser humano una conducta de incredulidad que lo vuelve indolente y violento. En relación a la violencia carcelaria, el Estado no ha sabido interpretar a las personas que ingresan al recinto carcelario, no ha sabido descifrar los códigos internos de la cárcel y no ha podido analizar la violencia que se genera ahí dentro. Hay códigos que determinan la muerte de un recluso, por ejemplo: el solo hecho de que ese recluso se quede mirando la visita de otro interno.
También está la institucionalización de la figura del pran, que opera bajo la mirada cómplice del Estado. El fiscal sabe que está ahí, habla con él y, además, negocia con él. El defensor del pueblo, igualmente. Cuando hablamos de negociación no hacemos referencia exclusivamente a lo monetario; tiene que ver también con el hecho de permitir que la figura exista, gobierne estableciendo penas de muerte y cobre una cantidad de dinero a otros internos porque, de lo contrario mueren o tienen que ir a las peores áreas del penal.
En cuanto al hacinamiento, en 1998, antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), había en Venezuela 24 mil presos; con el COPP quedaron en libertad unos 10 mil y en prisión, 14 mil. En ese momento existían 34 cárceles para dicha población. Ese era el momento de oro de esta administración para impulsar la clasificación y la observación de la población reclusa por el tipo de delito, grado de peligrosidad, la edad, el sexo y la separación por categorías de procesados y penados, reincidentes y primarios. Con este COPP tenemos, por primera vez, un código garantista de lo que es el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa desde el momento de la detención. No obstante, la población reclusa ha alcanzado hoy un total de 48 mil 262 personas. De ese total, 70% están en prisión preventiva (procesados) y 30%, condenados. Esto ha sido producto de una serie de reformas legales que evitan que la gente condenada tenga medidas alternativas de cumplimiento de la pena y que impiden la existencia de medidas cautelares.
De esos 48 mil 262 internos tenemos una capacidad instalada en las cárceles venezolanas solo para atender 16 mil 539, generándose un excedente de población penal de 31 mil 723; es decir, un hacinamiento crítico. Esta situación no te permite ejecutar ningún programa que busque el respeto a los derechos humanos de la población reclusa.
¿La solución es construir más cárceles? La solución está en desarrollar una política integral en materia carcelaria que vaya acompañada de una reforma legislativa en materia penitenciaria, en materia penal y en materia de infraestructura. Pero, ¿quiénes son los que deben impulsar este tipo de política? Las personas que sepan de cárceles, no amigos de las autoridades o del partido de gobierno ignorantes en la materia.
Por último, el tema del ocio carcelario. Este es uno de los grandes males del ámbito en cuestión. Como la vida del recluso corre peligro; como para salir de un pabellón hacia las áreas educativas, deportivas, culturales o laborales tiene que tener la autorización del pran, el recluso opta por no hacer ningún tipo de actividad productiva, entonces pasa a consumir drogas, se envilece sexualmente, invierte tiempo en la elaboración de chusos, de chopos, ve cómo hace para vender droga, para corromper a un funcionario de prisiones. Todo esto se traduce en un retroceso frente a la función reeducativa de la cárcel e impide, al mismo tiempo, habituar en conductas sanas a esa persona.
—Usted habla de algunos desaciertos del Estado en materia penitenciaria, ¿cómo quedan iniciativas como el Programa Nacional de Formación en Custodia Penitenciaria, desarrollado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), o la propia creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario?
—Quedan muy mal. Nosotros no tenemos un número de cárceles como para tener un ministerio. Brasil tiene más de seiscientas cárceles y lo que tiene es una Dirección General de Servicio Penitenciario Federal.
La Constitución, en el artículo 272, dice imperativamente que las cárceles se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos regionales o municipales, acotando la posibilidad de ir a una modalidad de privatización. Un elemento transformador del sistema carcelario en el país sería que cada gobierno regional asuma la responsabilidad de su cárcel y se le transfieran los recursos de mantenimiento, de personal y de alimentación. ¿Sabes lo que significaría tener la estructura del gobierno regional incorporada al problema de su cárcel? Yo dificulto que 23 gobernadores vayan a fracasar. Lo que sí sé es que el Estado nacional ha fracasado en cincuenta años por la bendita centralización. Vamos a crear, como dice la Constitución, un ente con carácter autónomo, netamente técnico, para generar políticas públicas hacia los gobiernos regionales y para el fortalecimiento de los programas de esas gobernaciones hacia sus cárceles, no para que este instituto se constituya en un tribunal disciplinario. Así se daría una combinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales para el fortalecimiento de programas en materia carcelaria.
En cuanto a la UNES, tengo mis diferencias con esta Universidad. El problema está en que no se debe brindar educación en una universidad donde se están formando policías a una persona que va a trabajar en reeducación de quienes han incurrido en delito. Lamentablemente vas a contaminar lo que es un educador en materia carcelaria con lo que es la seguridad policial. En países europeos como Francia, por ejemplo, el funcionario penitenciario no es un represor sino un educador. Nosotros tenemos que ir en este rumbo, de manera tal que no tengamos una cárcel donde el guardia tenga que andar internamente con escopeta o con ametralladoras.
Cada región debe tener su escuela penitenciaria. Nosotros hicimos una investigación donde entrevistamos a mil 800 internos y le preguntamos qué querían del funcionario de seguridad; la mayoría respondió que quería respeto. Los funcionarios de seguridad a los que entrevistamos respondieron lo mismo. Quiere decir que hay una demanda de valores ausentes, pues lo que se ha hecho es reprender al interno, y no comprenderlo para acompañarlo y para fortalecerlo como ser humano.
La cárcel es un área muy especial. Cuando ingresa a una cárcel una persona que violó, que mató, que robó, que extorsionó, que secuestró, tiene que ser comprendida por un funcionario que no tenga en la cabeza un chip policial ni militar. Por eso creo que en ningún momento se puede combinar la formación de un funcionario policial con la formación de un custodio penitenciario.
—En líneas generales usted ha referido algunas acciones que se deberían emprender, sin embargo le pregunto ¿qué otras tareas concretas hay que ejecutar o en qué otros ámbitos hay que actuar para resolver este problema?
—Yo creo que se deben construir algunas cárceles, pero se debe comenzar por los estados que no tienen cárceles. El estado Vargas, por ejemplo, tiene más de tres mil presos regados en el estado Miranda. ¿Por qué esos presos no están en su circuito judicial allá en Vargas, cerca de su núcleo familiar y cerca del área donde se les está procesando? En una situación similar se encuentra Cojedes y otros estados del país.
¿Por qué tienes que tener todos los centros penitenciarios en el estado Miranda? Miranda tiene Rodeo I, Rodeo II, Rodeo III, Yare I, Yare II, Yare III, el Instituto de Orientación Femenina (INOF), el Internado Judicial de Los Teques, el Centro de Procesados Militares (Cetinami). ¿Cuántos presos que no son del estado Miranda están en esas cárceles? Esto complica todo el sistema y le crea problemas al proceso de justicia de cada uno de estos seres humanos.
La solución no puede ser construir cárceles sin más. ¿Lo ideal sería que no tuviéramos cárceles? Sí, eso sería lo ideal. Pero para que haya menos cárceles tiene que haber más trabajo en prevención del delito, más inversión en programas educativos, en programas deportivos, recreativos, laborales. Ahora, ante la problemática que nosotros tenemos, hay que actuar y solucionar con sentido común.
Es necesario, en materia deportiva, sentarse con el presidente del Instituto Nacional de Deportes y que se ensamble, a través de un convenio, un programa formal para la atención de las personas privadas de libertad. No basta con que unos personajes famosos vengan a la cárcel un día y se realice un gran evento. Eso solo sirve para la foto. Lo que le hace falta al interno es un calendario permanente de juegos.
Es necesario sentarse con la empresa privada, no solo con el área pública, para trabajar y desarrollar áreas, proyectos que no estén abordando las empresas privadas ya establecidas. Esto puede garantizar la perdurabilidad del proyecto sin generar disyuntiva con otros actores empresariales.
En el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hay programas muy valiosos como el Teatro Penitenciario o el proyecto del Sistema de Orquestas Sinfónicas que, lamentablemente, ha sido utilizado más como tarjeta de presentación que como posibilidad de desarrollo para la población reclusa.
En el área de la salud, los responsables de asuntos penitenciarios tienen que sentarse con los jefes de las zonas sanitarias de cada uno de los estados para impulsar, desde la prisión, un comité de derechos humanos para la paz, para que así como el interno es parte del problema, sea parte de la solución pero con una agenda de trabajo. En esa mesa debe sentarse el director de la cárcel, el juez de la localidad, el fiscal de ejecución y el defensor del pueblo, las ONG, iglesias y representantes de cada una de las áreas del penal. Ahí deben poner el problema en la mesa, lo deben desarmar y deben plantear soluciones. Eso fue uno de los generadores de paz en El Salvador, en Guatemala, en Colombia y en Perú. En estos países los internos han puesto sus problemas de salud sobre la mesa y han conseguido soluciones.
Es cuestión de ver modelos, de estudiar cuáles se pueden replicar, qué se puede replicar y qué no se puede replicar, pero también es cuestión de que el director de la cárcel, que va a ser el gran gerente, maneje la materia carcelaria.
—¿Usted cree que la estructura de poder y las lógicas que se han generado dentro de nuestras cárceles permitirían ejecutar esos cambios?
—Para trabajar cárceles se requiere de gerencia, experticia, disposición y recursos. Cuando tienes personas que no cumplen con estos requerimientos, lamentablemente no vas a tener un panorama inmediato de solución. Que resulta muy difícil negociar con pranes, pues yo creo que con el crimen no se negocia. Cada quien debe asumir su rol. Hay que avanzar concientizando de manera que cada quien se ubique en su espacio, no sacando el fusil a modo de amedrentamiento.
El interno tiene que sentirse protegido por el Estado y en confianza como para participar en actividades deportivas, culturales, educativas y laborales. El Estado fue el que abandonó a los presos, por eso tiene que reflexionar sobre cómo asumir esta problemática generando confianza, garantizando el respeto a la persona y a sus pertenencias; tiene que poner en marcha un plan nacional penitenciario que ataque la vertiente estructural del problema pero también la reestructuración del sistema penitenciario venezolano.
Este plan tiene que construirse con los aportes de todos y no debe responder a intereses político-partidistas sino a la necesidad de solucionar la problemática que estamos viviendo en materia carcelaria. En el marco de este plan, el Estado debe de tener victorias tempranas para que se gane la confianza de los internos y de los familiares y pueda empezar así el proceso de transformación que se requiere en materia penitenciaria.
*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
