Carlos F. Lusverti P.
En su reciente visita a Ecuador, el presidente Chávez fustigó a la OEA y nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se une a un comunicado de prensa del Embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton sobre el comunicado conjunto que la semana pasada emitieran los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la OEA respecto del caso de Globovisión, que constituyen otro coletazo más de las críticas que el gobierno formulara contra el pasado informe de la Comisión Interamericana.
Concretamente, el Presidente Chávez indicó: “una comisión sobre derechos humanos, que nos condena todos los años. Vamos a crear en Unasur nuestras comisiones sobre derechos humanos, movimientos sociales y medios. Ya basta que nos impongan todo del Norte y se burlen con el mayor cinismo”. Esas fueron sus palabras.
La CIDH es un organismo de la OEA cuya función principal es promover los derechos humanos y en función de ello recomendar a los gobiernos las medidas que debería adoptar para fortalecer el respeto de los derechos. Durante 50 años ha combatido las violaciones de derechos humanos en el hemisferio de los gobiernos del más variado signo ideológico.
Si las críticas se refieren a las observaciones negativas de la Comisión Interamericana sobre Venezuela basadas en la información recibida de ONG’s, la solución no debería ser debilitar las instancias de protección sino por el contrario permitir la visita de la Comisión para que pueda ver y corroborar por sus propios medios la información. Al debilitar el sistema interamericano de protección de protección de los Derechos Humanos, no pierden los gobiernos ni pierde la Comisión: quienes pierden son las personas. Los mecanismos internacionales de protección tienen sentido cuando han fallado los Estados en proteger internamente a las personas, de manera que no será creando instancias “a la medida” que se fortalecerán los derechos humanos.
La idea de que UNASUR pueda incorporar a su agenda los derechos humanos no debe ser despreciada, sin embargo ello no debería debilitar las instancias actuales sino más bien sumaría a favor de la protección de los derechos de las personas que habitan nuestros países. Como instancia de articulación regional, UNASUR podría tener una comisión o mecanismo de derechos humanos, siempre y cuando se garantice una protección técnica imparcial e independiente de las personas que viven en sus territorios integrantes. Del mismo modo, solamente una instancia técnica independiente e imparcial garantizaría a los estados partes de UNASUR que no existan dobles estándares a la hora de evaluar el comportamiento de los Estados.
