El extractivismo es un modelo que se ha extendido en toda Latinoamérica, y es necesario verlo en su complejidad porque los gobiernos y las corporaciones manejan la misma lógica desde México hasta Argentina. Venezuela no escapa de esto y al entender las causas estructurales del decreto 2.248, mejor conocido como la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016, también podremos aproximarnos a las resistencias que los movimientos sociales vienen haciendo en otros países, aprender de ellas, para seguir aportando en la nuestra. Estas reflexiones son el resultado de cuatro meses de estudio en un Seminario de Ecología Social y Ecología Política organizado por los compañeros del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Y no son más que un aporte para la discusión. Nada de lo que diré aquí es nuevo, pero parece que se nos olvida. Así el objetivo de esta serie de artículos es profundizar en las razones de por qué decimos #NoAlModeloExtractivista y #NoAlArcoMinerodelOrinoco.
Minerva Vitti
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viene a profundizar el modelo extractivista y acentuar la lógica rentista en Venezuela. Con la incorporación de transnacionales. Esto responde a una lógica regional donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y habitantes de la zona.
En toda la historia de Venezuela nunca se había propuesto un proyecto de megaminería de tal magnitud y esto es significativo sobre todo para un país que en las últimas décadas ha basado su economía en la explotación del petróleo (que también ha traído sus desastres sociales y ambientales).
En el territorio donde se pretende ejecutar el megaproyecto existen conflictos de larga data, producto de la minería ilegal. Hay presencia de sindicatos, mafias, comerciantes, traficantes, grupos armados irregulares, militares, y personeros del gobierno que controlan la actividad minera. Y a su vez de población local, indígenas, gente que ha migrado de las ciudades para sobrevivir con los pocos ingresos que les deja esta práctica, que también tienen sus contradicciones internas.
La falacia de ordenar con megaminería la minería ilegal
Con el decreto el gobierno pretende “ordenar” lo que sucede en el territorio. El debate de la pequeña minería (en algunos casos hasta mediana por el uso de dragas, motobombas, y otras maquinarias) no se ha dado y ahora se intenta solapar con la megaminería, dos practicas muy distintas desde el punto de vista técnico, de impactos socio-ambientales, hasta de los actores involucrados. El Arco Minero del Orinoco no tiene que ser una respuesta para estos mineros informales, especialmente en las zonas con vocación minera de los municipios Callao, Roscio y Sifontes, en el estado Bolívar.
En esta misma línea es importante destacar que no toda la zona decretada (12 % del territorio) tiene vocación minera. Con el decreto el gobierno posiciona el discurso de que toda esa región practica minería, cuando solo son algunos enclaves mineros ya mencionados anteriormente. Por ejemplo, la minería aurífera ha estado más presente en el municipio Sifontes, no en El Caura o en Parguaza (todos estos lugares ubicados en el estado Bolívar)
En palabras del geógrafo Hector Escadell: “La decisión de basar el proyecto económico nacional en otra actividad extractivista minera, lo que evidencia es una visión cortoplacista por generar riqueza material a costa de los efectos de mediano y largo plazo sobre elementos naturales que, como el agua dulce, son esenciales para la vida; y sobre las posibilidades autogestionarias de las poblaciones locales, particularmente de los pueblos indígenas; mientras que paralelamente inviabiliza otras opciones más sostenibles (manejo de la selva y su biodiversidad, turismo, agricultura…)”.
La izquierda marrón
Resulta paradójico que un proyecto de este calibre haya sido impulsado en un proceso revolucionario, pero a su vez evidencia el viraje que han dado los gobiernos progresistas en todo el continente. Una real contradicción entre un desarrollo extractivista y el bienestar social que llegó al clímax en países como Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Venezuela.
Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), lo llama “la izquierda marrón”, donde “el decidido apoyo al extractivismo para alimentar el crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón”.
En estas las estrategias de desarrollo se basan en la intensa apropiación de los bienes naturales y se apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales. “Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra la pobreza”.
No obstante, en los discursos de los gobernantes se hacen algunas referencias ecológicas (“minería ecológica”, “motor minero”, “tecnologías ecoamigables”), se hacen invocaciones a la Pachamama y se rasgan las vestiduras por el “buen vivir”, que ni siquiera entienden y mucho menos practican.
“El Arco Minero del Orinoco es una continuación de las lógicas de colonización que ya se planteaba en el período temprano del neoliberalismo con Caldera. Además, esta lógica neoliberal hace que el proyecto tenga una importante función de respaldo de pago para la deuda pública (externa o interna externalizada)”, dice Emiliano Terán Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
Una conflicto regional
Un elemento muy importante es que el megaproyecto lo están ubicando en la Amazonía, una región de 7 millones de hectáreas, muy delicada en términos ecosistémicos y una de las más megadiversas del mundo. En este lugar, que compartimos con nueve países que también están dentro de la Amazonía, habitan la mayor parte de los indígenas de Venezuela (y más de 300 pueblos indígenas de todos los países que comparten la Amazonía)
Toda la zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción adicional de los volúmenes de agua en la zona, y a su vez en una profundización de la crisis energética que atraviesa el país.
El impacto socio-ambiental de este megaproyecto tendrá un carácter internacional: por la contaminación de ríos que desembocan en el Atlántico, el potencial impacto de esto en las pesquerías, modo de vida tradicional tanto en nuestras costas, como en los países vecinos; incluyendo que todo esto impacta profundamente la salud de las personas.
No es casualidad que también el megaproyecto Arco Minero del Orinoco esté ubicado en lo que sería uno de los “Ejes de Integración y Desarrollo” de la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que ahora se llama Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan). Esta es una propuesta de creación de infraestructura a escala continental, sin precedentes en el mundo, destinada a poner en contacto los centros de producción con los centros de consumo, incidiendo en una baja de los costos y una aceleración del traslado, promoviendo una mayor explotación de la naturaleza e incrementando el control social.
El IIRSA surgió de un acuerdo alcanzado en Brasil, en el 2000, entre los gobiernos de 12 países suramericanos, e incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata, y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El IIRSA se organiza por “Ejes de Integración y Desarrollo”. Precisamente hay uno llamado “Escudo Guayanés”, en el oriente de Venezuela, arco norte de Brasil, Guyana y Surinane. Con vínculos comerciales con Europa, El Caribe y la India. Salida atlántica de commodities y productos industriales desde la cuenca Amazónica.
Ni consulta previa, libre e informada. Ni estudio de impacto socio-ambiental
Luego del decreto 2.248 ha habido una manipulación del proceso de consulta previa, libre e informada, que no escuchó la opinión tanto de pobladores locales (liderazgo legítimo indígena) como de los especialistas en materia socio-ambiental y de la población en general, en atención a la magnitud del proyecto.
La consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios es obligatoria cuando se aprovechen recursos naturales en sus hábitats, y este derecho está garantizado en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y en el propio Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“¿Por qué no se nos consultó ese decreto? Es un punto grave no haber hecho una consulta. Sabemos que nuestro territorio sufre una emergencia económica. Creo yo que los indígenas no podemos pagar las consecuencias de eso. Es algo como que existen nuestras riquezas y vamos a acabar todo. Será que este decreto aunará más nuestros problemas, aquí en El Caura existe la minería ilegal, este decreto la legalizará. Esto es un peligro para nosotros. Desde el 2006 no se ha logrado parar la minería. Esto ha ocurrido por el mismo Estado y me atrevo a decirlo delante de la representación del Gobierno. Esto aumentará la invasión minera en nuestro territorio”, dijo Ramón Tomedes, indígena de la etnia yekuana, durante una visita que hiciera Indira Fernández, viceministra del área socioproductiva, hábitat y vivienda del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, a la comunidad de El Playón en abril de 2016 (dos meses después de publicado el decreto)
Los impactos socio- ambientales de este megaproyecto también han sido invisivilizados, empezando porque nunca se hizo un estudio de impacto socio-ambiental. Esto lo reconoció el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ha quedado reducido a un discurso que sólo habla de dinero, de las toneladas de oro que ha extraído la pequeña minería, del uso de “tecnología ecoamigable” cuando es conocido que se sigue empleando mercurio. Mientras tanto el gobierno oculta la situación de la salud de los pobladores, la erosión cultural, la contaminación, las masacres y desapariciones forzosas diarias.
Por otro lado, a medida que avanza el tiempo el gobierno ha comenzado a decir que solo se extrae el oro de una pequeña porción del territorio, los “pequeños” enclaves mineros del norte del estado Bolívar. Tratando de justificar que con esto se reduce el impacto. Esta visión errónea da cuenta que no hay un conocimiento de la interconexión de todo el territorio. Todos los ríos, cuencas, ecosistemas están relacionados. Lo que hagas en una parte afectará el resto.
Todo facilito para las corporaciones públicas, mixtas y privadas (y para los militares)
Este megaproyecto tiene como lógica imperante la flexibilización económica para lograr su viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias para sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado. ¿En qué se traduce? En un aumento significativo del poder de las transnacionales en el negocio. ¿Qué no han llegado las transnacionales? No importa, ese es el esquema planteado en el modelo neoliberal extractivista, y un patrón que se ha repetido en todo el continente.
“El Estado no controla el mineral explotado por la empresa ni mucho menos la comercialización de los minerales en el mercado internacional; que por lo general ocurre a través de las principales bolsas que comercializan “commodities” como la de Nueva York, Chicago, Londres o la de Toronto (enfocada en la compra-venta de oro)”, explica César Romero, miembro de la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco.
Uno de los casos más visibilizados es el de Gold Reserve, una corporación canadiense que no tiene ninguna experiencia en explotación minera, que el presidente Hugo Chávez sacó del país por daños ambientales, que luego nos hizo una demanda ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial con sede en Washington) por 769 millones de dólares, que ganó, y aun estamos pagando, y que ahora creó una empresa en Los Barbados para aliarse con el gobierno y montar “Siembra Minera”. Encima de eso la transnacional le vendió al gobierno de Nicolás Maduro, el set de datos técnicos de la mina Las Brisas por 240 millones de dólares, de dónde había sido sacada por lo explicado anteriormente. Entrega de soberanía en su máxima expresión.
Otro elemento importante es su lógica militar, que ha estado presente desde el siglo pasado en la explotación petrolera en Venezuela. Ahora, pasando por encima de todos los conflictos que ha habido entre los militares y los pueblos indígenas en varias zonas del territorio donde se pretende ejecutar el megaproyecto. En este caso se crea, dos semanas antes de publicar el decreto 2.248, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con atribuciones de amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. En cualquier caso, las Fuerzas Armadas no representarán el “interés general” en la zona, sino que tendrán un interés económico directo para que las actividades mineras no tengan ningún tipo de obstáculo.
Luchas socio-ambientales ante el megaproyecto
La Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco se constituyó semanas después de la aprobación de este decreto. El 31 de mayo de 2016 introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los accionantes de este recurso también visitaron las embajadas de Canadá, Suráfrica, Cuba, Estados Unidos, Rusia y Francia, de donde provienen algunas de estas transnacionales. Sin embargo, todo permanece en un universo de ocultamiento donde no se conocen ni contenido ni el estatus de los convenios con las transnacionales (aproximadamente 150 corporaciones anunciadas durante el lanzamiento del megaproyecto en agosto de 2016)
También se han organizado protestas de calle, pancartazos informativos, foros, seminarios en distintas universidades del país, con el objetivo de ir creando un tejido social fortalecido e informado sobre las magnitudes de este megaproyecto y sus implicaciones. Del mismo modo varias organizaciones indígenas han realizado pronunciamientos en contra del megaproyecto, entre estas la Organización Kuyujani de la Cuenca del Caura, La Organización de Pueblos Indígena de Amazonas (ORPIA), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) y la Organización de Mujeres Indígenas de Amazónas Wanaaleru.
Todas estas resistencias han ocurrido bajo la sombra del artículo 25 del decreto que dice lo siguiente: “Ningún interés particular, gremial, sindical de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido del presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la zona de desarrollo estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable. Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo”.
Existe una suspensión de las garantías constitucionales en 12 % del territorio nacional. Esto se traduce en la violación de derechos políticos, a la consulta, el consentimiento, la participación, la libre asociación y la información.
Ya hay personas que han sido llevadas a tribunales, ecologistas en Guayana que han sufrido allanamientos (Alejandro Lanz), censura en ministerios y universidades, despidos, remoción de cargos (como por ejemplo: Emilio Monsonyi, director de la Universidad Indígena de Venezuela; Santiago Arconada, profesor; y Edgardo Lander, profesor), y retención de periodistas y defensores de DDHH mientras trabajan en la zona que el gobierno ha delimitado para ejecutar el megaproyecto.
También se han documentado algunas masacres como la de Cicapra y Tumeremo. La desaparición de líderes indígenas (Oscar Meya, líder pemón), el asesinato de indígenas (14 indígenas de la etnia pemón en San Luis de Morichal, una pareja que quería salir de una mina en Kuyuwi, territorio donde vive la etnia yekuana, y otros que no salen en los medios de comunicación)
El cambio estructural y el fortalecimiento de la resistencia
Todavía hay gente que apuesta a que los precios del petróleo aumenten y a la minería, y no colocan en sus discursos el cambio estructural necesario. Estamos envueltos en un imaginario desarrollista, petrolero, profundamente extractivista, que atraviesa todas las clases sociales. Resulta chocante que aun “líderes” políticos de gobierno y oposición hablen sobre repartir la cuota de petróleo, cuando lo que está en discusión es el modelo de dependencia hacia la variación de los precios en los mercados internacionales. Estos “políticos” declaran a Venezuela como un país petrolero-minero, por encima de cualquiera de sus otras identidades, y plantean que el país saldrá de la crisis que atraviesa si explota sus bienes naturales a gran escala.
Es agresivo para todos los venezolanos y venezolanas que no se hable del reordenamiento de las finanzas, gastos públicos, y del combate de la corrupción. Por ejemplo la repatriación de los 450 mil millones de dólares que se robaron y que están fuera del país. ¿Cómo se pretende que el venezolano se ajuste el cinturón? Sencillamente esto no es justo y requiere de una lucha política, liderizada por movimientos sociales críticos.
Cuando se mencionan los impactos que ha tenido este modelo rentista a nivel social y ambiental, y que se profundizará con esta diversificación del extractivismo que no es más que una diversificación del rentismo (se cambia petróleo por minerales), algunos aseguran peyorativamente que los que hacen resistencia quieren volver a la “edad de piedra” o son unos “come flor antimineros” que no le importa lo que pasa en el país.
No es renunciar a la ciencia y a la tecnología sino ponerlas al servicio de la gente y el ambiente. No se trata de prohibir el consumo, sino darle nuevos marcos valorativos: qué consumimos, para qué lo consumimos, porqué lo consumimos, cuánto necesitamos. ¿Cuál es la verdadera razón de la explotación del Arco Minero del Orinoco? ¿Es necesario?
“Cualquier explotación minera debe tener un fin bien específico, por ejemplo, para construir viviendas necesitamos acero, para lo que hace falta la explotación y procesamiento del mineral de hierro. Ahora, está el caso del oro, en el que el más del 90 % de la producción mundial va destinada a la joyería, bancos o bonos. Nada útil para el avance y bienestar de la humanidad”, dice César Romero.
Para detener este megaproyecto o al menos frenarlo es necesario seguir fortaleciendo la conjunción de los saberes indígena-campesino, saberes ambientalistas, y saberes de los activistas, para poder posicionar un discurso que haga peso al discurso hegemónico, que devele las trampas del modelo extractivista y las alternativas a este. Es fundamental que crezca un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. Que nos sintamos dolientes de toda esta degradación que ocurre en un territorio lejos de las urbes pero que nos impacta profundamente. Ya tenemos dificultades para acceder al agua y a la electricidad, ya sabemos que el modelo rentista no sirve. El Arco Minero del Orinoco no traerá cambios estructurales para nuestro país, profundizará aun más la crisis que atravesamos. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Si leíste hasta aquí, ya empezaste.
