En febrero de 2016 se decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, para la explotación de recursos minerales en una de las áreas de mayor diversidad biológica y cultural de Venezuela. Esta zona abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, lo mismo que la extensión de Holanda, Bélgica y Suiza unidos. Esto implicaría impactos ambientales y socio-culturales en una gran extensión, incluso más allá de las fronteras del país. Un megaproyecto donde están involucrados Gobierno y empresas transnacionales en un contexto donde conviven población local, militares y mafias del oro
Minerva Vitti*
Una avioneta de la Guardia Nacional Bolivariana aterriza la tarde del 18 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En la pista espera un hombre robusto y con barba a medio afeitar, Víctor Cano, ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Un militar le extiende una caja forrada de tela roja. El ministro la abre y muestra unas barras de oro envueltas en un plástico, para la foto que luego será difundida por las redes sociales. Más tarde en un programa de radio dirá:
Hace unos minutos, entregamos 749,67 kilos de oro patrio al Banco Central de Venezuela (BCV). Es la segunda producción aurífera más alta que hemos despachado en lo que va de 2017. Con esta entrega, alcanzamos casi seis toneladas de oro entregadas por la pequeña minería desde el pasado abril. Son exactamente 5.992,05 kilos de oro.
Según el ministro, estas casi seis toneladas de oro, provenientes de la zona del Arco Minero del Orinoco, han sido “producto del esfuerzo y la organización de más de 25 mil mineros y mineras del norte del estado Bolívar, que se han comprometido a extraer el oro con tecnologías más amigables con el ambiente”.
La cantidad de oro se traduce en 27 millones de euros que “permitirán tanto aumentar las reservas internacionales venezolanas, como apoyar el desarrollo de proyectos socioproductivos y de empoderamiento popular”, reseña la nota de prensa del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
La extracción de este mineral se da en un contexto de crisis económica, donde la baja del precio del petróleo en los mercados mundiales ha hecho que el presidente Nicolás Maduro mire al sur más profundo del país.
Ahora se busca “legalizar” la minería ilegal en un territorio que tiene más de cincuenta años practicándola sin ningún tipo de control. Pero en esta ocasión entran al ruedo las transnacionales, a través de un megaproyecto donde no se realizó la consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas que habitan en este lugar (7,51 %), ni tampoco se hicieron los estudios de impacto socio-ambiental. Son muchos los actores y las dinámicas que se mueven actualmente dentro del Arco Minero del Orinoco (AMO). Aquí solo algunos:
“Sindicatos” mineros ejercen control en la zona
Los sindicatos son bandas criminales que controlan la actividad minera en el estado Bolívar. Su denominación de “sindicatos” no tiene relación alguna con la figura que los trabajadores crean para la defensa de sus intereses. Hay temor de denunciar esto fuera de las comunidades por las represalias que pueden tomar hacia ellos: “Ya lo han hecho con los criollos”, dice un yekuana que vive en la cuenca del río Caura, que limita con el área dos del AMO, donde se pretende explotar oro, entre otros minerales.
En febrero de 2016, se podía ver uno de los sindicatos a quinientos metros de la comunidad de El Playón, y a solo diez minutos de la alcabala militar Pie de Salto, ubicada en la cuenca del río Caura, estado Bolívar.
En abril de ese mismo año un miembro del sindicato le disparó a una mujer yekuana y los mismos irregulares la trasladaron hasta Maripa para que fuese atendida. “Allá los detuvieron y les prohibieron el paso, pero igual entraron, incluso se la pasan bebiendo con los militares. A mi primo le dispararon y le entró el tiro por la barriga y le salió por la espalda”, dice otro yekuana. Los indígenas cuentan que cuando el miembro del sindicato comete este tipo de faltas es asesinado o herido en alguna parte de su cuerpo por la misma banda criminal.
En julio de 2016, algunos indígenas informaron sobre el asesinato de una pareja que quería salir de la mina, ubicada en Kuyuwi, a seis kilómetros de El Playón, sin pagar vacuna al sindicato. Si la gente tiene doscientas gramas, cien son para el jefe de este grupo y el restante se divide entre los mineros y los miembros del sindicato.
Julio Sosa, indígena pemón que trabaja como operador turístico en el río Caura, nos relata:
Aquí el cacique no vale, ‘tienes que hablar con el sindicato’. ¿Por qué tengo que hablar con el sindicato si tengo a mi capitán aquí? A él es que debo informar qué es lo que voy hacer y qué es lo que me está pasando. Yo no reconozco al sindicato como mi autoridad. ¿Qué son ellos y para qué son ellos, necesito saberlo?
Esto se extiende a buena parte de las zonas donde se practica minería en el estado Bolívar, donde los mineros además de pagarle vacuna a los sindicatos también lo hacen a los militares.
Brigadas Socialistas Mineras y uso del mercurio
El 22 de abril de 2017, Jorge Arreaza, para ese entonces ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, dijo en una asamblea con los mineros del sector La Ramona, del municipio El Callao, estado Bolívar, que “de La Ramona salieron entre un 15 y un 20% del oro entregado recientemente, al Banco Central de Venezuela”.
Agregó que este era un sector de paz, muy bien organizado, con una propuesta de 39 brigadas, y los invito a acelerar la legalización de estas brigadas. También aseguró, del mismo modo que lo hace el nuevo ministro Víctor Cano, que el oro extraído por estos pequeños mineros y vendido al Gobierno, se había hecho sin la utilización del mercurio y con el uso de tecnologías limpias.
Sin embargo, una investigación realizada por los periodistas Edgar López y Julett Pineda[1] demostró que no había cambios en la forma como estos mineros venían trabajando: “Seguimos picando rocas en los barrancos, trasladando el material a los molinos y usando mercurio para separar el oro”, dijo el minero Misael Reyes, en Molinos Calderón, uno de los aproximadamente sesenta que operan desde hace décadas en el sector La Ramona de El Callao; y uno de los que está formalmente incorporado a las llamadas Brigadas Socialistas Mineras.
El testimonio fue recogido en abril de 2017; y el 5 de agosto de 2016 había sido publicado en Gaceta Oficial el decreto presidencial que prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio como método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro mineral metálico o no metálico, en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolle en Venezuela[2].
Las transnacionales: una amenaza latente
A la fecha no se cuenta con información oficial de transnacionales operando en la zona. Aunque si se manejan datos de algunas empresas mixtas ya constituidas. Una de las más controversiales es la Gold Reserve. En la misma investigación periodística reseñada anteriormente se devela que esta compañía canadiense, expulsada de Venezuela en 2008 y que seis años después ganó una demanda por daños y perjuicios calculados en 769 millones de dólares, que interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ahora regresa como socia del Estado venezolano para desarrollar el proyecto más ambicioso del Arco Minero del Orinoco: la explotación de Las Brisas-Las Cristinas, el mayor yacimiento de oro del país.
Para esta nueva incursión en el negocio minero venezolano, Gold Reserve creó dos empresas de maletín registradas en Barbados (GR Mining y GR Engineering). GR Mining (Barbados) Inc. fue la que se asoció con la Corporación Venezolana de Minería, S.A. para crear la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Siembra Minera, S.A[3].
El Ejecutivo nacional también oficializó, a través de tres decretos presidenciales, la creación de tres empresas mixtas para la exploración y explotación de coltán: la primera asociación es la Empresa Mixta Minera Metales del Sur, integrada por la Corporación Venezolana de Minería y la canadiense Energold Minerals, Inc., con participación accionaria de 55% y 45%, respectivamente[4].
La segunda empresa mixta está conformada por la CVM y la Corporación Faoz, C.A. y se denominará Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.El 9 de septiembre de 2017 el ministro Víctor Cano, anunció que dicho consorcio “cuenta con una tonelada de coltán almacenada para la exportación”.La tercera empresa mixta formalizada es Oro Azul, S.A., conformada por la Corporación Venezolana de Minería y Supracal, con la misma composición accionaria de las anteriores. Supracal es una empresa venezolana del estado Lara, “con más de 25 años de experiencia, dedicada a la fabricación y distribución de cal”[5].
Pueblos indígenas, minería e impacto en sus territorios
La penetración de actividades extractivas al territorio implica un contacto completamente irrespetuoso con el entorno cultural de las comunidades intervenidas. La empresa minera y petrolera que actúa en nuestros territorios, cuyo sujeto es la corporación transnacional o estatal, diseña estrategias hacia los pobladores que inciden en el quiebre de sus imaginarios identitarios, aculturando (proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia) al sujeto indígena tanto personal como colectivamente, para dar viabilidad y sostenibilidad a su actividad económica; tanto en el sentido de evitar cualquier tipo de resistencia de los pueblos aledaños, como para utilizar a la población para intercambios comerciales de bienes, servicios y mano de obra[6].
El AMO plantea a los indígenas que se quedan en sus territorios convertirse en mano de obra transnacional y la enajenación de su propio mundo. Además, traerá un ambiente de conflictividad por pugnas de poder entre los mineros ilegales y las trasnacionales. “Con este decreto se legaliza la minería ilegal en El Caura. Ahora sí nos van a matar. ¿Por qué no resolver primero el problema de la minería ilegal para hacer otro proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar con eso?”, se pregunta Asdrúbal Sarmiento, indígena yekuana de la comunidad de Las Pavas, ubicada en la cuenca del río Caura, estado Bolívar.
Y es que con este decreto surgen muchas interrogantes, entre ellas ¿qué pasará con los conflictos presentes por la minería ilegal? la cual el Estado no ha podido controlar a pesar de haber ejecutado distintos proyectos como la reconversión minera, para que los mineros se dedicaran a otros oficios; y el Plan Caura, implementado en el 2010 por el Gobierno nacional para detener la devastación ambiental generada por la minería ilegal en la cuenca del río Caura, y concebido para actuar de manera integral en lo social, político y militar.
Los que dijeron no
Una de las primeras denuncias contra el Arco Minero del Orinoco la hizo la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (Coiam) en junio de 2013[7]. En un comunicado manifestaron su preocupación por la implementación del Arco Minero del Orinoco, el Convenio entre Venezuela y China que incluía el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales en la región Guayana, y el Acuerdo entre el Gobierno venezolano, a través del Instituto de Geología y Minas (Ingeomin), y la empresa transnacional China “Citic Group” para desarrollar un mapa minero para la certificación y cuantificación de las reservas minerales de todo el país.
Luego de materializarse el decreto en febrero de 2016, distintas organizaciones ambientales, indígenas, universidades,se han pronunciado en contra. Incluso un grupo de ciudadanos creó un espacio de articulación y lucha llamado Plataforma por la nulidad del decreto del AMO, que introdujo ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad.
El 14 de junio de 2016 la Asamblea Nacional[8]también acordó rechazar este decreto y negar al Ejecutivo la autorización constitucional para la explotación minera de esta zona del país.
Pese a todas las presiones, el presidente Nicolás Maduro firmó contratos valorados en 4.500 millones de dólares con compañías transnacionales: “El Arco Minero es ya una realidad”, sentenció. Actualmente el AMO se vende como una oportunidad para promover proyectos socioproductivos, educativos y ambientales.
*Jefe de Redacción de la revista SIC.
Radiografía del Arco Minero del Orinoco
El llamado “Arco Minero del Orinoco” (AMO) se encuentra al norte del estado Bolívar, en el sur del río Orinoco. Recorre dicho estado de este (municipio Sifontes, frontera con el Esequibo) a oeste (municipio Cedeño, frontera con Colombia). Y recorre sectores de Amazonas y Delta Amacuro. Todos ellos son parte de la Amazonía, es decir, de “la extensión de bosque húmedo tropical más grande del planeta, con un área de 6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 35 % del continente sudamericano”
Tiene una superficie de 111.843, 70 Km2(12 % del territorio venezolano).
Está conformado por cuatro áreas con los siguientes recursos a explotar y las superficies que abarcan:
Área 1: área más occidental hasta el río Cuchivero con predominancia de bauxita, coltán, tierras raras y diamante (Superficie de 24.680,11 km2).
Área 2: entre río Cuchivero y río Aro, con predominancia de hierro y oro (Superficie 17.246, 16 Km2).
Área 3: entre el río Aro y el límite este del Arco Minero, con predominancia de bauxita, hierro y oro (Superficie: 29.730, 37 Km2).
Área 4: abarca el área conocida como Sierra de Imataca (oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita) (Superficie: 40.149, 69 Km2). Existe también un bloque especial, fuera del arco, ubicado al sur de Bolívar, en la zona de Icabarú.
Actores involucrados: 10 mil millones de inversiones
- 150 empresas de 35 países.
- Esquema: empresas mixtas, en las cuales el Estado sería titular de 55% de las acciones y tendría igual porcentaje en el total de las ganancias.
Población afectada
- 30 millones de venezolanos debido a las perturbaciones del equilibrio ecosistémico de todo el país.
- 7,51% de la población indígena. Poblaciones urbanas del estado Bolívar. Poblaciones de los estados Amazonas y Delta Amacuro.
Datos de interés
- Más del 70% del territorio del estado Bolívar y 49% de Amazonas están protegidos bajo regímenes de administración especial (Abrae), donde está terminantemente prohibida la minería.
- Venezuela es el único país de la región donde aumentó la tasa de deforestación entre 2010 y 2013.
- Los suelos del Escudo Guayanés constituyen la parte más antigua del planeta.
Notas
[1] http://www.arcominerodelorinoco.com/capitulo-04/
[2] Íbidem.
[3]http://www.arcominerodelorinoco.com/capitulo-02/
[4]http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/item/51410-oficializan-creacion-de-tres-empresas-mixtas-para-explotar-coltan-en-bolivar
[5] Íbidem.
[6] BERISTAIN, C., ROVIRA, D. y FERNÁNDEZ, I. (s/f): Las palabras de la selva. Estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador. Bilbao: Hegoa.
[7]https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/COIAM%20en%20Caracas.pdf
[8]http://revistasic.gumilla.org/2016/creacion-de-zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/
