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Una mirada a las políticas migratorias (y no migratorias) de Trump

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El 20 de enero de 2025, pocas horas después de asumir la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, calificando la situación de “invasión”. Esta declaración dio inicio a una serie de medidas cada vez más restrictivas. Muchas de estas acciones no deberían sorprendernos, ya que durante su primer mandato (2016-2020) y en la campaña para esta segunda presidencia, el tema migratorio fue uno de los puntos centrales. Sin embargo, estas medidas encienden alarmas sobre un creciente autoritarismo populista que amenaza el estado de derecho.

El cerco a la migración: restricciones, detenciones y deportaciones

Entre las primeras acciones de la Administración Trump[1][i] se encuentra la suspensión de la entrada de personas no ciudadanas y de aquellas sin un visado válido. Además, ordenó a diversas agencias gubernamentales que aseguraran la frontera, impidiendo la entrada de personas extranjeras ilegales; deteniendo a individuos sospechosos de violar la ley hasta su deportación; expulsando sin demora a toda persona extranjera que infrinja una ley federal; y procesando penalmente a quienes violen la legislación sobre inmigración, así como a aquellos que faciliten su presencia ilegal. También se buscó obtener el control operativo total de las fronteras de Estados Unidos, incluyendo la amenaza de negar la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense.

Adicionalmente, instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para hacer cumplir las leyes migratorias contra todos los “no ciudadanos inadmisibles expulsables”. Asimismo, ordenó al Departamento de Justicia procesar penal y civilmente a las autoridades de ciudades santuario (aquellas que protegen a los migrantes) si intentan obstaculizar las acciones del DHS y del ICE, y rescindió una política que protegía a migrantes en ciertos lugares, como iglesias, hospitales y escuelas[2]

En el marco de la declaración de emergencia nacional en la frontera, también solicitó a las fuerzas armadas que colaboraran con el DHS para obtener el control operativo total de la frontera con México, lo que incluye la construcción de muros y barreras, así como la vigilancia aérea de una zona de cinco millas contiguas a la frontera y ha recurrido a una legislación del siglo XIX para establecer procesos de deportación exprés contra personas sospechosas de pertenecer a bandas criminales, como el caso específico de Venezuela respecto al “Tren de Aragua”, a quienes ha calificado como enemigos extranjeros.[3]

Por otro lado, la Administración Trump anunció la deportación de personas al centro de detención en la base naval de Guantánamo[4] en Cuba, separando a los afectados de sus familiares y dificultando el acceso a sus abogados. En este centro de detención, se retuvo de manera ilegal y clandestina a cientos de personas en el contexto de la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde se denunciaron graves actos de tortura y trato cruel, inhumano y degradante, lo que genera preocupaciones sobre las condiciones de detención de estas personas.

Otro aspecto alarmante es la autorización al ICE para dejar sin efecto de manera discrecional medidas de permanencia temporal que garantizaban protección a solicitantes de asilo que habían ingresado a Estados Unidos desde Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela en los últimos años. Además, el Departamento de Seguridad Nacional terminó el Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, exponiendo a estas personas a la deportación.

No se trata solo de políticas migratorias

En sus primeros dos meses en el cargo, Donald Trump no solo ha implementado una serie de medidas que afectan los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos, sino que también ha tomado otras acciones que han hecho la situación aún más hostil. Por ejemplo, la suspensión de la ayuda y cooperación internacional[5] por 90 días ha impactado directamente a la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) y ha llevado al Departamento de Justicia a revisar, pausar, rescindir y revertir subvenciones a organizaciones que atienden a extranjeros expulsables o ilegales.

Estas medidas han afectado no solo a las empresas y organizaciones que ejecutan programas de asistencia, las cuales han tenido que suspender o rescindir contratos con sus empleados, sino también a millones de personas que se beneficiaban de estos programas de ayuda internacional, que abarcaban atención humanitaria y de emergencias, así como suministro de agua, medicinas, alimentos, educación, capacitación, empoderamiento y defensa legal para casos de asilo o violencia. Además, la suspensión y recorte de programas de asistencia humanitaria y cooperación internacional podría agravar las condiciones en países con crisis humanitarias, lo que a su vez podría impulsar nuevos flujos migratorios.

Asimismo, ha dado instrucciones al Departamento de Justicia para aplicar sanciones contra los países que retrasen o se nieguen a aceptar a sus ciudadanos expulsados desde Estados Unidos. No obstante, estas medidas podrían extenderse a la revocación de visas a funcionarios y familiares de estos gobiernos, e incluso a la imposición de aranceles como forma de “castigo”, como se amenazó a Colombia[6]

A esto se suman otras acciones que generan aún más alarmas en el ámbito nacional, tales como ataques, amenazas y restricciones a los medios de comunicación, despidos y suspensiones masivas de empleados federales, así como amenazas a jueces, abogados y organizaciones que cuestionan sus políticas.

Un horizonte oscuro, pero con una luz al final de túnel

La descripción de solo algunas de las medidas adoptadas por la Administración Trump en menos de dos meses desde su segunda instalación en la Casa Blanca enciende las alarmas, ya que estas son incompatibles con una serie de tratados e incluso con la propia Constitución de los Estados Unidos, que garantizan el derecho al debido proceso. Tratados específicos como la Convención contra la Tortura y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establecen la obligación de no devolver a una persona a lugares donde su vida o libertad puedan estar en peligro, o donde corran el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su estatus migratorio.

En este contexto, diversas organizaciones dentro de Estados Unidos han comenzado a presentar demandas ante los tribunales para frenar esta serie de acciones de la administración Trump, con la esperanza de que la Constitución y el estado de derecho prevalezcan frente a la deriva autoritaria. En algunos casos, los tribunales ya han bloqueado varias de estas medidas, lo que ha llevado a la administración a retroceder, pero reafirma la necesidad de contar con un poder judicial independiente y robusto que actúe de manera contundente para salvaguardar los derechos humanos.

Lee también: El tirano, el incorruptible

Referencias

1Presidential Action, Securing our Borders, 20 en enero de 2025, www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/securing-our-borders/

2 Department of Homeland Security, “Statement from a DHS Spokesperson on Directives Expanding Law Enforcement and Ending the Abuse of Humanitarian Parole”, 21 de enero de 2025 https://www.dhs.gov/news/2025/01/21/statement-dhs-spokesperson-directives-expanding-law-enforcement-and-ending-abuse

3 Presidential Actions. Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua. 15 de marzo de 2025 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/invocation-of-the-alien-enemies-act-regarding-the-invasion-of-the-united-states-by-tren-de-aragua/

4Presidential Actions, Expanding Migrant Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay to Full Capacity, 29 de enero de 2025, www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/expanding-migrant-operations-center-at-naval-station-guantanamo-bay-to-fullcapacity/

5 Presidential Actions, Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid, 20 de enero de 2025, www.whitehouse.gov/presidentialactions/2025/01/reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/

6 France 24: “Trump vs. Petro: ¿qué dejó el pulso sobre las deportaciones?” 28 de enero de 2025 https://www.france24.com/es/programas/el-debate/20250128-trump-vs-petro-qu%C3%A9-dej%C3%B3-el-pulso-sobre-las-deportaciones

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