El número de migrantes venezolanos que vuelven a Venezuela obligados por las dificultades que enfrentan, producto de la imposición de medidas para contener el COVID-19 en la región latinoamericana, está en aumento. Este drama se agudiza aún más cuando su patria los recibe en un contexto de emergencia humanitaria compleja desbordada por la pandemia: con restricciones, carencias y una creciente ola de discriminación hacia la población retornada, en condición de vulnerabilidad extrema.
Por Ligia Bolívar*
Quienes hoy están regresando a Venezuela, no lo hacen con entusiasmo, pues son parte de uno de los sectores más golpeados por la emergencia ocasionada por el COVID-19. Para entender las razones de este retorno hay que comenzar por ver algunas cifras.
En el caso de Colombia, Ecuador y Perú, tres de los países desde donde se está produciendo la mayoría de los retornos, la mitad de la población venezolana se encuentra en situación irregular y el 90 % se ubica en la economía informal. Siendo la cuarentena la principal medida adoptada por los Estados para contener la pandemia, las personas migrantes y refugiadas se vieron enfrentadas a la pérdida de sus fuentes de ingresos, destruyendo su capacidad de comprar alimentos y pagar arriendos. De inmediato fueron afectados por desalojos, y la suspensión de la actividad escolar privó a sus hijos de lo que en muchos casos era el único plato de comida seguro del día.
Por otra parte, los Estados demoraron semanas en tomar medidas para amortiguar el impacto de las disposiciones sanitarias en los sectores más vulnerables, como, por ejemplo, la prohibición de desalojos, que llegó cuando ya muchas familias estaban en la calle. Además, los programas de asistencia social no alcanzan a buena parte de los migrantes y refugiados, debido a que su condición irregular los hace invisibles. Sin ingresos, sin techo y sin alimentos para sus hijos, se vieron obligados a considerar el regreso a Venezuela como única opción.
Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en coordinación con organizaciones aliadas dentro y fuera de Venezuela, hemos hecho seguimiento a la situación de los retornados desde antes de su reingreso. Los primeros grupos llegaron a la frontera con la promesa de que del lado venezolano los esperaban “unos buses rojos” que nunca aparecieron, por lo que centenares de personas quedaron varadas en el terminal de San Antonio del Táchira porque, a la ausencia de los buses prometidos, se sumaba la falta de transporte regular debido a la crisis de combustible.
Con el paso de los días, finalmente funcionarios de Venezuela comenzaron a hacerse cargo de la situación, trasladando a los retornados a los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI), con una notable dosis de improvisación.
Hasta fines de junio, se estima que unas 80 mil personas habrían regresado al país, principalmente por los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela en La Guajira – Zulia, Norte de Santander – Táchira y Arauca – Apure y, en menor medida desde Roraima en Brasil al estado Bolívar. Pero más allá de las cifras, que resultan poco significativas ya que no alcanzan ni al 2 % del total de personas que han huido del país en los últimos 5 años, el regreso a Venezuela constituye un drama humano del cual el Estado venezolano es responsable.
Hasta el 19 de abril, cuando Acnur bloqueó el acceso público a la página web en la que se registraba la cantidad de cupos y la ocupación real de los “espacios de albergue temporal”, había 9.615 cupos y habían ingresado 6.539 personas para cuarentena preventiva, lo que indicaba que muy pronto los albergues llegarían al tope de su capacidad. En teoría, el protocolo de los PASI comprende las siguientes etapas: llegada a un PASI en población fronteriza, se aplica la primera prueba; si la persona da negativo, a los 14 días se hace nueva prueba y si vuelve a ser negativa, traslado a PASI en zona cercana a la residencia, a los 14 días, nueva prueba y si el resultado es negativo, la persona puede proseguir hasta su destino final.
La realidad es bastante diferente. Testimonios recogidos por el CDH UCAB indican que los traslados se realizan cuando hay disponibilidad de transporte, por lo que en un transporte de PASI 1 a PASI 2 pueden ir personas que tienen 12 o 25 días en el primer albergue.
Las condiciones de los PASI son una primera muestra de lo que espera a los retornados en el país: falta de agua, pocos alimentos y con frecuencia en malas condiciones, lo que ha enfrentado a los retornados a otras dolencias – especialmente digestivas – para las cuales no hay personal de salud, falta de transporte, régimen militarizado, censura, amenazas y presencia de civiles armados.
A lo anterior se suma una brutal campaña alimentada por funcionarios, que promueve una matriz de opinión contraria a los retornados y que ha incluido desde calificativos como karma, fascistas y golpistas camuflados, hasta señalamientos contra estas personas como supuestas armas biológicas enviadas de vuelta a Venezuela por el gobierno de Colombia. A ello se suma el conteo de contagiados que cada día señala y discrimina a los retornados, haciéndolos parecer como los responsables del aumento de casos de COVID-19.
Pero el drama no termina allí. A comienzos de junio, Maduro ordenó restringir el ingreso de venezolanos por la frontera con Colombia a 300 personas por día desde Norte de Santander y 100 por Arauca, lo que está ocasionando un represamiento en las poblaciones fronterizas del lado colombiano, donde no existe la preparación logística para enfrentar esta acumulación de personas.
Como la movilidad humana no se detiene con decretos, la gente sigue intentando llegar a su destino, situación que está siendo aprovechada por grupos ilegales que suelen tomar ventaja en este tipo de situaciones, al punto de haberse presentado denuncias por parte del Personero del municipio de Tame (Arauca), según las cuales se estaría realizando cobro por parte de grupos guerrilleros para trasladar a quienes esperan pasar a Venezuela.
Según el director de Migración Colombia, las restricciones recientemente impuestas por Venezuela podrían significar que la espera para retornar alcance hasta seis meses, tomando en cuenta que se estima que unas 24 mil personas se encuentran represadas del lado colombiano, esperando volver al país. En medio de este caos, desde la segunda quincena de junio comenzó a producirse una situación de reflujo, es decir, personas estancadas en poblaciones fronterizas de Colombia, están desistiendo de su plan de volver a Venezuela y regresando a las ciudades desde donde partieron en Colombia o más allá.
El CDH UCAB ha tenido oportunidad de hablar con personas retornadas, quienes han manifestado que su estancia en Venezuela es solo temporal, mientras pasan las restricciones impuestas por la pandemia. El post COVID-19 será un período difícil para todas las economías, pero ninguna economía será tan severamente golpeada como la venezolana, que ya arrastra varios años de estancamiento e hiperinflación, por lo que no es difícil imaginar que, tan pronto como se reabran las fronteras – o incluso antes – se reactivará la salida de personas de Venezuela.
El retorno ha significado una revictimización de la población venezolana en situación de movilidad. Solo queda comenzar a preparar el terreno para asegurar la adopción de medidas que impidan que el reflujo que vendrá no se convierta en un tercer episodio de victimización.
*Investigadora asociada del CDH UCAB.
