Estudio 2016: Censura y autocensura en periodista y medios de comunicación venezolanos
IPYS Venezuela
Por tercer año consecutivo, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela presentó un retrato del ejercicio del periodismo, A través de una consulta con 252 periodistas de 18 estados del país, la organización elaboró este diagnóstico, y delineó unas propuestas para mejorar las condiciones de libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela.
Las periodistas Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, y Mariengracia Chirinos, directora de libertades informativas, dieron a conocer los detalles de Un minuto de silencio. Estudio de censura y autocensura en periodistas y medios 2016 a través de una videoconferencia realizada el día Martes a las 11 de la mañana.
Esta tercera edición del estudio de censura se hizo con base en la percepción de los trabajadores de la prensa acerca de cómo viven y se relacionan con el oficio periodístico, desde una perspectiva de libertad de expresión y acceso a la información.
Siendo muy elocuentes los resultados de los dos años anteriores, en esta tercera edición resaltan como problemas principales el cierre de las fuentes de información y el temor de abordar determinados contenidos periodísticos que son de interés público, ante posibles retaliaciones, básicamente del sector oficial. La salud, la inseguridad y el desabastecimiento son tres de los temas tabú para el periodismo según las opiniones de los encuestados.
El lenguaje de la violencia
También son temerosos los periodistas de cubrir manifestaciones de calle o protestas por miedo a ser reprimidos de modo violento, o de señalar posibles hechos de corrupción ante la posibilidad de procedimientos judiciales por delitos de difamación e injuria, también conocidos como delitos de opinión o de desacato, contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, delitos que han sido excluidos de las leyes penales en los países democráticos.
Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, en la videoconferencia de presentación del estudio, recordó la reciente y pública acción de violencia de funcionarios de la GNB contra la periodista Elyangélica González, de Caracol Radio, mientras cubría protestas ciudadanas frente al TSJ: “Para los periodistas, esas imágenes resultan absurdamente familiares y son la demostración de que el ambiente para el libre ejercicio del periodismo es cada día más hostil y que esta demostración de fuerza sólo tiene la intención de reforzar el discurso del miedo para cercenar la libertad de expresión e impedir que el ciudadano tenga derecho a expresarse y a recibir información”.
“Hoy en día estamos mucho más claros de lo cerca que estamos de un Estado de vocación totalitaria, que busca ejercer un dominio desde el terror y que, en ese contexto, los medios independientes son un importante obstáculo a derribar para poder culminar la edificación de su hegemonía comunicacional, alimentada por el control de los medios, el hostigamiento al periodismo independiente, la opacidad de la información pública y la construcción de sus propios referentes y significados comunicacionales para manipular las referencias de la realidad”, puntualiza Balbi.
La opacidad como estrategia
Otros temas que destacaron los periodistas son la falta de autonomía de los poderes estatales y la falta de una política pública que garantice el derecho a Internet.
Que en Venezuela se haya instaurado la desinformación y la censura como una estrategia política, es un tema perturbador para la paz y la democracia. Y aunque se ha encontrado una disminución de la censura directa desde el poder ejecutivo, lo que revelan estos periodistas es que la opacidad ha logrado tomar un lugar predominante en el espectro de la disminución de las garantías de libertad de expresión. No es casual que los periodistas se autocensuren en aquellos temas que pongan en riesgo a sus fuentes, por ejemplo.
El reporte también profundiza en torno a temas como la complicidad del Estado con grupos delictivos para generar violencia contra los trabajadores de la prensa, o el modo en que los partidos políticos también son generadores de censura.
Preocupa que en la fragmentación de la institucionalidad en el país se construyan nuevos referentes de poderes fácticos y se ejerza bajo el oscurantismo. Esta fue la opinión de 27% de los consultados, quienes indicaron imposiciones de opacidad de parte de grupos al margen de la ley.
Las respuestas de los encuestados también dejan ver claramente que hay funcionarios públicos presionando directamente a los medios, yel predominio de un lenguaje indirecto y evasivo, impuesto desde el Estado.
Los periodistas también prefirieron el campo de la autocensura antes que hacer la cobertura de actos violentos y de seguridad ciudadana (22 %); la escasez de alimentos e insumos de primera necesidad (20 %); los conflictos con grupos de manifestantes violentos (19 %); el tráfico y consumo de drogas (18 %); asuntos de seguridad nacional (13 %): el control cambiario (7 %); los intereses de anunciantes (7 %); y relacionados con la infancia (7 %).
El voto de la censura
El estudio presenta, en colaboración con el Observatorio Electoral Venezolano, un capítulo especial sobre elecciones, un capítulo especial sobre elecciones, Un punto de inflexión de la desinformación en Venezuela ocurrió en octubre de 2016, por el círculo de censura que rondó el proceso previo a la activación del Referendo Revocatorio, anulado el 20 de octubre sin posibilidad de escrutinio por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, instituciones que representan a dos poderes que se comportaron como censores.
De los 252 consultados para esta investigación, 64 % refirió restricciones para acceder a la información pública en manos del Consejo Nacional Electoral. También sintieron las limitaciones por parte de las diversas fuentes de información del sector estatal, privado o independiente, quienes no quisieron ofrecer información a la prensa sobre los asuntos previos a la recolección de firmas para activar esta posibilidad electoral.
Antes de la suspensión del referendo revocatorio los periodistas alertaban sobre órdenes de censura dirigidas desde el Estado sobre asuntos previos a la recolección de firmas, de acuerdo a la percepción de 15 % de los consultados en esta investigación. También sentían las presiones y medidas de censura impuestas por el medio de comunicación sobre asuntos previos a la recolección de firmas (12 %).
Estos datos son piezas del rompecabezas de un país en el que se impone la censura y se restringen las libertades esenciales en la democracia, como lo son el derecho al voto, a opinar con libertad y, sobre todo, a disentir, garantías que contribuyen a canalizar los desacuerdos en sociedades abiertas. Son fracciones que, además, reflejan el debilitamiento de la institucionalidad en Venezuela, proceso que le ha confiscado las libertad electoral y de participación a los ciudadanos y también a los periodistas, quienes sufren las consecuencias negativas de ejercer su rol de contrapoder y de escrutinio público, en un contexto de discrecionalidades, abuso del poder e impunidad.
Urge en Venezuela construir condiciones necesarias para la convivencia pacífica y para retomar el rumbo hacia la democracia. Es apremiante establecer un acuerdo social que contribuya a reconstruir la institucionalidad en el país, se respeten plenamente las garantías electorales y de libertad de expresión, con la intención de que se restituya su sistema de pesos y contrapesos, se recupere la esencia de equilibrio e independencia de poderes, así como la alternabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la diversidad de pensamiento.
Antídoto contra la censura
IPYS Venezuela quiso poner sobre la mesa una serie de recomendaciones derivadas del análisis que se desprende de los resultados de esta encuesta, para definir hacia dónde debería ir dirigida la política pública y las demandas de la sociedad civil en relación a los temas de libertad de expresión.
- Acceso a la información. Ocho de cada 10 periodistas piensan que en Venezuela se deben fortalecer los mecanismos de transparencia, incentivar la difusión de información oficial, robustecer las normas y las leyes que permitan conocer los asuntos que son de interés público.
- Internet como derecho humano. 70 % de los 252 periodistas encuestados cree que es indispensable que Venezuela desarrolle un plan de acción nacional que promueva Internet como derecho humano. Incrementar el acceso a internet, diversificar el mercado de operadores de este servicio y disminuir las barreras que impone la vigilancia y el control de contenidos desde el Estado.
- Seguridad, protección y salvaguarda de la libertad y de la integridad de los periodistas. 88 % de los participantes considera que en Venezuela es necesario implementar un programa de protección de periodistas, que resguarde las garantías fundamentales para el ejercicio pleno de la labor informativa.
- Libertad para informar y expresarse sin temores, riesgos y represalias. En Venezuela los delitos de difamación e injuria contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal son utilizados por funcionarios públicos contra líderes de opinión, periodistas y fuentes de información para callar voces disidentes. 48 % de los periodistas encuestados reclama la eliminación de estas penas por ejercer derechos comunicacionales.
- Políticas de comunicación justas. Siete de cada 10 consultados pide reestructurar las funciones de los entes reguladores en materia de comunicaciones. De ellos, 82 % exige una estructura estatal autónoma e independiente de cualquier interés ideológico o partidista, que, en vez de coartar las garantías, cumplan sus obligaciones de velar y propiciar un escenario adecuado para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
