La realidad venezolana muestra un complicado escenario, no solo por encontrarse en periodo de elecciones, sino por exhibir un profundo deterioro de las condiciones de vida y una escasa capacidad de crecimiento económico que brinde la posibilidad de reconstruir las capacidades productivas que restituyan la calidad de vida de nuestra sociedad. En este escenario de profundo debate político emerge el tema de las sanciones que aplican distintos actores de la comunidad internacional y sus efectos sobre las mermadas capacidades de nuestro país
Sobre el tema de las sanciones
Existen cada vez más voces que analizan el problema de las sanciones sobre Venezuela. Esta discusión se puede separar en distintos enfoques, según sea la conclusión a la que se quiera llegar en la controversia. Estas clasificaciones pueden variar desde la legitimidad de las sanciones como medidas de los actores de la comunidad internacional, la génesis y las motivaciones que dieron lugar a las acciones, sobre la flexibilidad y reversibilidad de las sanciones, hasta sus efectos y consecuencias en el bienestar de la sociedad. Dichas clasificaciones normalmente están impregnadas de posiciones dicotómicas que suelen estar acompañadas de posiciones morales y normativas sobre lo bueno y lo malo de las acciones en la política nacional.
Las sanciones como instrumento de la política internacional han estado presentes a lo largo de la historia, con muestras de éxitos y fracasos en la consecución de los objetivos que persigue: la de influir en la conducta presente y futura de cada actor dentro del concierto internacional. Las reparaciones de guerra establecidas en el Tratado de Versalles (1919) quizá impusieron condiciones tan rígidas a la República alemana que derivó en una hiperinflación y en una profunda crisis económica, que algunos autores relacionan con el levantamiento del Tercer Reich. Mas en nuestro contexto, el programa de sanciones y negociaciones entre Irán y líderes mundiales logró detener en su momento una carrera armamentista nuclear que hubiese complicado aún más el profundo conflicto en el Medio Oriente.
Aquí se pueden evidenciar los argumentos y los alcances que tendría la comunidad internacional con el establecimiento de sanciones. En un primer lugar, es el mecanismo contemporáneo que sustituye una acción bélica, y que procura evitar el escalamiento de una situación que pueda tener efectos regionales y mundiales, como son los casos de Irán, Rusia y Corea del Norte. En un segundo lugar, la intención exhibida en el marco de la política internacional es la de influir y presionar en la conducta de países que puedan alterar principios universales tales como los derechos humanos y la democracia, entre otros. Esto puede competir con otros principios del derecho internacional como la no injerencia en asuntos internos, lo que siembra el escepticismo sobre la legitimidad de las sanciones en el contexto mundial.
Razones de las sanciones
Un segundo debate (sin que ello implique una jerarquización de la importancia en la cual se presente cada discusión) tiene que ver con las motivaciones que accionan el sistema de sanciones sobre Venezuela. Las primeras sanciones que afectan el desenvolvimiento de la economía venezolana se aplican a partir del año 2017, con acciones que limitan el sistema de endeudamiento internacional y afectan a personas que se les vincula con la ruptura del proceso constitucional interno. En efecto, el año 2017 expone un contexto crítico en el desempeño del debate institucional nacional. Enfrentadas las ramas del Poder Público Nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sendas medidas1 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abrogan las competencias de control presupuestario del Parlamento venezolano, y permiten a la empresa estatal petrolera Pdvsa renegociar condiciones de deudas por vencer en el mes de abril.
Hablar de un hito que marque el quiebre del hilo constitucional resulta difícil en el marco de un proceso de desinstitucionalización y dilución de los límites que existen entre los poderes públicos en Venezuela. De dicho proceso, en palabras de Robinson y Acemoglu (2012), se derivan las limitaciones de las instituciones políticas para dar soluciones a los problemas de desarrollo nacional. De hecho, la falta de arreglos de la sociedad política venezolana implicó entrar en un proceso de recesión económica (que comienza en el cuarto trimestre del año 2013 y se mantiene por ocho largos años hasta el primer trimestre del año 2022), que desmanteló los elementos de la calidad de vida del venezolano. Pero el inicio del sistema de sanciones en el 2017 y su profundización en el año 2019 están directamente relacionados con hitos políticos importantes de desencuentro entre los distintos actores de la sociedad venezolana, donde la responsabilidad mayor recae sobre quienes tienen el compromiso de mantener el respeto al Estado social de derecho y justicia establecido en la Constitución.
El divorcio de la política con el resto de la sociedad
La tercera cuestión que nos contrapone en el debate sobre las sanciones, así como los efectos y consecuencias derivadas de su aplicación. En un principio se enfocaba en el nivel de afectación a la crisis económica instalada desde 2023, es decir, si las sanciones eran responsables o no de la crisis económica. Luego, y pasados ya más de seis años de aplicadas las sanciones, los argumentos se decantan entre la efectividad de estas acciones para persuadir a los distintos actores nacionales a retomar prácticas institucionales o si, por el contrario, limitan la capacidad de la sociedad para reconstruirse económica, política y socialmente.
En efecto, para cualquier país, las sanciones implican una limitación importante en el desarrollo de sus actividades productivas y su posterior relacionamiento internacional. Para Venezuela implicó: 1) la profundización de la crisis en su principal industria productiva, la petrolera, acelerando su afectación hasta niveles históricos; 2) la imposibilidad de renegociación de su deuda externa y el acceso a fuentes de financiamiento en momentos de crisis, y 3) el aislamiento diplomático y económico del sistema financiero internacional y los correspondientes mecanismos de pago internacionales para la cancelación de su comercio exterior. Así, la economía venezolana, que inició su proceso de recesión en el periodo 2013-2017, profundizó y aceleró su crisis en el lapso 2017-2021, sin que el deterioro de las condiciones de vida generara alguna mejora de las condiciones institucionales del país.
En este periodo se manifestó una separación profunda entre la dinámica de la política (y de los políticos) y las condiciones de vida del resto de la sociedad. La familia venezolana ha padecido condiciones de vida cada vez más retadoras con retrocesos en todos los indicadores de condiciones de vida, salud, educación, ingresos y servicios públicos. Dicho de otra manera, el debate sobre la aplicación de las sanciones, con sus respectivos criterios de flexibilidad y reversibilidad, se alejaron de un proceso de evaluación continua de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que debería ser el fin último de la acción pública de todo agente político y debe ser el objetivo máximo de cada estrategia.
El escenario 2024, licencias
Ahora, en el marco del sistema de sanciones y licencias, también se han hecho las adaptaciones necesarias para corregir y facilitar mecanismos que produzcan mejoras en la calidad de vida de los venezolanos. Por ejemplo, en el periodo de confinamiento de la pandemia y el periodo de recesión económica mundial ocasionado por la COVID-19, los administradores generaron espacios que permitieron la importación de insumos que aliviaran la carga a una sociedad en crisis económica, política, social y, por el COVID-19, sanitaria. Hasta el momento, y desde su inicio, se han liberado 45 licencias de distinta índole que facilitan algunas actividades económicas y productivas, y que forman parte de la dinámica política y continua evaluación que se realizan según los distintos escenarios del acontecer, tanto nacional como internacional.
Hemos atravesado a lo largo de los últimos seis años profundos debates sobre los niveles de conflictividad y polarización de la sociedad venezolana. En este marco, se han vivido momentos álgidos de tensión y agitación con protestas y manifestaciones, así como momentos de distensión en la búsqueda de acuerdos que retomen los espacios institucionales que la democracia venezolana debe tener. Un ejemplo de ello fueron los acuerdos alcanzados para la realización del proceso de elecciones municipales y regionales en el año 2021, acompañados de mecanismos de flexibilización de sanciones con ciertas aperturas que permitieron un avance en la reconexión de Venezuela con el resto del mundo.
El problema institucional venezolano vive nuevamente un episodio de trascendental importancia: el proceso electoral presidencial en el año 2024. En este sentido, el sistema de sanciones y licencias tiene la oportunidad de evaluar su eficacia y validez en cuanto a los objetivos planteados de moldear las actuaciones de los distintos actores políticos dentro del país, y en cuanto a su responsabilidad en la generación de efectos contraproducentes en la calidad de vida de los venezolanos.
Por el lado de influir en el proceso político venezolano, los llamados Acuerdos de Barbados firmados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la oposición generaron el ofrecimiento de amplias licencias que pudiesen implicar la recepción de recursos importantes en forma de inversiones extranjeras, sobre todo en la industria petrolera, que permitirían generar mejores condiciones de vida dentro de la sociedad, a cambio de mejores condiciones políticas e institucionales en las elecciones previstas para el segundo semestre del año 2024.
Sin embargo, un posible incumplimiento de lo acordado amenaza con la reactivación de las medidas que prohíben las actividades permitidas, y nos condenaría a una perjudicial espiral que inicia con un deterioro de las condiciones político institucionales y continúa con la pérdida del bienestar de la sociedad. Quisiéramos nunca haber llegado a semejante diatriba.
Queda de Venezuela, y de todos y cada uno de los venezolanos construir las mejores condiciones, tanto institucionales como de reactivación de los sistemas económicos y sociales, para poder ofrecer mejoras en los sistemas que ofrecen calidad de vida para todos. El sistema de sanciones y licencias que afecta al desarrollo del país dejará de existir en el momento que seamos capaces de restablecer el sistema democrático y de justicia social que establece nuestra Constitución.
NOTAS:
- Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 28 de marzo de 2017.
