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.- Con miles de víctimas y muy pocas condenas, está por verse aquello de que el crimen no paga para el caso de los tratantes de personas en el Triángulo Norte.
De mantener el comportamiento que la justicia ha tenido frente al delito de la trata de personas, los verdaderos responsables de la banda que con engaños reclutaba menores como modelos y edecanes pero que terminaban forzadas a entregar su virginidad seguirán en la impunidad. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sólo condenó a cuatro de siete colaboradores de esa estructura a diez años ocho meses. El caso ocupó durante semanas las primeras planas de los medios en El Salvador cuando se conoció que por 150 dólares los delincuentes vendían la castidad de las menores, y tomo más revuelo cuando circularon versiones que aseguraban que entre los clientes había prominentes empresarios, profesionales y políticos. Ahora, fuera de los reflectores, esta resolución solo viene a contribuir a los altos índices de impunidad que hay frente a este delito en las naciones del Triángulo Norte El Informe de Desarrollo Humano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció desde hace ya varios años como estos países son altamente vulnerables a las organizaciones criminales transnacionales complejas y sofisticadas, tales como las redes de trata de personas.
Los gobiernos de estos países firman tratados internacionales, crean leyes, instituciones, comparten experiencias y conocimientos para combatir este flagelo, pero pareciera que esta guerra la están ganando las bandas delictivas que tienen atrapado el Istmo y no las acciones que de forma individual o transnacional impulsan las autoridades.
Las cifras lo confirman. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Nacional Civil (PNC) sólo registra 96 detenciones por este delito en los últimos cuatro años. De estos 35 casos terminaron en condenas.
En Honduras, las autoridades reportan 74 casos en investigación por trata de personas en los últimos dos años, de los cuales, sólo 16 han llegado a los tribunales de justicia donde la batalla se ha vuelto más férrea, ya que los jueces solo en cuatro diligencias impusieron una condena a los implicados.
En Guatemala la situación es similar. A pesar que el Ministerio Público de ese país reveló que, de 2009 a 2013, la Policía detuvo a 604 tratantes, únicamente en 183 casos las autoridades reunieron las evidencias necesarias para abrirles un proceso judicial. De estos, sólo en 33 casos hubo condena judicial.
Con estos resultados, no en vano el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual en el que evalúa los esfuerzos para combatir y erradicar este delito sitúa en el nivel 2 a estos países de acuerdo al décimo cuarto informe de 2014.
Esa calificación implica que los gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas del Trata (TVPA por sus siglas en inglés). Dicha normativa fue promulgada en 2000, para la eliminación del flagelo.
Esta lista ha estimulado reacciones por parte de los países. Es el caso de Honduras, que según el informe de 2014 ha desplegado “un notable esfuerzo” de cambio. Este país tiene dos años de estar en la lista TVPA, lo que lo ha obligado a algunos avances: aumentó el número de agentes de la ley dedicados a combatir la trata de personas e incluso se inauguró una nueva agencia que aparte de los asistentes técnicos de investigación son los responsables de identificar a las redes que utilizan a menores con el fin de explotarlas. Esto no es gratuito. Son dos años consecutivos que el país ha sido restringido en la asistencia bilateral que da Estados Unidos.
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