Luis Manuel Marcano Salazar[1]
La reflexión sobre la transición venezolana exige comprender que los procesos políticos no se sostienen únicamente sobre acuerdos institucionales, sino sobre fundamentos éticos capaces de orientar el sentido del cambio y darle estabilidad histórica. Las sociedades que han logrado reconstruirse después de largos períodos de autoritarismo no lo han hecho solamente mediante reformas legales, sino mediante la recuperación de valores que restituyen la centralidad de la persona humana, la responsabilidad colectiva y el compromiso con el bien común. Cuando la política pierde esa orientación moral, las transformaciones se vuelven frágiles, reversibles y fácilmente capturadas por nuevas formas de dominación, aun cuando se presenten bajo el lenguaje de la renovación democrática.
La transición venezolana no puede concebirse como un simple reemplazo de autoridades ni como un ajuste administrativo del poder, sino como un proceso de reconstrucción integral de la vida pública que debe restablecer la confianza en la justicia, en las instituciones y en la convivencia social. Durante décadas, el deterioro institucional ha producido un daño profundo que no se limita a la estructura del Estado, sino que alcanza las relaciones sociales, la cultura política y la percepción misma de la legalidad. Allí donde la ley fue utilizada como instrumento de persecución, donde la arbitrariedad sustituyó al derecho y donde el miedo se convirtió en mecanismo de control, la reconstrucción democrática exige algo más que elecciones: requiere restituir la legitimidad del orden jurídico y la credibilidad de las instituciones encargadas de hacerlo cumplir.
Este proceso demanda una concepción del poder político orientada al servicio de la sociedad y no a su sometimiento. El Estado debe reconstruirse como garante de derechos, no como herramienta de facciones o intereses particulares. Ello implica asegurar la independencia de los tribunales, la transparencia administrativa, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la igualdad efectiva ante la ley. Sin estas condiciones, cualquier cambio político corre el riesgo de convertirse en una alternancia superficial que deja intactas las estructuras de abuso que provocaron la crisis.
La reconstrucción del sistema de justicia ocupa, en este sentido, un lugar decisivo. Ninguna sociedad puede iniciar un camino de reconciliación auténtica si la impunidad continúa gobernando la vida pública o si las víctimas permanecen invisibles en la narrativa institucional. La justicia transicional no debe entenderse como un instrumento de revancha, sino como un mecanismo orientado a restablecer la verdad, garantizar la reparación de quienes han sufrido violaciones graves de derechos humanos y establecer responsabilidades que eviten la repetición de los abusos. Solo una justicia creíble puede crear las condiciones para una convivencia social basada en la confianza y no en el temor.
Al mismo tiempo, la transición debe orientarse hacia la construcción de un nuevo pacto social que incorpore a los diversos sectores de la sociedad en la reconstrucción nacional. La exclusión sistemática, la pobreza estructural y la fragmentación social acumulada durante años de crisis han debilitado las bases mismas de la convivencia democrática. Un proyecto de transformación duradera exige políticas públicas orientadas a la inclusión, la recuperación de oportunidades económicas, la reconstrucción de servicios públicos esenciales y la garantía de condiciones de vida dignas para la población. La estabilidad política no se consolida únicamente mediante acuerdos entre élites, sino mediante la percepción ciudadana de que el nuevo orden social ofrece horizontes reales de desarrollo y justicia.
En este marco, la participación social se convierte en elemento esencial del proceso transicional. La reconstrucción democrática no puede ser una tarea exclusiva del poder político; requiere la incorporación activa de universidades, organizaciones sociales, comunidades locales, gremios profesionales y movimientos ciudadanos capaces de contribuir a la reconstrucción institucional desde sus propios espacios de acción. La descentralización responsable, el fortalecimiento de gobiernos locales y la promoción de iniciativas comunitarias constituyen mecanismos fundamentales para reconstruir el tejido social deteriorado y evitar la concentración excesiva del poder que caracterizó la etapa autoritaria.
La transición venezolana enfrenta, además, el desafío de reconstruir la cohesión social en un contexto marcado por el exilio masivo, la dispersión familiar y las heridas colectivas acumuladas durante años de conflicto político. Millones de ciudadanos han sido desplazados dentro y fuera del país, generando una fractura demográfica y emocional que condicionará el proceso de reconstrucción nacional. La política pública deberá orientarse a facilitar el retorno voluntario de quienes deseen regresar, promover la reintegración económica y social de los migrantes y fortalecer las redes comunitarias que permitan reconstruir la solidaridad social debilitada por la crisis.
Ninguna transición será duradera si no logra restituir el valor de la convivencia democrática como cultura compartida. La democracia no se sostiene únicamente mediante normas jurídicas, sino mediante prácticas sociales que reconocen la diversidad política, respetan la pluralidad de ideas y establecen límites claros al ejercicio del poder. El desafío venezolano consiste precisamente en reconstruir esa cultura democrática después de años en los que la confrontación, la polarización extrema y la instrumentalización de la legalidad erosionaron la confianza entre ciudadanos y debilitaban la noción misma de comunidad política.
En este sentido, el liderazgo político que conduzca el proceso de transformación deberá asumir una responsabilidad histórica que trascienda el cálculo electoral inmediato. La reconstrucción nacional exigirá decisiones complejas, reformas estructurales sostenidas en el tiempo y la capacidad de generar consensos amplios que permitan estabilizar el nuevo orden institucional. Las transiciones exitosas han demostrado que la legitimidad del liderazgo no se mide únicamente por su capacidad de acceder al poder, sino por su capacidad de construir instituciones duraderas que sobrevivan a las coyunturas políticas.
La transición venezolana, por tanto, debe concebirse como una obra colectiva orientada a restaurar la justicia, reconstruir la institucionalidad y devolver a la vida pública el sentido de servicio que define la verdadera función de la política y de la Trascendencia social orientada al bien común. Solo cuando el poder vuelva a estar subordinado al derecho, cuando las instituciones recuperen su credibilidad y cuando la sociedad recupere la confianza en la posibilidad de un futuro común, podrá afirmarse que el país ha iniciado realmente el camino hacia una etapa histórica distinta, fundada en la dignidad de la persona, la responsabilidad social y el compromiso con el bien común.
[1] Doctor en Derecho, Universidad Central de Chile. Doctor en Historia, Universidad Católica Andrés Bello. Licenciado en Historia (UCV), Licenciado en Educación, mención ciencias Sociales (UCAB) y Abogado (USM). Director General de Investigación y Postgrado de la Universidad San Estanislao de Koskla (SEK) Santiago de Chile.
