Rafael Uzcátegui*
Esto fue lo que me preguntó una periodista internacional recientemente, provocando mi reflexión al respecto. Según, hay una corriente de opinión en la región que sostiene que la OEA, debido a su proactiva actuación sobre Venezuela, posee un “doble rasero” al no tener la misma actitud sobre los problemas en otros países. La periodista nombro, citando a los opinadores, los casos de los desaparecidos en México o la actuación de los grupos paramilitares en Colombia. Le faltó Estados Unidos y Guantánamo, lugar común de los intelectuales chavistas como Luis Britto García para argumentar la supuesta docilidad de la OEA y sus organismos frente a los Estados Unidos, pero este caso también lo incluí en mi respuesta. ¿Realmente la OEA, para decirlo en criollo, la “tiene agarrada” con Venezuela?
Empiezo de atrás para adelante. La Organización de Estados Americanos, como su nombre lo dice, es un sindicato de los Estados de la región, que entre otras cosas han acordado crear y desarrollar un “sistema” para proteger derechos humanos, basado en pactos y tratados regionales, acordados por sus afiliados, y mantener dos instituciones para monitorear las responsabilidades en materia de derechos humanos de cada uno: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una situación “normal”, estas dos instituciones son las que canalizan las diferentes denuncias sobre violación de derechos humanos dentro de los países miembros de la OEA. Ambas tienen diferentes mecanismos de funcionamiento y, para el caso venezolano debido al rechazo de su Estado, sólo pueden funcionar unos pocos: Audiencias temáticas, medidas cautelares e informes, para CIDH, y audiencias de casos ocurridos antes de septiembre de 2013 para Corte IDH. Para Venezuela no aplican las visitas de los relatores de CIDH, llamadas “in loco”, ni otros mecanismos de diálogo con las autoridades, que en cambio sí se realizan en el resto de los países miembros de OEA.
Para quien desee tener una opinión informada, lejos de los prejuicios sin sustento, constatará que, como consecuencia del intenso diálogo de estos mecanismos con las sociedades civiles de cada país, la CIDH responde, con sus diferentes estrategias, a las situaciones de violación de DDHH en todo el territorio latinoamericano. En el caso de las visitas a países, por citar el ejemplo más reciente, el pasado 30 y 31 de marzo la relatoría sobre derechos de la niñez estuvo en Guatemala para continuar su trabajo tras el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Solo un malintencionado podría citar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, precisamente el caso en el que la CIDH ha tenido una actuación estelar, que bien quisiéramos tener la posibilidad para algunas de las situaciones en nuestro país. Para los 43 de Ayotzinapa la OEA generó un mecanismo especial para investigar lo sucedido, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo uno de sus resultados fue la divulgación de un informe que se ha convertido como referente regional en la investigación con perspectiva de derechos humanos. El trabajo de la GIEI reveló detalles importantes de lo ocurrido aquella noche, por ejemplo la falsedad de la versión oficial que aseguraba que los cuerpos habían sido incinerados en un basurero. Así que hoy, si usted es mexicano y de izquierda, pro-chavista posiblemente, usted defenderá con puños y dientes el trabajo de la CIDH.
No quisiera alargar más de lo debido esta primera parte, pero no puedo dejar de referirme al despropósito de los otros dos ejemplos: El paramilitarismo colombiano y la Cárcel de Guantánamo. En el caso del primer ejemplo, el movimiento de derechos humanos del hermano país, muchos de ellos aún con expectativas sobre el bolivarianismo de este lado de la frontera, han realizado incontables audiencias temáticas sobre las consecuencias del conflicto armado y, recientemente, una sobre las garantías para el proceso de paz. La última visita de trabajo al país sobre el tema (pues ha estado en Colombia sobre otras situaciones) fue en diciembre de 2012. Además, la Corte IDH ha tratado casos que involucran a funcionarios del ejército paisa y paracos. Para citar uno referencial el que sentenció por la llamada “Masacre de Mapiripán”, julio de 1997, donde se condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros de sus Fuerzas Armadas y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para la Cárcel de Guantánamo, mientras intelectuales como Britto García hacen poesía sobre este recinto, la CIDH ha realizado 9 audiencias sobre el tema, desde 2002, que incluyen la aprobación de medidas cautelares de protección para varios de los recluidos. Además, el ente realizó un informe especial sobre el tema, el primer experimento web multimedia de la CIDH con una versión impresa.
Ninguna de las posibilidades anteriores es posible para Venezuela, donde se canalizan las denuncias sobre violación de derechos humanos del resto de los países. El deterioro de la situación democrática entre nosotros coincidió con la elección de un nuevo Secretario General, Luis Almagro, en marzo de 2015. Por ello, teniendo como antecedente la tímida actuación de su predecesor (que contrastó por cierto con la proactividad de César Gaviria en el mismo puesto ante el golpe de Estado en Caracas en 2002), las organizaciones de la sociedad civil intentamos, desde el primer momento, posicionar la situación de nuestro país frente a la nueva jefatura de la OEA, a pesar que había sido una figura promovida, también, por el Estado venezolano. No quiero detallar las circunstancias del primer encuentro, pero para resumir diré que las ONG se reunieron con un Almagro extremadamente cauteloso sobre el abordaje de lo que pasaba en esta ribera del Arauca vibrador. ¿Qué motivó el cambio? Principalmente, el agravamiento de la situación venezolana, en segundo lugar, la soberbia diplomacia emanada desde Miraflores y, en tercero, el paciente envío de información y cabildeo de diferentes actores ciudadanos, cuyos esfuerzos de documentación permitieron aumentar su nivel de información sobre las diferentes dimensiones de la violación de DDHH entre nosotros. La iniciativa de Almagro responde, por tanto, a la imposibilidad que tiene la OEA en sus diferentes mecanismos, de dialogar con las autoridades bolivarianas, así que apela a la principal herramienta disponible: La Carta Democrática Interamericana.
Para quien desee ser honesto en la valoración debe recordar que Dilma Russef se reunió con Almagro cuando fue irregularmente depuesta como presidenta a través del mecanismo del impeachment. El propio Secretario General denunció las irregularidades del mecanismo. Pero la diferencia es que los diferentes mecanismos de la OEA sí pueden desplegarse en el país carioca. ¿Qué por qué a Brasil no se aplica la Carta Democrática, y sí a Venezuela? La pregunta no debo responderla yo, sino los movimientos de derechos humanos brasileros, algunos de ellos afines al gobierno bolivariano, que hasta donde yo sé no han argumentado, cómo si hemos hecho nosotros, de la necesidad de ser activada sobre la situación en su país, ante la existencia de institucionalidad democrática, seguramente con muchos problemas y limitaciones, pero independiente en aquellos parajes.
*Coordinador General de Provea
