Luisa Pernalete
¡Por fin salió la Ley de Desarme! La Gaceta Oficial número 40.190, nos presenta un instrumento con 125 artículos, en donde se trata desde permisos –cuáles sí, cuáles no – hasta las sanciones para los que porten ilegalmente armas –de fuego o blancas– en lugares como unidades de transporte, centros educativos, protestas, terminales, pasando por temas como prevención, procedimientos para la entrega voluntaria…
Sabemos que las armas no son el único factor que está influyendo en esa curva ascendente y continua de violencia interpersonal en nuestro país, pero ciertamente si hubiesen armas menos sueltas, sin control, tendríamos menos víctimas, pero también sabemos que las leyes no bastan, ¿qué sigue ahora después de su promulgación? Sugiero algunos elementos.
Primero creo que debemos pedir coherencia a las autoridades. Si se quiere desarmar a la población -de verdad- no resulta coherente, por ejemplo, propiciar la creación de milicias ni obreras ni estudiantiles, ya el país tiene sus Fuerzas Armadas –para defender la soberanía– y tiene las fuerzas policiales para proteger a la ciudadanía. No se puede desarmar por un lado y armar por el otro. Coherencia también en el discurso, debe invitar a la convivencia pacífica de manera de convencer a la población de que no necesita armas para resolver los problemas.
En segundo lugar: la Ley, para ser aplicable, debe convertirse en Políticas Públicas, esto supone: metas a corto, mediano y plazo –y no meros operativos- así como recursos suficientes, evaluación y monitoreo. Aplicarla, por ejemplo, sugiere que hay que cortar ese suministro de armas largas y cortas– en las cárceles (Art. 112); aplicarla supone prever qué vamos a hacer en las escuelas cuando se encuentren alumnos con armas. Habrá que investigar cómo el adolescente obtuvo el arma, qué atención se le dará a ese adolescente que ha cambiado libros y balones por balas; creo que no basta con establecer sanciones a los que por imprudencia o negligencia permitan que niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad accedan a armas.
Aplicarla supone pensar que habrá que ofrecer formación y trabajo decente para esos jóvenes que entreguen las armas de manera voluntaria. Si no consiguen cómo mantenerse, tal vez vuelvan a ver en “los hierros” una alternativa. De manera pues que el trabajo fuerte es ahora cuando comienza. Los avisos no desarman.
En tercer lugar: vemos como una oportunidad los artículos que mencionan la necesidad de que el Ejecutivo se alíe con órganos de seguridad, educación, niños, niñas –entre otros –para el diseño de programas, prevención, información sobre el uso indebido de armas y su consecuencia.(Art.74) así como la obligación de los medios para campañas para el desarme (Art. 75). En este sentido, la semana pasada varias organizaciones que llevan años trabajando por la convivencia pacífica el Centro Gumilla, Sinergia, PROVEA, Convite, Paz Activa, Psiquearte, Laboratorio de PA, el Centro de DDHH de la UCAB y Fe y Alegría, entre otros, hicieron público un “Manifiesto por el desarme y defensa de la vida” ( *), y, además de expresar la complacencia por la promulgación de la ley, recuerdan que hay experiencias, proponen que los Estados, Municipios y Consejos Comunales -como lo establece el Artículo 78- tomen en cuenta organizaciones sociales para estas campañas.
En cuarto lugar, hará falta la “contraloría” de la ciudadanía para hacer seguimiento a todo lo referente a la destrucción de las armas entregadas voluntariamente o decomisadas. La Ley establece que una vez entregadas las armas, deben ser destruidas en un lapso no mayor de 60 días (Art. 88). Hay que hacer seguimiento también a los artículos que hablan de prevención.
Esperamos que esta Ley acabe con los tiroteos que afectan sobre todo a las comunidades populares, con las “balas perdidas” que dejan pupitres vacíos en las escuelas, pues se supone que habrá cárcel entre 1 y 3 años para los que generen esos tiroteos (Art. 108).
Tenemos la Ley, ahora hay que cumplirla.
*El Manifiesto puede leerse en la página web del Centro Gumilla.
