Carlos F. Lusverti
La idea de suspender las garantías en la frontera no es una idea nueva. Por lo general suele ser un comodín del que dan cuenta cada vez que ocurre (o que el país se entera) un hecho que oscurece la realidad de la zona, pero al mismo tiempo da cuenta de la frecuencia y facilidad con que dicha medida se maneja entre los actores políticos.
Los problemas cotidianos del país adquieren una dimensión diferente en las zonas de frontera junto a otros, trágicamente propios y cotidianos: secuestros, sicariato, reclutamiento de adolescentes, contrabando, tráfico de drogas, cobro de vacunas o simplemente la violencia y la impunidad que reinan en la zona. La consecuencia es la misma, se vive y sobrevive con el miedo y la zozobra.
La historia reciente (1995-1999) da cuenta de la suspensión de garantías en la frontera y en particular en el Alto Apure no deja un balance precisamente positivo. Ella tiene un recuerdo a desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, allanamientos y en general atropellos contra la población civil.
Si bien se trata de una medida ajustada a derecho, pues está prevista tanto en la Constitución Nacional como en los tratados sobre derechos humanos, se trata de la posibilidad de enfrentar situaciones excepcionales con medidas excepcionales para proteger o salvaguardar el Estado de Derecho, nunca para suspenderlo. El principio para aplicarlas es que se harán cuando las circunstancias del caso los ameriten (principio de necesidad), estrictamente en la medida necesaria para controlar la situación (proporcionalidad), y por el tiempo estrictamente necesario (temporalidad). Suspender las garantías, las pocas que quedan en la práctica, es suspender lo poco de institucionalidad que queda en el Alto Apure.
Si se ha de pensar en una medida, no debería ser suspender, sino todo lo contrario. Lo que los habitantes del Alto Apure reclaman es el reestablecimiento de sus garantías y el derecho de vivir sin temores: un derecho que solamente puede garantizar un Estado que acabe con el círculo de la impunidad. Para variar, en lugar de menos garantías lo que la zona reclama es más garantías: reforzar la presencia civil e institucional del Estado para garantizar la seguridad no solamente del Estado, mismo sino especialmente garantizar la de las personas.
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