Sebino Abajo
Kamel Salame, candidato en el estado Yaracuy, fue metido en la cárcel hace diez años. Todavía no lo han juzgado. No tienen las pruebas que necesitan para condenarlo.
¿De cuánto tiempo dispone la “justicia” venezolana para juzgar a una persona? ¿Lo pueden tener hasta el Día del Juicio por la tarde?
¿Cómo le pueden restituir a una persona todos los años que lo han tenido preso sin condena? ¿Nadie es responsable de esa suprema injusticia?
Frente a esta realidad, ¿cómo queda el artículo 26 de nuestra CRBV? “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener CON PRONTITUD la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, IMPARCIAL, idónea, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA, INDEPENDIENTE, responsable, equitativa y EXPEDITA, SIN DILACIONES INDEBIDAS, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
¿Diez años sin juicio no es una burla mayúscula de “CON PRONTITUD, EXPEDITA, SIN DILACIONES INDEBIDAS”?
¿En otros países del mundo la justicia no tiene un PLAZO para decidir? ¿Si los tribunales han sido incapaces de decidir en diez años, qué nos hace esperar que lo vayan a hacer pronto?
¿No deberíamos llegar a un acuerdo nacional para fijar un PLAZO en el cual la justicia tiene que decidir, y si no la persona sale en libertad?
Aunque quedaría la pregunta, ¿con qué derecho le meten presa si no tienen pruebas? ¿Con qué derecho llega la condena antes del juicio?
