En esta segunda entrega destacaremos los resultados obtenidos de la investigación realizada por la Fundación Centro Gumilla (FCG) en alianza con la Red Agroalimentaria de Venezuela (RAV), en los aspectos relativos a la situación de salud y servicios médicos, actividad educativa, situación de los servicios públicos, y seguridad personal, violencia y delincuencia, tras la llegada de la COVID–19 a Venezuela
Claudia Peña Melin*
Este artículo forma parte de una serie de dos1, sobre los resultados del Proyecto “Sistema centinela para el seguimiento de la situación social, agroalimentaria y de salud ante la emergencia existente”, realizado con los auspicios de la Embajada de Francia y mediante la alianza estratégica entre la Red Agroalimentaria de Venezuela y la Fundación Centro Gumilla. El objetivo general de la investigación fue desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento de la situación social, agroalimentaria y de salud, a partir de sistemas de información georreferenciada. Este estudio se realizó durante el primer semestre de 2021, en cincuenta sectores populares seleccionados donde residen personas de bajos ingresos, con cincuenta informantes calificados, a los cuales se les aplicó un cuestionario en tres oportunidades (enero, marzo y abril 2021). Las localidades se ubicaron en las siguientes regiones y estados de Venezuela: región Capital (Distrito Capital, Miranda y La Guaira); región Andes-Barinas (estados: Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas); región Central (Aragua, Carabobo y Yaracuy); región Guayana-suroriente (Bolívar, Delta Amacuro y Monagas); región Nororiente (Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta) y región Occidente (Zulia, Lara y Falcón).
Percepción de la situación de salud y servicios médicos
Lo más relevante a destacar en este ámbito es que, sin ninguna duda, la capacidad de respuesta del sistema de salud en el período estudiado se ha deteriorado. Según los informantes, en el período de enero a abril la percepción de que el servicio de salud ha empeorado pasa de un 44 % a un 62 % (Ver gráfico 1). Se ratifica la situación de precariedad en la dotación de los centros de atención en salud y la escasez y desabastecimiento de medicinas. Asimismo, es alarmante la aparición de enfermedades que en otras épocas habían sido erradicadas, como la malaria, aun cuando es una enfermedad prevenible. Así, en relación con nuevos casos de enfermedades, del total de localidades que declaran nuevos casos, se reporta un aumento de enero a abril en casos de dengue, presentando la región Guayana-suroriente la mayor ocurrencia.
En cuanto a la COVID-19, se percibe un aumento del número de casos, y según los observadores-informantes, en el mes de abril en 94 % de las localidades hubo nuevos casos de coronavirus. La variación de enero a abril en número de casos es de 112 %, pasando de 257 casos en enero a 544 casos en abril (Ver gráfico 2).
En relación a la percepción que la gente tiene con respecto a las estadísticas oficiales y a las cifras sobre la pandemia, se destaca que en el mes de abril, en 90 % de las localidades se observa que las personas creen poco o no creen en las estadísticas de contagios y muertes por la COVID-19 que informa el Gobierno, corroborando que los datos oficiales siguen siendo poco creíbles.
Un aspecto positivo en este tema es que se observa una tendencia al cumplimiento estricto del uso del tapabocas, pasando del 4 % al 20 % en abril, siendo las regiones Capital y Nororiente las más notorias. Las localidades que declaran muy poco uso del tapabocas, se reducen de 58 % en enero a 24 % en abril, en las regiones Andes-Barinas y Central.
Actividad educativa
En tiempos de pandemia el sector educativo ha sido el más golpeado por cuanto hay un cambio radical en la forma de acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de una ausencia total de estudiantes y profesores en las aulas como consecuencia de la COVID-19, se retoma poco a poco el proceso educativo en la modalidad a distancia; se observa un incremento de localidades en las cuales los niños reciben frecuentemente clases a distancia, pasando de 10 % en enero a 16 % en abril; en este aspecto se destaca la región Andes-Barinas. Sin embargo, que esta modalidad prospere depende de la disponibilidad de los servicios de telefonía e Internet, de manera que una alta precariedad en este servicio pone límites a la calidad de este tipo de educación. Los residentes de las poblaciones pequeñas y de los barrios en ciudades pequeñas son los más afectados por la falta de Internet y esta situación impide el desarrollo de clases a distancia.
Otra realidad que se está viviendo, es la de niños abandonados en las calles, situación que ha ido en aumento pasando de 46 % en enero a 48 % en abril. Las regiones que presentan más localidades con niños abandonados son Nororiente y Guayana Suroriente. (Ver gráfico 3)
Situación de los servicios públicos
Como hemos afirmado en diversas ocasiones, nuestro país vive una emergencia humanitaria compleja (EHC), y el más elocuente retrato está reflejado en la situación que presentan todos los servicios públicos en Venezuela, y sus consecuentes efectos en la calidad de vida de los ciudadanos. Si revisamos el comportamiento de cada uno de ellos, observamos lo siguiente: en relación al servicio de energía eléctrica (Ver gráfico 4), la percepción de los informantes es que el servicio ha empeorado con una variación creciente, al pasar de 56 % en enero al 63 % en abril. La región más afectada es Andes-Barinas, donde pasa del 33 % de las localidades en enero al 83 % en abril. Si revisamos las percepciones con respecto al servicio de suministro de agua, este ha empeorado entre enero y abril; un 58 % de los observadores-informantes reportó que el servicio se ha mantenido deficiente, lo cual es más notable en las grandes ciudades, especialmente en las localidades de la región Capital y particularmente grave en Guayana con una percepción de empeoramiento del 73 %.
Por otra parte, la situación de la telefonía fija –Cantv– ha empeorado en el 75 % de las localidades entre enero y abril. Guayana-suroriente es la región donde esta situación se ha mantenido constante. Igualmente sucede con el comportamiento del servicio de telefonía celular e Internet.
En enero de 2021, el 74 % de los informantes reportaron que el servicio de telefonía celular e Internet había empeorado. La tendencia indica que esta situación ha continuado pasando a 82 % en abril, siendo más notoria en las regiones de Andes-Barinas y Occidente. Esto implica graves consecuencias y un impacto negativo en la comunicación de las personas, particularmente como medio para acceder al aprendizaje en tiempos de pandemia.
No menos importante es la escasez de gas, lo que incidió en el aumento del uso de leña para cocinar en 64 % de los hogares más pobres de las localidades que abarca el estudio. Ello implica un retroceso en el tiempo que nos coloca en la Venezuela rural de principios del siglo pasado (Ver gráfico 5).
Es de destacar que esta precariedad en los servicios públicos también se vio agudizada por una grave crisis de movilidad, por los serios problemas en el abastecimiento de gasolina. Se observó que, en el mes de abril, en 92 % de las localidades el acceso a la gasolina era muy difícil, incidiendo a su vez en que el 62 % de los informantes manifestaran que el transporte ha empeorado, especialmente en Guayana-suroriente.
Seguridad personal, violencia y delincuencia
A este cuadro de deterioro en todas las áreas de la vida cotidiana de las personas, se suma la situación de seguridad personal y de violencia. La mayoría de los informantes coincidieron en que se mantiene el nivel de inseguridad, siendo la región Guayana-suroriente y la región Nororiente donde más ha aumentado el nivel de delincuencia, con 64 % y 67 % respectivamente para el mes de abril. Las formas de violencia más relevantes son las intimidaciones personales, destacando las regiones Central y Andes-Barinas. Se une a ello, lo que los informantes indican acerca de la percepción que se tiene en las localidades sobre los Organismos de Seguridad del Estado, que muestra una tendencia a empeorar.
Una conclusión surge nítidamente de la información y los datos obtenidos por los observadores-informantes: la situación de las localidades del estudio es de absoluta precariedad, no se observa ninguna mejora en el periodo de estudio. Por el contrario, se puede afirmar que la exclusión, el retorno al proceso educativo, la atención en salud, la inseguridad personal, la crisis de los servicios públicos, tienden a mantenerse o a aumentar su deterioro. Todo este panorama se profundiza, claro está, por la crisis política, la crisis sanitaria y la emergencia humanitaria compleja. Estamos frente a la violación más prolongada y más dramática de los derechos humanos de los venezolanos.
¿Qué hacer ante este panorama? Muy probablemente este sea tema de un siguiente análisis.
*Socióloga. Doctora en Ciencia Política. Coordinadora de Investigación de la Fundación Centro Gumilla. Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas) y de la Universidad Central (Santiago de Chile).
Nota:
La primera parte de los resultados de la investigación referida puede consultarse en la revista SIC N° 834 julio-agosto 2021: “Cuando tuve hambre”. Disponible en: revistasic.org
