La Red de Organizaciones que conforman Sinergia rechaza la persecusión y amenazas por parte del presidente Nicolás Maduro en contra de las diferentes ONG que hacen vida en Venezuela de manera legal y transparente.
Sinergia recordó que el Estado “no puede permitir la difusión pública, de forma ilegal, de comunicaciones electrónicas de defensores y activistas de organizaciones, como sucedió en el caso reciente de Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, defensor de DDHH y Carlos Correa, Director de Espacio Público, lo que representa una franca violación de derechos”.
Esta red de ONG emite un comunicado para manifestar su preocupación “por el llamado explícito, realizado por el propio Presidente de la República al solicitar a su equipo de gobierno a identificar y mostrarle al país cuáles y quiénes son los que integran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que van por el mundo pidiendo la intervención internacional de la Patria”.
Estas declaraciones se dieron luego que 15 organizaciones civiles acudieran ante el Comité de las Naciones Unidas para presentar sus propios informes sobre la situación que se registra en pobreza, salud, educación, trabajo, entre otros, en el marco del análisis de la vigencia en Venezuela del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual es signatario el estado venezolano.
Sinergía recordó que un gobierno democrático “se mide por su disposición y capacidad de respeto y diálogo”. Por lo tanto, resalta que a pesar de los distintos llamados de paz que ha hecho el Presidente no es suficiente porque se deben complementar con “acciones y prácticas que faciliten las dinámicas concretas para el encuentro con todos los sectores del país, en el marco de un discurso de respeto e inclusión”.
A continuación el comunicado completo emitido por Sinergia.
SINERGIA
Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana
Ante las declaraciones del Presidente de la República y otros voceros oficiales en contra de organizaciones civiles, sus activistas y defensores de Derechos Humanos con motivo del examen del cumplimiento de las obligaciones asociadas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Las organizaciones que conformamos Sinergia, expresamos nuestro rechazo a los llamados a la persecución, intimidación y amenazas por parte del Gobierno Nacional, dirigidas hacia organizaciones civiles y sus activistas, en las que se ha señalado con nombre y apellido a defensores de derechos humanos, por el hecho de realizar actividades que jurídica y legítimamente le corresponden.
- El Estado no puede permitir la intervención y difusión pública, de forma ilegal, de comunicaciones electrónicas de defensores y activistas de organizaciones, como sucedió en el caso reciente de Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, defensor de DDHH y Carlos Correa, Director de Espacio Público, lo que representa una franca violación de derechos. Las señaladas organizaciones formularon la denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el propósito de iniciar una investigación por la divulgación en el programa “Con el mazo dando” de “información que solo es posible obtener a través de la intervención de las comunicaciones realizadas por Provea y Espacio Público”
- Venezuela, como país miembro de las Naciones Unidas, estuvo en el grupo de Estados que comparecieron ante el examen de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en la ciudad de Ginebra (Suiza), los días 2 y 3 de junio del año en curso. En su legítimo derecho, quince (15) organizaciones civiles y autónomas, de reconocida labor y trabajo por todos los venezolanos, presentaron sus propios informes de la situación nacional sobre temas de pobreza, salud, educación, trabajo, entre otros.
- El miércoles 3 de junio, en ocasión de intervenir en su condición de vocero del gobierno venezolano ante el comité examen que revisaba el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el funcionario Rubén Darío Molina expresó que las ONG “operan con plena normalidad en nuestro país y en condiciones de libertad”. Esta afirmación contrasta acusaciones hechas públicas por altas figuras del gobierno nacional, tal como la expresada por el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, al decir por la red social Twitter (@planwac) que “en el extranjero se monta estrategia 2.0 para desacreditar a Venezuela, usando franquicias privadas venezolanas (ONG)”.
- Manifestamos nuestra preocupación por el llamado explícito hecho por el propio Presidente de la República al solicitar “a su equipo de gobierno a identificar y mostrarle al país cuáles y quiénes son los que integran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que van por el mundo pidiendo la intervención internacional de la Patria”
- El Presidente de la República pidió en acto público a la ministra del Poder Popular Para la Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Requena, coordinar con el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, un programa para transmitirlo en cadena nacional y “decirle al país cómo estos bandidos ganan miles de dólares por despotricar de nuestra amada Venezuela”. Esto, además de no ser cierto, se corresponde con una acción de criminalización de la labor que realizan equipos humanos entregados a la defensa de los derechos de la ciudadanía en un marco democrático.
- Por su parte, la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) en sucesivas informaciones difundidas a través de los medios del estado ha incrementado los ataques y cuestionamientos de las ONG venezolanas que discrepan de la visión que sostiene el gobierno acerca de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. El mismo vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Ménendez, quien lideró la delegación venezolana en Ginebra durante el examen de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), criminalizó la labor de las ONG al tildar su trabajo como “un mecanismo económico de vida, un medio para estar en los encuentros diplomáticos, para viajar y visitar hoteles. Han encontrado una tarifa para mentir y una forma para hacer política”.
- Un derecho a réplica otorgado por el diario Correo del Orinoco el día 08/06/2015 a Provea, permitió a esta organización explicar los alcances de la presencia de las diferentes ONG en Ginebra. Allí se destaca la cooperación internacional brindada en las luchas libradas por los DDHH en nuestro país a lo largo de – al menos – las cuatro últimas décadas. Gracias a ese respaldo, señala Provea “hemos podido atender a centenares de víctimas de violaciones de derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Estos aportes, por ejemplo, hicieron posible que abogados de Provea visitaran a Hugo Chávez en el año 1993 para constatar sus condiciones de privación de libertad.
- La libre asociación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho legítimo de de documentar y expresar disconformidad con propuestas, políticas y actores políticos, están siendo vulnerados. La democracia es un sistema que, además de asegurar el ejercicio de la soberanía por parte de sus ciudadanos, basada en elecciones libres y transparentes, implica un modo de vida y de convivencia con base al respeto, la igualdad y la justicia. Reiteramos que la libertad de asociación implica la autonomía de las organizaciones para asumir libremente – en el marco de lo establecido en la Constitución- sus objetivos y acciones sin estar expuestas a la criminalización por parte del Estado.
- Creemos que un gobierno democrático se mide por su disposición y capacidad de respeto y diálogo. En distintas ocasiones el Presidente Maduro ha hecho el llamado a la paz. Este llamado debe ir al unísono de acciones y prácticas que faciliten las dinámicas concretas para el encuentro con todos los sectores del país, en el marco de un discurso de respeto e inclusión. El camino de la paz, pasa por el reconocimiento del otro y la capacidad de aceptar que el país es de TODOS y TODAS, sin imposiciones, ni distinciones de carácter político, ni de ninguna índole.
- Hacemos un llamado al país para participar activamente en el encuentro de todas las formas democráticas de activación de un diálogo entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y organizaciones políticas para encontrar salidas pacíficas a los problemas que enfrentamos los venezolanos. Temas como la violencia, la inseguridad, la justicia, el acceso a divisas, el desabastecimiento de productos y crisis de servicios públicos como la salud, por ejemplo, deben ser atendidos con urgencia, en el contexto de una agenda pública en donde todos debemos tener participación y manifestar nuestro compromiso por el bien común. Esta institución, y las organizaciones que la integran, expresan su plena disposición de involucrarse, tal cual ha sido su prédica y su práctica durante sus 19 años de existencia, en la materialización de iniciativas que conduzcan a la construcción de una paz con contenido social, democrática y solidaria.
