Por P. Alfredo Infante s.j.
El empobrecimiento acelerado en Venezuela es anterior tanto a las sanciones de Estados Unidos -que sin duda alguna nos han afectado a todos- como a la recesión global que ha provocado la pandemia y que está profundizando nuestra tragedia, especialmente por la caída de las remesas y la depresión abrupta de los precios del petróleo.
La Venezuela alcanzada por el Covid-19 es una Venezuela sumida en una emergencia humanitaria compleja, con sus raíces en una crisis política y no como resultado de una guerra o de un desastre natural. Se trata de un país con los servicios públicos (agua potable, electricidad, transporte, gas e internet) colapsados; con seis años continuos de recesión económica y una hiperinflación que se tragó la moneda; con los sistemas de salud y educación por el piso y con una emigración forzada que, en los últimos cinco años, ha alcanzado la alarmante cifra de 5.093.987 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Recordar esto siempre será necesario, porque la amnesia colectiva es una posibilidad que juega a favor del poder y la pandemia pretende ser utilizada para resetear nuestra memoria social.
En medio de esta cuarentena, el ciudadano común se encuentra acechado no sólo por el Covid-19 sino por el hambre, el empobrecimiento, la crisis política y el autoritarismo del régimen.
Si en los otros países, especialmente en los desarrollados, el desafío de los Estados se relaciona en cómo reactivar la economía con protocolos seguros para evitar la propagación del virus, en el nuestro, por los indicadores, el desafío del Gobierno es cómo hacer de la pandemia una oportunidad para afianzar el control social y político; dicho de otro modo, la gente no cuenta.
Según un comunicado conjunto de las ONG Provea y Acceso a la Justicia, ese es el espíritu de los decretos que el Gobierno ha dictado. “Lo que debería ser una situación que una al país para el control de la pandemia, y preservar la salud de la población, se ha convertido en un instrumento político de control y abuso contra la población”, se lee en el documento¹.
Los hechos parecen estar confirmando esta advertencia, pues durante estas dos últimas semanas en las que se ha profundizado la escasez, la hiperinflación, la recesión de remesas en las zonas populares y el hambre -razones por las que la gente ha salido a la calle a protestar- se ha incrementado la represión desproporcionada por parte de la fuerza pública.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante las tres primeras semanas de este mes y después de 41 días de cuarentena, a nivel nacional se han registrado más de 500 manifestaciones por derechos sociales y, nada más el 23 de abril, se produjeron protestas por alimentos en 15 estados, con saqueos o intentos de saqueo en al menos tres entidades: Bolívar, Monagas y Sucre².
Ante los sucesos del jueves 23 de abril en Upata, Bolívar, donde cuatro comercios resultaron saqueados y un hombre fue asesinado por un disparo, la reconocida educadora de paz, Luisa Pernalete, nos manifestó lo siguiente: “Lo de Upata fue terrible… Se le arruga a uno el estómago y el corazón”.
Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) anuncia una “hambruna de proporciones bíblicas” para el mundo y nuestro país³, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima en sus proyecciones que la economía de Venezuela sufrirá una contracción de 18%, la mayor depresión para país alguno en Latinoamérica durante este año⁴.
En este contexto, la Iglesia y varias organizaciones de la sociedad civil seguimos insistiendo a los dos presidentes de la República, en la necesidad de un acuerdo social humanitario por la vida, que cree un marco político para concertar estrategias comunes, para atender la emergencia en todas sus dimensiones.
Lamentablemente, ambos factores parecieran estar jugando al vencedor. El régimen de Maduro apuesta por un mayor control social y político, convencido de que la crisis global por el Covid-19, el efecto sobre el gobierno de Trump por la caída de los precios del petróleo y su impacto en Citgo, debilitará política y económicamente al grupo de Guaidó.
Por su parte, la oposición extrema pareciera apostar a que la agudización de las contradicciones terminará arrinconando al régimen hasta obligarlo a aceptar la propuesta de un gobierno de transición sin Maduro. Ambos están en la lógica de «vencer», idea perversa que terminará llevando al país hacia el barranco.
Insistimos: es hora de pasar del paradigma de la guerra al paradigma de la negociación, como camino para afrontar esta hora aciaga como venezolanos. “Sin acuerdo por la vida, pereceremos como idiotas”.
Referencias:
1 https://migrantesyrefugiadosven.org/
2 https://www.radiofeyalegrianoticias.com/un-millon-y-medio-de-migrantes-podrian-retornar-al-pais
3 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/frontera-venezolana-sumergida-el-caos-n4196767
Fuente: Boletín N° 55 del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco.
