Ante el evidente y manifiesto colapso de los servicios públicos, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, al vulnerarse su derecho de acceder a los mismos, resulta cada vez más pertinente –y necesario– informar y crear conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública.
Por Javier Tarazona Sánchez* | Revista SIC 825
FundaRedes es una ONG que trabaja para la consolidación de la cultura preventiva, la creación de redes de activistas, la construcción de tejido social, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos y la organización social a favor de la libertad y la democracia, a través de su Observatorio de Derechos Humanos en los estados fronterizos venezolanos (Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia) y en otros estados del territorio nacional.
Es por ello que, desde el 13 de marzo de 2020, fecha en la que se decreta el confinamiento social obligatorio, FundaRedes ha venido monitoreando, identificando, registrando y documentando a través de su Observatorio de Derechos Humanos y la red de activistas en todo el país, el contexto de derechos humanos y sus vulneraciones derivadas de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Esto en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, observando que se ha agudizado y profundizado la transgresión de los derechos humanos básicos a gran parte de la población.
Es así como se condensa lo que nuestros activistas reportaron en el mes de mayo respecto a las violaciones constantes de derechos humanos, producto de la decadencia de los servicios públicos en el país, pues resulta inhumano la falta de agua potable siempre, pero aún más en este momento cuando el acceso al vital líquido es imprescindible en la toma de medidas preventivas contra la propagación de la COVID-19. En este sentido, es oportuno acotar que en Venezuela el desabastecimiento de agua en los hospitales era del 78% hasta finales de 2019, una situación que se ha venido agudizando en lo que va de 2020.
La electricidad es otro servicio público que presenta fallas constantes en la mayor parte del territorio nacional, pero con mayor recurrencia en las entidades fronterizas, pues existen municipios que reportan más de 36 horas continuas sin fluido eléctrico. Muchas personas denuncian que los pocos alimentos perecederos que pueden adquirir se dañan por falta de energía eléctrica. Los estudiantes del subsistema de educación primaria, media general y nivel universitario, se ven impedidos de cumplir compromisos académicos y estudiar con iluminación apropiada ya que, además de pasar extensas jornadas sin fluido eléctrico, la conexión a Internet y los datos de navegación de las compañías telefónicas no funcionan, pues el principal proveedor de servicio (Cantv), está colapsado.
Otra gran tragedia para los venezolanos, en especial para los que habitan estados fronterizos, es la adquisición del gas doméstico, por lo que gran cantidad de personas se ven obligadas a cocinar con leña, incluso familias se deben acostar sin comer motivado a la falta de electricidad, pues las mismas se han visto en la obligación de adquirir cocinas eléctricas ante la grave carencia de gas doméstico, pero, la falla del servicio de energía impide el uso de las mismas. La gasolina es otro de los servicios que se encuentra en alerta máxima, pues existen estados como Táchira, donde sus habitantes llevan casi tres meses sin tener acceso a la misma. Cabe señalar que, en materia sanitaria, los venezolanos padecen desde hace mucho tiempo la tragedia del sector salud, la cual ha decaído con la llegada de la pandemia.
Todas estas situaciones han estado presentes en la cotidianidad del venezolano mucho antes de que se decretara el confinamiento, pero se han recrudecido con el paso de los días, llevando más pobreza y calamidad a los hogares, situación que induce al venezolano a protestar en medio de la pandemia para exigir sus derechos, lo que trae como consecuencia abusos de poder por parte de los organismos encargados de salvaguardar a un pueblo golpeado por el colapso de un modelo de gobierno que, durante más de dos décadas, ha marginado a los habitantes de un país con vastos recursos, pero ineficientemente administrados.
El constante deterioro en los servicios públicos ha originado que durante el mes de mayo se hayan incrementado las manifestaciones y protestas, aun cuando las medidas obligatorias de confinamiento impuestas por el decreto de estado de alarma permanecen vigentes, pues las dificultades que padecen las personas por el pésimo funcionamiento de los servicios públicos son superiores a los razonamientos fácticos del sector oficial.
Como se indicó antes, FundaRedes realiza monitoreo desde el 13 de marzo, viéndose más agudizadas las protestas durante el mes de mayo, siendo Táchira protagonista por sufrir abusos contra los derechos humanos. Cabe acotar que en algunos municipios se registró un total de 367 horas sin electricidad durante el mes, este drama se detectó en igual porcentaje en los estados Zulia y Apure. Al respecto, conviene indicar que las protestas fueron principalmente por la deficiente prestación del servicio eléctrico. El personal del sector salud denunció que algunos centros asistenciales como el Hospital Central de San Cristóbal y el Centro de Diagnóstico Integral del Piñal se mantienen en penumbras. Por ello, durante las guardias nocturnas para atender a los pacientes, los doctores y enfermeras se alumbran con sus teléfonos celulares a pesar de contar con plantas eléctricas que no tienen el combustible (gasolina o gasoil) para su funcionamiento.
De igual forma, habitantes de la zona norte del estado Táchira, realizaron cierre de vías por no contar con servicio de agua potable, cortes eléctricos y nula distribución del gas doméstico, factores que influyen en sus trabajos y la forma de generar ingresos económicos. En otra zona del estado, como en La Mulera, Troncal 1, que conduce a la frontera con Colombia, la población interceptó la vía con troncos para visibilizar y poder dar a conocer la crisis que viven por superar las doce horas de racionamiento eléctrico, falta de gas doméstico, combustible y el no tener servicio de Cantv; todo esto los mantiene prácticamente incomunicados.
Durante la última semana del mes de mayo, los habitantes de los municipios San Cristóbal, Cárdenas, Guásimos, Torbes, Junín y Jáuregui protestan y reclaman con firmeza, ya que sobrepasan las quince horas sin electricidad, con escasa conexión telefónica de Cantv y operadoras móviles, así como la carencia de gas doméstico. En San Cristóbal, los habitantes de Pirineos tomaron el semáforo del empalme Quinimarí para protestar, al tener más de seis meses sin el servicio de gas y fallas constantes en el servicio eléctrico.
Al mismo tiempo los tachirenses rechazan que, ante la ausencia de distribución de gas doméstico, tengan que recurrir al uso de leña para cocinar, lo que afecta aún más las complicaciones de salud de aquellas personas con enfermedades respiratorias, y los persistentes cortes del servicio de energía, les impide hacer uso de las cocinas eléctricas para preparar sus alimentos. Igualmente, en el municipio fronterizo Pedro María Ureña, sus habitantes declaran tener más de tres meses sin el servicio de agua potable; para almacenar agua deben caminar kilómetros bajo el calor característico de esa zona, considerando como “inhumano” el trato que reciben por parte de la empresa Hidrosuroeste.
En los estados Zulia, Bolívar Apure y Falcón, los reclamos prosiguen en la misma línea que Táchira. No cuentan con el servicio adecuado de agua potable, el suministro de gas doméstico no lo reciben desde hace meses, persisten los cortes o fallas en el servicio eléctrico, el acceso al sector salud es deficiente, entre otras denuncias que a su vez son publicadas en los medios informativos y redes sociales.
Por otra parte, en el estado Bolívar las asociaciones de ganaderos y productores agrícolas alertaron, mediante un comunicado durante el mes de mayo, sobre las condiciones en las que se encuentran por la falta de combustible, indispensable para movilizar la estructura productiva. En el estado Amazonas, familiares de los pacientes que se encuentran internos en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho dieron a conocer que existe una zona dentro de las instalaciones hospitalarias llamada “sala del olvido”, donde las personas que ingresan con cualquier síntoma diferente a la COVID-19, son llevadas a ese lugar sin contar con las condiciones sanitarias adecuadas.
En el estado Apure, el Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud-Apure), advirtió sobre las pretensiones del Instituto Autónomo de la Salud (Insalud-Apure) de despedir a 197 médicos por no asistir a sus jornadas laborales; estos, sin embargo, alegan no tener acceso al combustible y tampoco cuentan con transporte público, vulnerando los derechos laborales y profesionales.
En Falcón, municipio Los Taques, habitantes del sector obstruyeron las vías de acceso a la refinería de Amuay, ya que llevan un mes sin el servicio de agua potable y Pdvsa, encargada de suministrar el recurso hídrico, no lo ha hecho. Del mismo modo, protagonizaron una protesta por los constantes cortes de energía eléctrica. Adicionalmente, la comunidad Mene de San Lorenzo denuncia tener cuatro meses sin recibir el agua potable por tuberías. Para los habitantes del sector es difícil pagar por un camión cisterna, dados los costos tan elevados que, encima, deben ser cancelados en moneda extranjera. En el municipio Cacique Manaure, conuqueros y trabajadores tomaron la sede de la alcaldía en señal de desaprobación del monopolio y control de los militares en las estaciones de servicio, ya que ni siquiera a las ambulancias les dan prioridad, quedando excluidos arbitrariamente del suministro de combustible.
Es necesario visibilizar la vulneración del derecho al libre tránsito en el estado Mérida, donde fue impuesta una medida denominada ”pico y placa” en las pocas estaciones de servicio donde surten gasolina subsidiada, y también en las que distribuyen combustible a precio dolarizado; dicha medida fue extendida a la circulación de vehículos, por lo que se puede transitar cada cinco días en la entidad. A esta lamentable situación se suman los constantes cortes del servicio eléctrico y el mal servicio de ABA (Internet) de Cantv.
Ahora bien, ante toda esta problemática nos preguntamos: ¿Cómo el ciudadano común, las familias, los niños y ancianos pueden sobrellevar una cuarentena en sus hogares sin los servicios básicos, sin alternativas de distracción, sin poder cocinar ante la falta de gas doméstico y electricidad? Ante lo cual hacemos un llamado a que el Estado venezolano atienda las recomendaciones que han realizado distintos organismos internacionales, como la CIDH y la Acnudh, para que se desarrollen estrategias y políticas públicas preventivas cónsonas con la realidad que atraviesa Venezuela, sobre todo cuando la respuesta debe basarse íntegramente en atender la situación de los derechos humanos, más aún cuando esta se ha visto agravada desde la llegada de la COVID-19.
En este punto, se observa con preocupación cómo después de casi tres meses, el deterioro en la prestación de servicios públicos y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos sigue sin respuesta, ni acciones concretas por parte de los organismos competentes.
Finalmente, invitamos a la colectividad en general, para que a través del Programa “Actívate”, registre y denuncie el deplorable funcionamiento de los servicios públicos en cada una de las comunidades.
*Magister en Psicología Educativa. Profesor universitario. Director de FundaRedes.
Fuente: Revista SIC 825
