Por José Guerra
En medio de una crisis política sin precedentes, el primero de mayo pasó como un día de confrontación en las calles entre las fuerzas democráticas y los cuerpos represivos del régimen. No fue una fecha de desfiles tradicionales donde se exponen las reivindicaciones de la clase trabajadora, sino de algo más fundamental planteado en términos de exigencia: el cese de la usurpación.
Lo cierto es que los trabajadores venezolanos han sido las víctimas más visibles de un régimen que ha acabado con todo lo que se había construido en el país: con lo bueno que fue bastante y con lo no tan bueno que también lo fue. No ha quedado piedra sobre piedra, usando la parábola de la Biblia.
La destrucción que ha ocurrido en Venezuela no es solamente el resultado de errores de política económica. Se trata fundamentalmente de los resultados de un modelo sociopolítico que hizo de la ampliación del rol del Estado en la economía su razón de ser.
Ese Estado agigantado se pudo financiar mientras lo permitió una renta petrolera creciente y en la medida en que se agotaban los activos acumulados y se emitía deuda pública a granel para hacer posible un gasto tan mayúsculo como ineficiente. Cuando ya eso no fue posible, recurrió el régimen a un expediente peligroso: la financiación del Banco Central mediante la impresión de dinero, lo que llevó a un ciclo de sucesivas devaluaciones del Bolívar hasta su destrucción y consecuentemente a un proceso hiperinflacionario.
Así, desatada la hiperinflación, su primera baja fueron los trabajadores activos y pensionados, cuyas remuneraciones fueron evaporadas por el alza sostenida de los precios. Ello a su vez propició aumentos de sueldos y salarios por decretos, primero con frecuencia semestral, luego trimestral y posteriormente bimensual en un proceso que pareciera no tener final.
De esta manera, antes del primero de mayo el salario mínimo se ubicaba en cerca de tres dólares mensuales y fue incrementado hasta seis dólares. Sin embargo, en días posteriores el bolívar se deprecio con respecto al dólar, con lo cual el salario perdió parte de lo que había ganado, si es que eso se llama ganancia.
La verdad es que los funcionarios públicos mantienen un rezago salarial importante con relación al valor de la canasta alimentaria, valorada en doscientos dólares, y también respecto a sus pares del sector privado.
Aunque también bajo, el salario mínimo promedio de una muestra de empresas privadas es al menos cuatro veces superior que el del sector público. Con salarios miserables como los que devengan los venezolanos actualmente jamás se va a reactivar la economía, debido a que un poder de compra tan mermado no permite la activación de la demanda agregada.
Ciertamente, hace falta una política económica que detenga en seco la hiperinflación y ello es la condición fundamental para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reactivar la economía.