Andrés Cañizález
Es necesario detenerse, aunque sea brevemente, en el discurso que está construyendo el ministro Rodríguez Chacín. Por un lado, se echa mano del manido recurso de la matriz mediática para explicar que en realidad la seguridad es mayor hoy en una ciudad como Caracas, sólo que los medios se empeñan en demostrar lo contrario. En segundo término se pretende reducir una problemática compleja, que en el fondo involucra la vida de miles de seres humanos, a un asunto meramente de cifras y estadísticas.
Tal perspectiva no reconoce el valor de la vida humana, un derecho consagrado en la Constitución que el Estado debe velar por cumplir. Al contrario, se coloca en no pocas ocasiones la responsabilidad en las víctimas. Circular por la ciudad a ciertas horas o por determinados lugares, entonces, puede justificar que un venezolano sea asaltado. Ese discurso, por otro lado, pierde de vista el valor de cada vida humana para la construcción colectiva de un país, sin obviar un asunto que hemos abordado en otros artículos: la pesada herencia que están recibiendo miles de infantes venezolanos cuyas vidas comienzan con la pérdida, especialmente, de sus padres.
Una de las últimas tesis esgrimidas por el gobierno, asumiendo que el ministro Rodríguez Chacín no habla a título personal, es francamente inaudita. Según esta tesis, los enfrentamientos entre bandas delictivas, que suceden precisamente en los barrios populares, donde habitan a quienes el Estado debe una mayor protección, no afectan la seguridad ciudadana. Un planteamiento de esta naturaleza es sumamente peligroso, pues por un lado admite que el Estado no tiene poder de detener tales acciones delictivas; y, peor aún, asume que la vida de esos venezolanos -que integran las bandas delincuenciales- no tiene valor alguno. Por tanto, si ellos se matan entre sí, no es asunto que deba preocupar al resto de la sociedad. Tal visión, desde el Estado, puede llevar a que se repitan experiencias que hemos tenido en estos 10 años, en diferentes estados del país: la actuación de grupos parapoliciales que salen a darle plomo al hampa, como rezaba el tristemente célebre eslogan de Alfredo Peña.
La realidad, por otro lado, en no pocos casos viene a desmontar, con ironía y no poco dolor, estos planteamientos. El domingo 29 de junio el diario Últimas Noticias reseñó las muertes de Carlos Díaz Parra, de 21 años, estudiante universitario; y de Luis Reyes, de 23 años, agente policial. Ambos fallecieron por estar en el lugar equivocado, según la tesis gubernamental, pues murieron en la línea de fuego, quedaron atrapados en un par de enfrentamientos de bandas delictivas.
