Daniel José Santolo Vargas
La posibilidad de ejercer un derecho constitucional se ha convertido en todo un vía crucis. Es inaceptable que los encargados y obligados constitucionalmente de hacer valer un derecho sean los que estén haciendo todo lo posible para conculcarlo. La constitución nacional es muy clara en su artículo 141, donde nos dice que: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,…”, hay que hacer énfasis en la celeridad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función pública, esto debido a que en la actualidad el Poder Electoral va en contra de estos principios, ya que pretende quebrantar un derecho constitucional aplicando normas que terminan dilatando y entorpeciendo el derecho que tienen todos los ciudadanos a invocar el referéndum revocatorio del mandato presidencial; el CNE arguye un reglamento que no puede estar por encima de la constitución, y de ser así debería ser modificado para el logro de los objetivos, que no son otros que implementar en el más corto plazo la solicitud hecha por más de un millón de venezolanos, para que se le dé inicio a un proceso de evaluación de gestión al presidente de la república.
Ya hemos sido testigos de que el Poder Electoral puede modificar sus propios reglamentos y resoluciones, vemos como colocó un nuevo paso en las normas para regular el procedimiento de promoción y solicitud de Referendos Revocatorios de febrero de 2007, al incluir una recolección previa del 1% de las firmas a las establecidas en el artículo 72 de la constitución, que solo habla del 20% de firmas a recolectar, violentando no solo la constitución, sino su propio reglamento en el que por ninguna parte aparece este paso previo, procedimiento por el cual ya se ha perdido más de tres meses en una verificación inútil, ya que la manifestación de voluntad de más de un millón de venezolanos fue más que evidente.
El CNE puede y está facultado a reglamentar y normar los procesos electorales refrendarios, pero para que se cumplan, no para impedir que estos se realicen, esto es inaceptable, en vez de cumplir con el principio constitucional de celeridad y eficacia, estén haciendo todo lo contrario, y peor aún, permitiendo que el ejecutivo nacional se entrometa en un proceso que debería ser conducido por el órgano electoral de forma independiente y transparente
Somos testigos de cómo funcionarios públicos, que vociferando de forma caricaturesca, incitan a violentar nuestra constitución, tratando de generar terror en aquellos que pretenden ejercer un derecho, sobre todo violando el artículo tercero de la constitución que reza que: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular,…”, escuchar a estos funcionarios amenazar a venezolanos que ejercen un derecho constitucional, violentando y atropellando la dignidad de miles sin que ninguna autoridad diga nada o haga callar a estos arrogantes mequetrefes, es más que vergonzoso, la Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Poder Ciudadano deberían actuar de hecho a los llamados violentos que exponen al escarnio público a venezolanos que ocupan cargos dentro de la administración pública. Funcionarios con altos cargos en el gobierno incitando a desatar toda una cacería de brujas y persecución, que ponen en riesgo no solo su puesto de trabajo y por ende el ingreso familiar de miles de venezolanos, sino que también atentan contra su vida.
Venezolanos que exigen un derecho constitucional, son trabajadores del Estado, no funcionarios que
deben ser obedientes y sumisos a una parcialidad política, igual lo reza nuestra constitución en su artículo 145, donde claramente nos dice que: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política….”, hace falta mayor explicación para que los poderes públicos que están llamados a garantizar la constitución actúen frente a la barbarie que es llevada a cabo por unos individuos impropios, que implementan de forma grotesca una política de exclusión de venezolanos que su único pecado es estar en desacuerdo con un gobierno ineficiente, que no ha sido capaz de garantizar los derechos mínimos de la población, como son la seguridad, alimentación, y salud, ¿es que es un delito exigir que quienes gobiernen cumplan sus responsabilidades? y si no cumplen sustituirlos por otros, ¿el derecho a revocar no es un principio de la democracia participativa y protagónica? como también lo reza nuestra constitución, ¿o es que, los que gobiernan creen que podrán detener la historia con subterfugios y mediante la utilización de la violencia?
Tal vez no sea este año, o el próximo, pero lo que sí es una realidad es que tienen sus días contados para que este pueblo noble los desaloje del poder, que malamente han ejercido, y sobre todo en contra de quienes con esperanzas votaron por un cambio, esos sectores empobrecidos que se encuentran peor que hace 17 años serán los que los desalojen del poder. Porque la historia es indetenible, y el cambio sigue su curso, más temprano que tarde tendremos un gobierno que dote a todos los venezolanos de bienestar en equidad y en hermandad, sin exclusiones ideológicas y sectarias.
Fuente: http://danielsantolov.blogspot.com/
