La «Operación Resolución Absoluta» plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la soberanía de Venezuela, dado que no hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y se violaron principios fundamentales del Derecho Internacional. La administración Trump justificó su intervención utilizando argumentos de seguridad nacional, pero muchos críticos sostienen que estos no son suficientes para legitimar el uso de la fuerza. La operación también ha sido vista como un intento de reafirmar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, resucitando la Doctrina Monroe y estableciendo un tutelaje sobre los recursos petroleros venezolanos. Esto ha generado un clima de preocupación en América Latina, donde se teme que tales acciones puedan sentar un precedente para futuras intervenciones.