Reunión entre el President Barack Obama y el Presidente Juan Manuel Santos: Es el momento de apoyar la paz, los derechos humanos y los derechos laborales

 En noviembre de 2013, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo sobre la participación política, el segundo de los cinco puntos que en conjunto conformarán un acuerdo de paz definitivo. Con la firma de este segundo acuerdo, dos de los temas más difíciles, la tierra y la participación política, se han negociado; lo anterior, demuestra que este proceso de paz tiene una oportunidad real de poner fin a una guerra de cincuenta años, en la cual miles de personas han muerto, han sido secuestradas, han desaparecido, además de unos 6 millones de personas que han sido víctimas del desplazamiento forzoso.
El gobierno de EE.UU. debe apoyar firmemente este proceso de paz, el cual se presenta como la mejor esperanza para una paz sostenible en Colombia en las últimas décadas. Los oficiales estadounidenses también deben considerar cómo se puede apoyar económicamente un acuerdo,  una vez las negociaciones estén finalizadas. Esto puede incluir la reorientación de la asistencia militar hacia la implementación de los acuerdos de paz, como en programas de desmovilización, reinserción, apoyo a las víctimas de la violencia y mecanismos de verdad, justicia y reparación.El gobierno colombiano debe facilitar una mayor participación de las víctimas de la violencia, incluyendo a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a mujeres, y así mismo, contar con la participación de victimas de los diferentes actores armados en el proceso de paz y la eventual implementación. Se necesitan medidas fuertes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para que el eventual acuerdo  produzca una paz duradera y justa, como enfatiza esta carta presentada por varias organizaciones religiosas de EE.UU.Para asegurar una transición hacia la paz, el gobierno colombiano también debe entrar en negociaciones con los grupos guerrilleros restantes, el ELN y el EPL.

Sin embargo, Colombia continúa enfrentando graves problemas de derechos humanos. Mientras el Presidente Santos se reúne con el presidente Obama, las siguientes cuestiones también deben estar en la mesa de discusión:

El gobierno colombiano debe presentar más resultados en el desmantelamiento de los grupos sucesores de los paramilitares y las estructuras económicas y políticas que los apoyan. El poder de estos grupos para socavar los avances en derechos humanos no puede ser negado. Solamente en noviembre del 2013, más de 2.700 personas—en su mayoría afrocolombianos—fueron desplazados en Buenaventura, presuntamente por grupos sucesores de los paramilitares. Así mismo, estos grupos también son responsables de muchas de las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos. El desmantelamiento de los grupos sucesores de los paramilitares—que debe incluir la  investigación y el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas armadas, de la policía, políticos locales, funcionarios gubernamentales, grandes terratenientes y empresas, que siguen financiando y conspirando con ellos—es esencial para el progreso en el ámbito de los derechos humanos en Colombia.

Colombia debe llevar ante la justicia a los responsables por el más de 3.000 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la mayoría atribuidas a las fuerzas armadas, cometidas en la última década.  Para realizar lo anterior, la jurisdicción civil debe tener competencia sobre los crímenes de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de revocar la nueva  y controversial ley, que expandía el fuero militar; se presenta como una oportunidad para la administración Santos de seguir adelante, y no hacia atrás, y asegurar que los graves crímenes de derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean juzgados de manera efectiva en tribunales civiles.

Del mismo modo, el sistema judicial colombiano debe avanzar en sancionar el uso de la violencia sexual, cometida por todos los actores armados. Debe centrarse en avanzar en las investigaciones y el enjuiciamiento de los 183 casos priorizados por la Corte Constitucional en la sentencia 092 del 2008.

El sistema judicial colombiano debe avanzar en la investigación y enjuiciamiento de las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos. Aquellos que defienden los derechos humanos siguen enfrentando graves riesgos debido a su trabajo, sin embargo, las agresiones en contra de ellos casi nunca se investigan ni condenan. Aunque el gobierno de Santos ha implementado importantes programas de protección, es esencial enfrentar el problema desde su origen: poner fin a la impunidad en los casos de ataques contra defensores.

Por otra parte, el gobierno colombiano debe cumplir con las obligaciones de respetar los derechos laborales, a los cuales se comprometió al firmar el Plan de Acción Laboral (PAL). Para asegurar la aprobación del tratado de libre comercio entre EE.UU. y Colombia, que se enfrentó oposición publica y del Congreso, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia firmaron el Plan de Acción Laboral. Este documento expuso las medidas que el gobierno colombiano iba a tomar con el fin de proteger a los sindicalistas y  aumentar el respeto por los derechos laborales.  Por desgracia, el PAL continúa en gran  medida sin cumplirse.

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos deben cumplir con el compromiso que les hicieron a los trabajadores de los EE.UU. y Colombia, y al público en general al firmar el Plan de Acción Laboral. Aunque el número de muertes de sindicalistas ha disminuido y Colombia ha creado instituciones y aprobado leyes, sin embargo,  el respeto de los derechos laborales no ha mejorado en la práctica. Al menos 11 sindicalistas fueron asesinados en el 2013. y cientos de personas han recibido amenazas de muerte. Existe una tasa de más 90 por ciento de impunidad en los casos de sindicalistas asesinados.  En un informe del Grupo de Monitoreo del Congreso,  “El Plan de Acción Laboral de los Estados Unidos y Colombia (PAL): Fracasando en la práctica,” donde se evidencia que el empleo indirecto se mantiene de manera generalizada y creciente, el sistema de inspección es ineficaz, las protecciones para los trabajadores son débiles y el derecho a asociarse es negado constantemente. Los trabajadores que han intentado sindicalizarse en el sector portuario, de azúcar y de palma aceitera han sido objeto de retaliación y despidos masivos.  Los trabajadores afrocolombianos incluyendo a los trabajadores portuarios de Buenaventura, el puerto clave para el incremento del comercio resultante del TLC entre EE.UU. y Colombia, son victimas de discriminación racial, pero también enfrentan abusos de derechos laborales y condiciones precarias de trabajo.

Por último, el gobierno colombiano debe presentar mayores resultados en restituir tierras de manera segura y sostenible a todas las víctimas del desplazamiento forzado, y de igual modo,  mostrar progreso en  la titilación de tierras para las comunidades afro colombianas e indígenas.  La ley de Victimas de la administración Santos representa una oportunidad histórica importante para la restitución de tierras a la población internamente desplazada de Colombia, y para la reparación de las victimas de la violencia.

Como dos informes recientes revelan, la restitución de tierras bajo la Ley de Victimas ha sido extremadamente lenta, e incluso la gran mayoría de los que reciben la restitución no pueden regresar de manera segura a sus tierras dado que la estructuras que ocasionaron el desplazamiento continúan intactas. (Ver Human Rights Watch “El riesgo de volver a casa” y  el reporte de Latin America Working Group “Lejos de la Tierra Prometida”). La titulación de tierras para  las comunidades afrocolombianas e indígenas también está avanzando lentamente. Por ejemplo, el presidente Obama demostró su  apoyo a la titulación de tierras para las comunidades afrocolombianas cuando se unió con el Presidente Santos en una ceremonia para dos títulos de la tierra durante la Cumbre de las Américas en Cartagena en abril del 2012. Desde entonces, ni una sola de las otras 25 comunidades afrocolombianas en los alrededores de Cartagena han recibido un título de tierra.

La restitución de tierras no puede tener lugar de forma segura sin acción más decisiva por parte del gobierno colombiano para enfrentar las fuentes de violencia de todos los actores armados, incluyendo a los paramilitares, guerrilleros y las fuerzas armadas,  que hacen que las personas tengan que huir de sus hogares.  Es crucial desmantelar a los grupos sucesores ilegales a los paramilitares que aún usan la violencia en el campo; así mismo, es importante investigar y enjuiciar a los miembros del ejército, la policía, las autoridades locales, terratenientes y empresas que los ayudan o emplean. El gobierno colombiano también debe incrementar los servicios jurídicos y la protección a las víctimas,  y aumentar la protección de los jueces de  restitución de tierras.

Colombia todavía está experimentando una crisis de derechos humanos. Pero si se finaliza un acuerdo de paz en un futuro cercano y el gobierno colombiano aumenta su atención a estos temas de derechos humanos y laborales, hay una posibilidad real de que los colombianos, que han estado atrapados desde hace décadas en el fuego cruzado de uno de los conflictos más brutales del mundo, puedan vivir sus vidas en paz.

Carta de Iglesias: http://www.lawg.org/storage/documents/DOPA_Faith_Leaders_Letter_Final.pdf